Por Alessia Genoves
General Guillermo García solicitó estar presente en el juicio de la Mascre de El Mozote y Lugares Aledaños. El dato lo compartió el ex titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y representante de la Fundación Cristosal, David Morales. El juicio busca determinar la responsabilidad de 17 ex-miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES).
Testigos y representantes de las víctimas sostienen que la dilación del proceso podría perjudicar a las víctimas, quienes habrían demandado justicia por más cuatro décadas. El Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas de El Mozote y lugares aledaños indica que desde diciembre de 1981 hasta febrero de 2019, el total de víctimas asesinadas se enumeran en 1,730 personas.
Irregularidades
Mirtala Teresa Portillo Cruz es el nombre de la jueza electa por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, para presidir el Caso de la Masacre de El Mozote. Para éste día, representantes de las víctimas de la sesión convocada se hicieron presentes.
La jueza, sin embargo, ya había recibido señalamientos. Particularmente, Cristosal y la organización Tutela Legal María Julia Hernández interpusieron dos demandas contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el nombramiento de Portillo Cruz, así por el nuevo magistrado de la Cámara de los Penal de San Migue, Fausto Paiz Romero.
Demandaron a la Sala de lo Contencioso Administrativo la declaración de ilegalidad del nombramiento de ambos funcionarios; así como la restitución del juez anterior Jorge Guzmán. Éste último, sin embargo, hizo pública su renuncia en septiembre del año pasado, justificando su disconformidad en la elección de los representantes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Morales no ahondó en el tema. Por su parte, expresó a la prensa las expectativas de mantener el proceso, conforme a los “estándares judiciales” establecidos durante la administración de Jorge Guzmán: “Más allá de las reglas aplique la señora jueza de Instrucción de San Francisco Gotera pueda mantener la integridad del proceso, permitiendo que la víctima con tranquilidad exponga su relato; tenga un trato compasivo, un trato digno y que todas las partes puedan evacuar sus intervenciones”.
Suspensión de audiencia
Portilo Cruz suspendió la audiencia establecida para éste lunes, en la que se ventilaba el Caso de la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños. El dato lo informó a la prensa la Fundación Cristosal, y representantes de la organización de Justicia Transicional, en razón de una demanda planteada por el ex-titular del Ministerio de la Defensa Nacional, general Guillermo García.
“La señora jueza nos informó que tenía una dificultad para desarrollar la audiencia, para poder instalar la audiencia de declaración de testigos, en razón de que uno de los imputados, y más específicamente del general Guillermo García, le había realizado una petición; y esa petición, ella todavía no la había resuelto”, detalló a la prensa el representante de Justicia Transicional, Guillermo Aguilar.
De modo que “durante toda la semana se van a seguir tomando las declaraciones que se tenía programadas”, añadió Aguilar. En el proceso, se ventilarían las declaraciones de cinco testigos y de representantes de las víctimas. Sin embargo, el proceso sería revictimizante, a juicio de Morales, pues
no tendrían la oportunidad de ventilar el juicio en una sola fecha.
Sin embargo, detalló Aguilar, que las audiencias que “se tenían programadas, para éste día 31 de octubre, no se van a realizar”, en el plazo previamente establecido.
Hay que detallar que Guillermo García también es uno de los cuatro militares acusados en el proceso que se ventila en el Juzgado de Primera Instancia, Dulce Nombre de María, en Chalatenango. De acuerdo con los demandantes, habría sido acusado por el delito de homicidio agravado por, en el grado de “comisión por omisión”, junto con el coronel Rafael Flores Lima. Otros acusados responden al nombre de los ex-militare Francisco Antonio Morán y Mario Adalberto Reyes Mena.
García y Morán, particularmente seguirían detenidos. Para el caso de El Mozote, García manifestaría su disposición de participar en el proceso que se le imputa, pese a que había depuesto su traslado a un centro penal, por complicaciones médicas. Sin embargo, en opinión de Morales, la disposición del acusado es incoherente.
“Los representantes de las víctimas, en ese caso, informaron públicamente que, por razones de salud, el general García estaba guardando su detención en un hospital. Llama poderosamente la atención que si tiene condiciones de salud delicadas, que le obligan a estar en un hospital, sí dice que tiene condiciones para ir a la audiencia y no en un centro penal. Es una contradicción bastante evidente”, expuso Morales a la prensa.
El Mozote
1,730 personas habrían sido asesinadas, en el operativo Tierra Arrazada. Habría sido ordenada por el Batallón Atlacatl de las Fuerzas Armadas, en diciembre de 1981, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, de las Naciones Unidas.
El Cuerpo de Oficiales en Situación de Retiro, particularmente, había solicitado a los tres órganos del Estado, y al comandante general de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele, la interposición de “sus buenos oficios”, para evitar el enjuiciamiento de García, como de otros generales y coroneles acusados de cometer delitos de lesa humanidad, durante el Conflicto Armado (1979 – 1992).
“Son criminales de guerra, deben enfrentar la justicia, independientemente de su edad ni cuándo ocurrieron los hechos”, reiteró Morales. “No son admisibles la amnistía ni la prescripción”, añadió, avocándose a la derogación de la Ley General de Amnistía, que estableció la Sala de lo Constitucional en el año 2016.
Hay que detallar que el Caso de El Mozote también tiene implicaciones en el poder legislativo, al menos en la representación del estado registral de las víctimas. Particularmente, la Comisión de Justicia y de Seguridad Pública, de la Asamblea Legislativa, aprobó la reforma de 29 artículos de la “Ley de Registro Único de Vícitmas de Masacre de El Mozote”, en relación al registro del Estado Familiar.
“Un registro ya hay. Individualizados los casos, ya se cuentan. ¿Qué es lo que falta?: dotar de herramientas a las personas para que puedan vincularse ese parentesco, e individualizar su identidad, para poder entrar en ese registro. ¿Cómo se va a hacer?, mediante la Ley de Jurisdicción Voluntaria”, indicó el representante del partido Nuevas Ideas, Jorge Castro