Crédito FGR EFE
Redacción ContraPunto
El Salvador enfrenta un momento clave en su estrategia de seguridad pública con el desarrollo de una macroaudiencia inédita en la que más de 400 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) son procesados de manera conjunta por decenas de miles de delitos. Este procedimiento, impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR), marca un punto de inflexión en el sistema judicial salvadoreño, tanto por su escala como por el modelo legal que lo sustenta.
Según la Fiscalía, el proceso reúne acusaciones por aproximadamente 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre estos se incluyen homicidios, feminicidios, extorsiones, tráfico de armas y desapariciones forzadas. La institución sostiene que, por primera vez, se está ejerciendo acción penal directa contra las estructuras de mando de la organización, señaladas de haber ordenado y coordinado estos crímenes.
Uno de los aspectos más relevantes de este proceso es la implementación de la llamada “audiencia única abierta”, una modalidad que permite juzgar de forma masiva a los imputados y mantener el expediente activo para incorporar nuevos acusados en el futuro. Este mecanismo surge tras reformas al Código Penal y a la Ley contra el Crimen Organizado, aprobadas en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
De los más de 400 imputados, 413 ya se encuentran detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad que se ha convertido en símbolo de la política gubernamental contra las pandillas. Otros 73 acusados están siendo procesados en ausencia, con órdenes de captura emitidas en su contra.
La Fiscalía también ha señalado que los procesados enfrentan cargos por el delito de rebelión, argumentando que las estructuras criminales buscaban mantener control territorial para establecer una especie de “estado paralelo”, lo que, según las autoridades, representa una amenaza directa a la soberanía nacional.
El contexto de este proceso judicial está profundamente ligado al régimen de excepción, una medida extraordinaria adoptada tras un repunte de violencia en marzo de 2022, cuando se registró el asesinato de 86 personas en pocos días. Las autoridades atribuyen estos crímenes a órdenes emitidas por líderes de pandillas, lo que motivó la implementación de políticas más agresivas en materia de seguridad.
Desde entonces, el régimen ha permitido la suspensión de ciertas garantías constitucionales, como el derecho a la defensa inmediata y la inviolabilidad de las comunicaciones. Si bien el gobierno defiende estas acciones como necesarias para recuperar el control del país, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por posibles abusos, detenciones arbitrarias y falta de transparencia en los procesos judiciales.
La macroaudiencia también ha generado debate por la falta de acceso a la prensa, ya que no se ha permitido la cobertura directa del proceso. Esta restricción ha sido criticada por sectores que consideran fundamental la observación independiente para garantizar la transparencia y el respeto al debido proceso.
A pesar de las críticas, el gobierno mantiene una alta aprobación ciudadana en relación con su estrategia de seguridad. Para muchos salvadoreños, la reducción significativa de la violencia y la presencia de pandillas en comunidades representa un cambio tangible en su calidad de vida.
Sin embargo, expertos legales advierten que el uso de procesos masivos plantea desafíos importantes. Entre ellos, la dificultad de garantizar una evaluación individualizada de cada caso, así como el riesgo de que se vulneren derechos fundamentales en aras de la eficiencia judicial.
El desarrollo de esta macroaudiencia podría sentar un precedente en la región sobre cómo enfrentar el crimen organizado. No obstante, su impacto a largo plazo dependerá no solo de las condenas que se logren, sino también de la capacidad del sistema judicial para equilibrar seguridad y justicia.
En un país que durante décadas ha sido marcado por la violencia de las pandillas, este proceso representa tanto una apuesta firme por el control estatal como una prueba crítica para el estado de derecho en El Salvador.