Por Alessia Genoves
Medardo González es el nombre del político salvadoreño que cuestiona los procesos administrativo que llevaron a prisión a 11,385 personas, acusadas de pertenecer o de participar a maras o pandillas. La cifra representa a la mitad de los 22,115 salvadoreños que fueron detenidos tras la declaración de la Guerra Contra Pandillas. Pese a ello, González sostiene que los detenidos responden a una “persecución política”, en lugar de buscar una reducción en los índices de homicidio, y la neutralización de activos en actos de terrorismo.
“Un nuevo tipo de presos poíticos”, así es como define González a los detenidos, “en el marco de éste invento del Estado de Excepción”. Su definición contrasta con las imputaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) señala sobre los incoados, por delitos relacionados con las agrupaciones ilícitas. Y, desde luego, es distinto del concepto convencional de la Asamblea del Concejo de Europa, que lo define como aquel acto motivado por “ideas o motivos políticos”.
González aplica éste concepto a las “detenciones arbitrarias”. Y pese a que no es pertinente a los hechos, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, admite que unas 221 personas detenidas sean “inocentes”, en un “sistema que hay que corregir”.
“Han sido capturados sin tener absolutamente nada tienen qué ver con las pandillas. Y eso yo no puedo sostener qué porcentaje es. Lo que sí puedo sostener es que hay muchas madres que están sufriente, muchos padres sufren, porque les han llevado sin ninguna razón a sus hijos. Para mí, esos son presos políticos”, explicó el político, y representante del partido de oposición, Frente Farabudo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Por otra parte, hasta la fecha, aún no se han divulgado públicamente denuncias de representantes de la política salvadoreña, o de ciudadanos sometidos a la justicia, que denuncien haber sido arrestados por sus ideas políticas. Esta realidad no está patente en las 78 denuncias registradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), hasta el 8 de abril; ni en los 147 casos reportados por Cristosal, en su último informe del 27 de abril.
Lo que sí queda patente en los registros públicos es que el mes de abril queda consignado como el “más pacífico en 200 años” de la historia de El Salvador. Esto es así, porque apenas se registraron 23 homicidios, respecto a los 122 del año 2021; a los 127 del 2020, y a los 302 del 2019 de esa fecha, según la Policía Nacional Civil (PNC). Ésta reducción es coherente tras la aplicación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, que busca, precisamente, detener a miembros y participantes de maras y pandillas, a quienes se les responsabiliza del asesinato de 87 salvadoreños durante el 24 al 27 de abril.
Prisión
Más de 11,385 personas fueron llevadas a prisión preventiva, para deducir su participación en maras o pandillas, según reportes de la FGR. La cifra constituye el 51.48% de las personas que han sido detenidas, en los operativos policiales, ejecutados por la PNC, en aplicación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales.
Desde luego, éste régimen no establece penas carcelarias a los disidentes políticos de las ideas, o de la administración del partido oficial, Nuevas Ideas. Por el contrario, el Decreto N.º 333 tiene efecto contra miembros de maras o pandillas. Tiene efecto sobre la suspensión parcial y temporal de la libertad de “movilización domiciliar” (art. 5), “asociación” (art. 6, inc. 1), “expresión” (art.7) y al de “confidencialidad de la correspondencia”(art. 24), que establece la Constitución de la República.
#CombateAlCrimen I 📍En Santa Ana, la @FGR_SV logra que 469 pandilleros de la MS, que delinquían en la zona occidental del país, sean enviados detención provisional mientras el proceso judicial en su contra continúa.
Son acusados de Agrupaciones Ilícitas y varios delitos más. pic.twitter.com/S7D3aH3CBF
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 1, 2022
El orden de las imputaciones responden a los delitos de “agrupaciones ilícitas”, penado de 20 a 35 año de cárcel (art. 162 y 365 del Código Penal); “homicidio agravado”, penado con 30 años de cárcel (art. 129, Código Penal); “feminicidio” penado de 20 a 35 años de cárcel (art. 45, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer).
También se les ha detenido bajo los cargos de “portación ilegal de armas de fuego” (Ley de Control y Regulaciones de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares), delito penado con 10 a 15 años de cárcel; y el de “portación ilegal de drogas”, penado con 10 a 15 años de cárcel (Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas).
Algunos de los operativos han sido numerosos, logrando la detención de cabecillas, vicarios y extorsionistas elementales. En última instancia, confirmó la captura de 66 personas en Santa Ana (5:35 AM), acusadas de ser terroristas, la mayoría con tatuajes visibles. Un suceso parecido tuvo lugar tras la detención de 45 presuntos “terroristas”, que fueron trasladados hasta la delegación policial de San Salvador, por “homicidios, extorsiones, acoso” y presuntas asociaciones con maras y pandillas, en “Ilopango, Soyapango y San Martín”.
