Organizaciones de sociedad civil exigen el reconocimiento formal a los contratos de propiedad de los hogares de más de 350 mil familias. Asimismo, demandan la aprobación de un proyecto de ley para garantizar el reconocimiento al derecho humano a la vivienda de los lote-habientes.
Hasta junio del presente año, el Ministerio de Vivienda ya cuenta con un registro que es mayor al millón y medio de salvadoreños que han establecido contratos de compraventa para acceder a lotificaciones, sin ser beneficiarios de la entrega del título de la propiedad, por parte de las empresas lotificadoras.
La institución, además detalla que sólo 9,225 familias han sido beneficiadas por la regularización de sus viviendas, durante el primer año de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele.
¿Cómo afecta a los lote-habientes?
La situación alerta a los compradores y a los representantes comunitarios de la Red de Acción Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia (Renacer), al reconocer verse privados de los beneficios de esas tierras.
“Estamos luchando en contra de éstas empresas lotificadoras, porque ellas, como que le compran el terreno al propietario de los inmuebles, y ellos venden… y no dan una escritura, para poder decir nosotros: éste es nuestro terreno”, expresó una de las líderes comunitarias, Berta Merino, y quién tampoco ha obtenido el reconocimiento patrimonial de la lotificación que ha intentado comprar.
Por su parte, la asociación Comunidades de Fe Organizadas para la Acción (Cofoa) señala que han sido cerca de 60 empresas y compañías lotificadoras las señaladas de controversias contractuales con sus compradores, sólo en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonte y La Paz.
La problemática ha motivado a la asociación cristiana y a los líderes organizados a denunciar las irregularidades contractuales, que restringen, además, la disposición ilimitada del terreno para uso habitacional, su certificación patrimonial, así como la disposición crediticia o hipotecaria del mismo, entre otras cosas.
“Ahora, por ejemplo, en éste tiempo de pandemia, ellos no pueden vender esos terrenos, no pueden hipotecarlos, no pueden hacer préstamos, no pueden imponer gravámenes sobre sus inmuebles, que ya tienen las cancelaciones”, mencionó el asesor legal de Cofoa, Rafael Serrano.
Plantean vacíos legales
Las limitaciones contractuales suponen irregularidades en las concesiones patrimoniales. Para Cofoa, éstas condiciones hacen de los habitantes de las parcelas sujetos susceptibles a desalojos forzados, y a violaciones al “Derecho Humano a la Vivienda”, prácticas sobre las que aún no existen regulaciones estatales “claras”, a juicio de la asociación.
“Hay lotificadoras… que ni siquiera tienen un proyecto aprobado, que es el primer paso: Tienen problemas de remedición, tienen problemas de aceptaciones de herencia, que ya son problemas legales… que dependemos del propietario. Y la ley… establecía que tenía que haber un contrato entre la lotificadora y el propietario del inmueble generado. Y ni eso se ha cumplido. Entonces, son una serie de vacíos y de problemáticas, las cuales ya el estado, es necesario que intervenga directamente”, explicó Serrano.
La asociación, además, plantea limitaciones en las legislaciones establecidas en el régimen ordinario de la Ley de Lotificaciones y Parcelaciones de 2012, pues “no se ha logrado que las empresas lotificadoras cumplan con sus obligaciones”, ya que 350 mil de las viviendas canceladas aún no cuentan con su título de propiedad.
“Lo que estamos exigiendo ahora es que, de verdad, la comisión de obras públicas, vivienda y transporte cumpla con su mandato de ley, a favor de los afectados. Ya son ocho años en los cuales los derechohabientes han estado esperando las escrituras”, añadió.
El Ministerio de Vivienda, por su parte, ya ha desarrollado un anteproyecto de la “Ley Especial Transitoria para la Regulación de Notificaciones y Parcelaciones para uso Habitacional” para establecer la vigencia en la exención del régimen transitorio que ya establecía la ley de 2012.
“Las personas podrán hacer modificaciones a su vivienda y tener acceso a préstamos. Además de adquirir servicios básicos, todo gracias a tener una escritura”, expresó la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, en su momento.
Pese a la buena voluntad manifiesta por la presidencia, el anteproyecto aún no se ha discutido, y los representantes de los afectados han asegurado que aún no ha uniformado consensos entre las autoridades.
“Sometimos una reunión con la ministra el mes pasado, y seguimos esperando. No sabemos que ha pasado o por qué no quieren dar la reunión. No sabemos… Pero nos han dicho que están un poco confusos ellos”.
Y, a juicio de los asociados, aún no existen las legislaciones pertinentes, y los proyectos de ley planteados por presidencia tampoco satisfacen todas las demandas plateadas por los asociados, para hacer efectiva la concesión de títulos de propiedad a los lote-habientes.
¿Qué soluciones propone sociedad civil?
Ante la inconformidad expresada por los líderes comunitarios, Cofoa ha elaborado un nuevo anteproyecto de ley que pretende dar cobertura a los “vacíos” planteados, y responder al uso patrimonial de los lotes adquiridos por los respectivos compradores compradores.
“Si bien es cierto, existen las propuestas, que son cuatro las que están en éste momento en estudio, resulta que al hacer el análisis jurídico de cada una de ellas, nos enfrentamos al escenario que teníamos con la Ley Especial que fue aprobada en 2012, que contiene lo que es el régimen ordinario y el régimen transitorio, que para éste caso sólo es aplicable para lotificaciones antiguas e irregulares”, expresó una de las representantes.
A detalle de los especialistas, el anteproyecto cuenta con características sancionatorias sobre las lotificadoras, y de “expropiación”, que obligan al Estado a confiscar las lotificaciones de las empresas que incumplan con los acuerdos establecidos. Además, propone la eliminación de “aranceles”, para beneficiar a las lotificadoras, tal y como lo explicó Luis Antonio López, miembro del departamento jurídico de Cofoa.
“Nosotros ya estamos planteando que ésta problemática ya sea considerada como de interés público, y de utilidad pública, que ya le da otro carácter, en el cual el Estado ya puede intervenir por medio de la expropiación a los terrenos que la lotificadora y a los propietarios, aún no han entregado esas escrituras, de los lote-habientes que ya les pertenecen… Y que pueda ya, el Estado, expropiarles, y que el propio Estado se encargue de escriturarles a ellos”, detalló Serrano.
