Por Alonso Rosales
Desde el regreso de Donald Trump al poder en enero de 2025, el sistema de detención migratoria en Estados Unidos ha entrado en una etapa marcada por el aumento de muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Lo que antes eran casos aislados hoy se perfila como un patrón preocupante que ha encendido alarmas a nivel internacional.
Investigaciones recientes revelan que al menos 50 migrantes han muerto bajo custodia de ICE desde el inicio del nuevo mandato. Solo en 2026, se contabilizan cerca de una veintena de fallecimientos, muchos de ellos vinculados a suicidios, negligencia médica o condiciones de detención deficientes. Este incremento coincide con una expansión acelerada del sistema: la población detenida ha crecido significativamente, superando las 60,000 personas.
Uno de los aspectos más alarmantes es el aumento de suicidios. Expertos señalan que estos casos reflejan fallas estructurales en la atención de salud mental, así como el uso prolongado del aislamiento y la falta de seguimiento médico adecuado. En varios casos documentados, los detenidos no recibieron atención psicológica oportuna, pese a mostrar señales claras de deterioro emocional.
A esto se suman denuncias de hacinamiento, alimentación inadecuada, retrasos en atención médica y condiciones insalubres. Organizaciones de derechos humanos advierten que muchas de estas muertes eran evitables y apuntan a una responsabilidad institucional por negligencia sistemática.
El impacto ha trascendido fronteras. Gobiernos latinoamericanos han elevado protestas diplomáticas, mientras que legisladores y activistas en Estados Unidos exigen investigaciones independientes y reformas urgentes.
Más allá de las cifras, cada muerte representa una vida truncada bajo la responsabilidad directa del Estado. La pregunta ya no es si el sistema está fallando, sino hasta qué punto estas muertes podrían haberse evitado en un sistema que, según múltiples informes, muestra señales claras de colapso humanitario.