Unos $27,869,752.80 millones de dólares habrían sido incautados de fuentes ilícitas por la Fiscalía General de la República (FGR) tras el despliegue de operaciones giradas desde el año 2019 hasta la fecha, así lo detalló el Fiscal General, Raúl Melara.
A éstos casos se sumarían otros 6,161 casos asociados con delitos de defraudación fiscal, cifras entre las que se incluyen en las 28,790 detenciones efectivas reportadas en el Balance Anual de Operaciones Reportadas, del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP).
“Desde enero 2019, la FGR ha logrado resolver 6,161 casos de defraudación al fisco y los resultados han sido contundentes. Más de 27 millones de dólares se han devuelto al Estado y ahora se utilizan para el beneficio de todos los salvadoreños”, detalló el Melara.
Las asociadas al narcotráfico también se sumaron a las fuentes de activos incautados. El MJSP destaca al menos tres de ellos, titulados por el Ministerio Público: El primero fue reportado en el mes de marzo por las fuerzas navales, tras incautar 250 kg de cocaína, valorada en $5 millones de dólares.
Las otras dos operaciones anti-narcóticas fueron efectuadas por la Policía Nacional Civil (PNC), tras la incautación de al menos 1.800 kg de cocaína, cantidad valorada en unos $47 millones de dólares; y la otra consistente en 105 kg de cocaína, valorada en $1.3 millones de dólares.
Otros procesos de investigación también fueron girados en contra de personas relacionadas con el servicio público, entre ellos, los expresidentes de la república, Carlos Mauricio Funes y Elías Antonio Saca, junto con la esposa del último Lígia de Saca; el ex-ministro de justicia y de seguridad pública, Mauricio Ramírez Landaverde; el ex-ministro de la Defensa, David Munguía Payés, entre otros acusados de delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y activos y peculado.
Durante el año 2020, el MJSP asegura, asimismo, que éstas operaciones han hecho posible el “desfinanciamiento de las estructuras criminales”; a pesar de las múltiples quejas reportadas por la falta del financiamiento necesario para la aplicación del Plan Control Territorial, tras no ser aprobados los préstamos requeridos por parte de la Asamblea Legislativa.
“Este ha sido el mejor año en Seguridad Pública a pesar de la falta de financiamiento, del boicot, pero vamos a continuar firmes, concentrados en la tarea y seguir golpeando a la criminalidad”, aseguró, en su momento, el Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas.
