Por: Alessia Genoves
Fueron secuestradas, violadas y asesinadas por paramilitares salvadoreños, la noche del 2 de diciembre de 1980. Sus nombres eran Ita Ford, Dorothy Kasel, Maura Clarke y Jean Donovan, cuatro misioneras estadounidenses de la congregación de Hermanas Dominicas de Maryknoll, según lo confirmó el Instituto de Medicina Legal.
Las víctimas habían sido detenidas antes de abordar el avión que las retornaría los Estados Unidos, desde el Aeropuerto Nacional de Comalapa. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas concluye que así iniciaron sus operativos altos mandos de la Guardia Nacional, para después llevaras “a un lugar aislado, donde fueron ejecutadas, disparándolas a corta distancia”.
El sub-sargento Luis Antonio Colindres Alemán y el jefe de la entonces Guardia Nacional, Eugenio Vides Casanova, son identificados como el actores materiales de los hechos, que fueron conocidos por “el Coronel Oscar Edgardo Casanova Vejar, comandante del Destacamento Militar de Zacatecoluca; el coronel Roberto Monterrosa; el mayor Lizandro Zepeda Velasco y el sargento Dagoberto Martínez”, detalla el documento.
La Justicia a unos
Desde un inicio, las investigaciones periciales que determinarían la participación de los militares fue frustrada, entonces, por peritos de Medicina Legal. Sin embargo, hubieron testigos, entre ellos, la hermana Madeline Dorsey, de la misma orden neoyorkina, la entonces sexagenaria que denunció.
Era entonces José Guillermo García el titular del Ministerio de la Defensa, quien interpuso el estado general de alerta para buscar a las monjas. El mismo fue sucedido, años más tarde, por Vides Casanova.
Sin embargo, los cuerpos de las religiosas fueron exhumados de Santiago Nonualco, tiempo después. Tenían perforaciones de proyectiles de armas de fuego e indicios de violación; pues las observaciones médicas destacan que sus genitales habían sido alterados.
Las investigaciones se dilataron, y transcurrieron al menos dos años para que los señalados fueran encarcelados, en octubre de 1982. El Juzgado de Zacatecoluca los sentenció a 30 años de prisión, por los crímenes asociados a la masacre.
Sin embargo, sólo transcurrieron ocho años de su sentencia para que, el 24 de junio, Colindres fuera liberado de forma condicional, debiendo sólo firmar periódicamente el libro de asistencia. El juzgado alegó buena conducto, junto con Daniel Canales Ramírez y José Roberto Moreno. Los ex-militares, Carlos Joaquín Contreras y Francisco Contreras Recinos, en cambio, debieron cumplir la pena completa.
Oscar Casanova y García también fueron judicializados, tras haber sido definidos como los actores principales. Sin embargo, entonces ya habían recibido asilo político en los Estados Unidos, concretamente a West Palm Beach.
De la Deportación a la Impunidad
Desde su asilo temporal, West Palm Beach, Vides y García fueron juzgados en años postriores. Figuraron, desde 1999, en la “lista de criminales más buscados” de violadores de derechos humanos de El Salvador, por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU.
Casanova fue sentenciado a una pena de $300 mil dólares por el Juzgado del 11° Circuito de West Palm, hasta enero de 2006, luego de que éste apelara en contra de un veredicto por la compensación de $54.6 millones, en el año 2002.
Hasta 2009, por otra parte, el Juzgado de West Palm recibió dos cargos de fraude de inmigración en contra del ex-ministro de la defensa, José García, según lo confirmó, en su momento, el Centro Nacional de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en ingles),
La deportación de Casanova, sin embargo, no fue ratificada sino hasta el pasado 11 de marzo de 2015, por el departamento de Justicia de los Estados Unidos, debido a que “las leyes estadounidenses que exigen la expulsión de cualquier extranjero que haya ordenado, participado o colaborado en violaciones de derechos humanos”.
Transcurrieron 16 días para que ocho organizaciones sociales reiteraran varias de la acusaciones que figuraban en el informe de la Comisión de la Verdad, “De la locura a la esperanza”. Denunciantes como la Fundación Pro Búsqueda, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, la Fundación del Debido Proceso, entre otras, detallaron que Vides Casanova fue responsable de los siguientes delitos:
1) Haber obstaculizado la investigación de la detención arbitraria, abuso sexual y asesinato de cuatro religiosas estadounidenses por miembros de la Guardia Nacional.
2) Haber encubierto a los responsables de la Masacre de las Hojas, en la cual fueron asesinadas 70 personas.
3) Durante su periodo como director de la Guardia Nacional, Vides Casanova también es señalado como responsable de la Masacre de El Sumpul en el departamento de Chalatenango, donde fueron asesinadas al menos 700 personas en 1980.
“La decisión de deportación no sustituye a los procesos de justicia penal. Por lo tanto El Salvador, a través de los tribunales y la Fiscalía General de la Republica, debe investigar y sancionar los hechos que se le atribuyen al ex Ministro de Defensa por tratarse de graves violaciones de derechos humanos que no pueden amnistiarse ni prescribir”, demandaron.
