Por Alessia Genoves
Unas 168 personas fueron liberadas de prisión, tras ser sobreseídas por acusaciones de pertenecer a agrupaciones terroristas, según confirmó el titular del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP). Gustavo Villatoro. La cifra es creciente, y forma parte de las cerca de 30 mil personas detenidas durante el Régimen de Excepción, política de seguridad que busca la contención de homicidios y del crimen organizado, con la privación de libertad de más de 70 mil presuntos miembros de maras y pandillas.
Un 91% de salvadoreños está de acuerdo con la implementación del Régimen de Excepción, según detalló la encuesta Cid Gallup, del pasado 22 de abril. Los resultados han trascendido en una reducción de 99 homicidios hasta el mes de abril de éste año (23), respecto a la misma fecha del año pasado (122).
En contra
Sin embargo, 817 denuncias por detenciones arbitrarias fueron administradas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en el Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción; y otras 338 fueron tramitadas por organizaciones sociales, como la Fundación Cristosal; la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana Jusé Simeón Cañas (UCA), entre otras.
Familiares de privados de libertad exigen libertad para las personas detenidas durante el Régimen de Excepción. Varios de los detenidos han sido trasladados al Centro Penal la Esperanza (Mariona); y Cárcel de Mujeres y al Centro Penal de Izalco, durante los 15 días requeridos para que la Fiscalía General de la República (FGR) recolecte las pruebas necesarias sobre sus imputaciones.
Congregaciones religiosas se solidarizaron con los familiares de los detenidos. El Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI) y el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, emprendieron acciones solidarias, en cortesía de los familiares de los privados de libertad: repartieron sermones, cantaron alabanzas y entregaron alimentos, mientras esperaban a que las autoridades confirmaran el egreso sus parientes, al término de 15 días de su detención.
Detenciones
Cerca de 30 mil personas han sido detenidas por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), y de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES). Hasta el pasado 25 de abril, el MJSP declaró el decomiso de hasta $1,023,738 dólares. Al mismo tiempo, habría confiscado unos “277 armas de fuego de diversos calibres, 19,105 porciones de drogas, 586 vehículos y 4,896 teléfonos celulares”.
La cifra de personas procesadas es creciente. Sólo hasta el pasado 12 de mayo, la FGR cuantificaba un total de 18,785 personas, que recibieron medidas cautelares consistentes en la prisión provisional. Unas 1,129 personas recibieron las mismas medidas en los 2 días transcurridos, hasta que el sistema de justicia determine su participación en las imputaciones adquiridas.
En días anteriores, la PNC también destacó el arresto de José Bonilla, a quien le atribuye el cargo de “cabecilla de una estructura criminal”; y al que responsabiliza de los delitos de “homicidio y extorsión”. Al detenido, sin embargo, no se le reconocerían tatuajes en su torso; al igual que Misael Romero, alias “Danger”, otra persona al que la Corporación Policial definió como un “cabecilla de la MS”. A éstas detenciones se sumaría la de “el fantasma”, alias con el que se identificaba a Álex Ábrego, el pasado 23 de abril, en Guatemala.
Otros cinco operativos han sido identificados por ContraPunto, por haber tenido lugar en zonas residenciales exclusivas. Unos de esas detenciones tuvo lugar en una de las viviendas de la Residencial Bosque de Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán, el pasado 11 de mayo; otros 4 sospechosos fueron detenidos en la Colonia Villa del Mar, del departamento de La Libertad.
Libertad
“Libertad” es la demanda que sostienen algunos de los familiares de los privados de libertad a las autoridades de seguridad pública. Muchas de ellas alegan su inocencia, al igual que las 168 personas que fueron desposeídas de los cargos de sus imputaciones hasta el pasado 7 de marzo.
Centenares de personas se avocaron a las autoridades del Centro Penal La Esperanza, para solicitar información de sus familiares. Sin embargo, las “bases de datos” eran limitadas, y la información proporcionada no satisfizo a sus parientes. Por ello, algunas de las personas permanecieron expectantes a los egreso de los imputados durante al menos 3 días consecutivos.
Chalatenango, Santa Ana y La Paz fueron algunas de las regiones de las que provenían familiares de los detenidos. Recorrieron largas distancias, y prolongaron su estadía en la periferia del Centro Penal, a la espera de respuestas de los capturados. Las bartolinas de la cedes judiciales de aquellas regiones ajenas a la capital, por tanto, no dieron hospicio a los que llegar a ser trasladados al centro penal.
ContraPunto consultó a varios de los familiares, mujeres en su totalidad, y detallaron que la información sobre sus familiares la obtuvieron de instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y de la Procuraduría General de la República (PGR). Además informaron que, pese a que el Régimen de Excepción limita la defensa a los imputados, la PGR les brindó el contacto de un abogado, y el correlativo del caso al que refieren los imputados.
La interacción con los familiares de los privados de libertad fue escasa y distante. Muchos de ellos no quisieron rendir detalles a la prensa, alegando sentirse avergonzadas. Oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) orientaron a algunos de los familiares de los detenidos en el proceso administrativo; sin embargo, manifestaron desconocimiento sobre el traslado que ordenaron sobre algunos de los imputado al Centro Penal La Esperanza, cuando debían permanecer internos en la delegación policial de su jurisdicción.
PDDH suma a su registro de denuncias de detenciones arbitrarias a la del estudiante de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, Cristian Machado. El detenido sería una persona de 17 años de edad con “discapacidad intelectual”, según lo detalló. La institución detalló que el personal competente del departamento de Discapacidad se encontraba realizando intervenciones ante la PNC, FGR y la Escuela de Educación Especial de la Libertad, “a fin de establecer la verdad de los hechos”.
Al mismo tiempo, la organización Amate El Salvador, dedicada entre otras cosas a la promoción de derechos humanos de personas LGBT, alertó que el activista transexual del colectivo Cultura Trans SV, Abel Moya, fue víctima de una supuesta detención arbitraria, así como otras personas de “comunidades populares” y “personas LGBT”. Esta supuesta detención no fue confirmada públicamente por autoridades de la PNC, de quienes se presume su arresto la tarde de ayer; sin embargo, el Colectivo y Amate confirmaron su liberación, a tempranas horas de la mañana.
Keiry Mena, asimismo, fue detenida desde el pasado 9 de mayo; para ser trasladada a Mariona en los 2 días posteriores. Familiares como su sobrina Carolina Mena, alegan su inocencia de 4 denuncias de corrupción en su contra, informando que ella dedicaba su vida como estilista y rescatista de animales. Keiry, sin embargo, no fue trasladada al Centro Penal de Usulután, que posee áreas especializadas a la detención de personas transgénero y transexuales.
