Por Alonso Rosales
En Venezuela, la vida cotidiana se ha convertido en un ejercicio de precaución constante. Más allá de la escasez de bienes básicos o de la incertidumbre política y económica, un nuevo hábito ha ganado terreno entre la población: borrar las conversaciones, chats y registros de llamadas en los teléfonos móviles antes de salir de casa por temor a que las autoridades revisen sus dispositivos. Este gesto, que puede parecer extremo para muchas sociedades, es reflejo de una realidad nacional marcada por la vigilancia, la autocensura y la amenaza de consecuencias legales o arbitrarias.
Un temor cotidiano y creciente
Frases como “Mami, elimina los chats” o “Borra las conversaciones antes de salir” se han vuelto comunes en grupos familiares de WhatsApp entre venezolanos. Testimonios recopilados por medios como CNN en Español describen que estos mensajes no son un simple consejo: son órdenes dadas bajo una sensación de amenaza inminente. Algunos ciudadanos han pedido mantener su identidad en reserva, conscientes de que incluso hablar de este temor ya puede ser visto como sospechoso.
La práctica de limpiar el historial y borrar chats no es enteramente nueva, pero muchos venezolanos aseguran que se ha intensificado en los últimos días y semanas. Esto ocurre en un contexto de incertidumbre política tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar liderado por Estados Unidos, evento que ha sacudido al país y potenciado un ambiente de tensión y vigilancia.
¿Qué ha cambiado realmente?
La revisión de teléfonos por parte de agentes policiales y militares no es un fenómeno de las últimas semanas, sino una práctica documentada bajo el gobierno de Maduro. Grupos de derechos humanos han alertado desde hace años sobre el uso de tecnologías de extracción de datos en celulares, como dispositivos de la empresa Cellebrite, que permiten acceder a datos incluso cifrados, sin orden judicial y con frecuencia en detenciones arbitrarias.
Organizaciones como Human Rights Watch han reportado casos en que agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) revisaron teléfonos sin autorización legal, e incluso utilizaron equipos especializados para extraer información sin consentimiento de los dueños. Estas prácticas generaron alarma hace tiempo, aunque ahora parecen haber llegado a más sectores de la sociedad.
El contexto de la caída de Maduro
Con la captura de Maduro y el despliegue de fuerzas estadounidenses en el país, la sensación de vigilancia y control se ha intensificado. Las fuerzas de seguridad, incluidos colectivos armados fieles al antiguo régimen, han establecido puestos de control improvisados, deteniendo vehículos y, en algunos casos, revisando los teléfonos de los ciudadanos bajo la justificación de “seguridad nacional”.
Organizaciones de derechos humanos locales también han denunciado que agentes exigen abrir aplicaciones como WhatsApp para buscar palabras clave relacionadas con política o eventos recientes, como nombres de dirigentes o términos asociados con protestas. Este tipo de prácticas ha alimentado la autocensura entre la población: muchos evitan enviar mensajes con contenido político por completo, borran grupos y eliminan registros de llamadas que podrían malinterpretarse o ser usados en su contra.
Un reflejo de años de represión
Si bien la práctica de borrar historiales y chats se ha intensificado recientemente, el temor a la vigilancia y a la revisión de teléfonos no nació con la captura de Maduro. Informes internacionales, como los de Freedom House, han documentado cómo las fuerzas de seguridad venezolanas han seguido, detenido e incluso detenido a personas basándose en información extraída de celulares y publicaciones en redes sociales durante años.
Además, diversas organizaciones internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y un uso extendido de la represión digital para intimidar a opositores, periodistas y ciudadanos comunes.
¿Se ha incrementado la persecución?
La respuesta más honesta es que la persecución y la vigilancia ya formaban parte de la vida en Venezuela, pero los recientes acontecimientos han amplificado estos temores y los han llevado más allá de los círculos políticos hacia la vida cotidiana de cualquier ciudadano promedio. La caída de Maduro ha generado un replanteamiento de las dinámicas de poder y control, y en ese proceso la gente busca protegerse como puede.
Borrar conversaciones se ha vuelto un mecanismo de autoprotección, un acto de sigilo digital que muchos venezolanos consideran necesario para evitar revisiones in situ de sus teléfonos por parte de policías, militares o grupos armados. No es solo una práctica técnica: es una expresión de miedo, autocensura y la necesidad de proteger la intimidad en un país donde, para muchos, la confianza en las instituciones está rota.
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