A través del trabajo conjunto con la @FUERZARMADASV capturamos a otros 66 terroristas que delinquían en Santa Ana, entre estos el palabrero:
-David Alexander Pashaca, alias Traga, quien se encargaba de ordenar crímenes y diferentes actividades ilícitas en la zona. pic.twitter.com/lKZ3XvipO7
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 1, 2022
En días anteriores, la PNC también destacó el arresto de José Bonilla, a quien le atribuye el cargo de “cabecilla de una estructura criminal”; y al que responsabiliza de los delitos de “homicidio y extorsión”. Al detenido, sin embargo, no se le reconocerían tatuajes en su torso; al igual que Misael Romero, alias “Danger”, otra persona al que la Corporación Policial definió como un “cabecilla de la MS”. A éstas detenciones se sumaría la de “el fantasma”, alias con el que se identificaba a Álex Ábrego, el pasado 23 de abril, en Guatemala.
Medardo y las detenciones
Pese a las capturas efectivas de pandilleros, González sostiene “es incorrecto es que, agarrándose del Estado de Excepción, capture a hombres, a mujeres; a jóvenes, adultos; y, hasta todavía adolescentes. Que, sin tener ninguna vinculación; gente reconocida; o gente de la comunidad (…), de gente que fueron capturadas. Son gente que no tienen empleo formal, que viven de lo que siembran y cosechan”.
Medardo González refiere a que han sido las personas de escasos recursos económicos las que han sido llevadas a prisión, “y fueron capturados, y los tienen en Mariona, acusados de que son miembros de maras”. Esta acusación es un hecho en menos del 1% de los casos reportados; es decir, en menos de las 137 denuncias que recibió Cristosal, en la última semana del mes de abril.
Además, los legisladores del partido oficial hicieron posible, por mayoría calificada, la modificación del Código Penal; en el Código Penal Juvenil; en el Código Procesal Penal; en la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión; en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y en de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a la Drogas.
Algunas de la denuncias de detenciones arbitrarias ya se habían hecho. Han denunciado la detención del jugador de la Tercera División de Futbol Profesional Salvadoreño, Fernando Martínez Marroquín (29 de marzo); y la de al menos 4 baristas de la cafetería 1,200 Café (9 de abril), tras la demanda de su liberación, de personas que consideraban que no tenían implicaciones con el crimen organizado. En última instancia, recuperó su libertad el comunicador salvadoreño, Kevin Rivas, según lo anunciaron sus familiares, tras cuatro días de ser arrestado.
La PDDH suma a su registro de denuncias de detenciones arbitrarias a la del estudiante de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, Cristian Machado. El detenido sería una persona de 17 años de edad con “discapacidad intelectual”, según lo detalló. La institución detalló que el personal competente del departamento de Discapacidad se encontraba realizando intervenciones ante la PNC, FGR y la Escuela de Educación Especial de la Libertad, “a fin de establecer la verdad de los hechos”.
En última instancia, la organización Cultura Trans denunció el arresto de su representante transexual, Abel Moya. Con Amate compartieron el supuesto de que el procedimiento era arbitrario, al referirse a la detención que documentaron a las 1:45 PM, mientras “lo bajaron de la ruta 4 por la parada de la garita en Ciudad Delgado”. Sin embargo, Moya fue liberado en las próximas horas, sin que se le comprobara la comisión de ningún delito.
“De lo que yo sostengo es que, además de los presos políticos, como Violeta (Menjivar), o Erlinda (Handal), o los demás compañeros… ahora, en éste Estado de Excepción, además, el gobierno está capturando a supuestos mareros, también está capturando a gente inocente que nada tiene qué ver con nada. A esos yo les llamo presos políticos, los que no deben ningún delito; que no pertenecen a pandillas”, indicó Medardo.
De hecho, acusaciones de persecución política han sido reiteradas por otros actores como el mismo partido FMLN, tras el proceso que se ventila en contra de 10 ex-funcionarios públicos por la supuesta recepción de “sobresueldos”. También es una expresión recurrida por representantes de organizaciones feministas, como Pro-vida, Las Mélidas; Una Mano Amiga, entre otras, ante los procedimientos de inspección de sus registros contables por parte de autoridades de seguridad pública, para investigar la posible comisión del delito de “peculado”, por la recepción de fondos públicos, en el caso al que autoridades denominan como “Oenegés Fachada”.
Lo que no menciona Medardo, ni organizaciones sociales de oposición, es que las medidas de seguridad del gobierno salvadoreño están reduciendo los homicidios, y la probabilidad de la comisión de otros delitos, en el marco del Estado de Excepción.
La tendencia se observa con los 3,942 homicidios reportados por la Policía Nacional Civil (PNC). En 2018, los reportes eran de 3,340 homicidio. En 2019, los registros generales de homicidios eran de 2,398. En 2020 se reportaron 1,341 homicidios y en 2021, otras 1,140 personas que fueron las asesinadas
