Por Alonso Rosales
La primera comparecencia judicial del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal federal de Estados Unidos marcó este lunes un punto de inflexión en la ya convulsa crisis venezolana y en las tensiones hemisféricas. Ambos se declararon inocentes de todos los cargos que les imputa la justicia estadounidense, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, tráfico de armas y blanqueo de capitales.
La audiencia tuvo lugar en la Corte Federal Daniel Patrick Moynihan, en Lower Manhattan, bajo estrictas medidas de seguridad. Vestidos con uniformes carcelarios de color naranja y camisas azul marino, Maduro y Flores escucharon los cargos a través de intérpretes. El juez federal de distrito Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo, dando inicio formal a un proceso que podría extenderse durante meses, o incluso años.
“Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”, alcanzó a decir Maduro ante la corte, antes de ser interrumpido por el juez, según reportaron medios presentes en la sala. La defensa del exmandatario estará a cargo de Barry Joel Pollack, conocido internacionalmente por haber representado a Julian Assange, mientras que Mark E. Donnelly asumirá la representación legal de Cilia Flores.
Acusaciones que se remontan a más de dos décadas
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro habría estado involucrado en redes de narcotráfico desde el año 2000, cuando inició su carrera política como diputado de la Asamblea Nacional, continuando durante su gestión como canciller y posteriormente como presidente tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Los fiscales sostienen que el objetivo de estas redes era inundar el mercado estadounidense con cocaína, utilizando a Venezuela como plataforma logística.
Maduro ha rechazado de forma sistemática estas acusaciones, calificándolas de “fabricaciones políticas” y asegurando que forman parte de una estrategia de Washington para justificar una intervención y el control de los recursos energéticos venezolanos.
Repercusiones políticas inmediatas en Venezuela
Mientras el proceso judicial avanzaba en Nueva York, en Caracas la Asamblea Nacional iniciaba el nuevo periodo legislativo 2026-2031 en un ambiente de máxima tensión. El Parlamento, dominado por el chavismo, confirmó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que alegó la “ausencia forzada” de Maduro.
Rodríguez, quien además es hermana del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, declaró estar dispuesta a cooperar con Estados Unidos en el marco de relaciones “equilibradas y respetuosas”, aunque denunció la captura de Maduro como una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía venezolana.
En contraste, el opositor Edmundo González Urrutia, desde su exilio en España, calificó la detención de Maduro como “un paso importante, pero insuficiente”, y exigió la liberación de todos los presos políticos y el respeto de los resultados electorales del 28 de julio de 2024, que asegura haber ganado.
Debate global y reacciones internacionales
El caso escaló rápidamente al plano internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una sesión de emergencia en la que Rusia y China condenaron duramente la operación estadounidense. Moscú acusó a Washington de dar “un nuevo impulso al neocolonialismo y al imperialismo”, mientras que Pekín exigió el respeto a la soberanía venezolana y la liberación inmediata de Maduro y su esposa.
El representante venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, advirtió que lo ocurrido “no solo pone en juego la soberanía de Venezuela, sino la credibilidad del derecho internacional”, alertando sobre un precedente que permitiría a las grandes potencias actuar como “juez, parte y ejecutor” del orden mundial.
Desde Washington, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos “no está en guerra con Venezuela”, aunque aseguró que su país está ahora “al mando” de la situación, declaraciones que avivaron aún más la controversia regional.
Un proceso judicial con impacto histórico
La declaración de inocencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores abre una etapa inédita en la historia contemporánea de América Latina: la de un jefe de Estado en ejercicio —o recientemente depuesto— enfrentando cargos criminales graves ante la justicia de Estados Unidos. Más allá del desenlace judicial, el caso ya está redefiniendo equilibrios políticos, diplomáticos y jurídicos a escala regional y global.
La próxima audiencia, prevista para el 17 de marzo, será clave para conocer la estrategia de la defensa y el alcance de las pruebas que presentará la Fiscalía. Hasta entonces, Venezuela permanece sumida en una incertidumbre profunda, con un poder fragmentado y una comunidad internacional dividida ante uno de los episodios más explosivos de la política latinoamericana en décadas.
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