Crédito France 24
Por Alonso Rosales
A casi 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la publicación de más de 170,000 páginas de documentos municipales de Nueva York vuelve a colocar sobre la mesa una de las grandes controversias posteriores a aquella tragedia: qué sabían las autoridades sobre los riesgos para la salud en la Zona Cero y por qué durante meses se transmitió a la población la idea de que el aire era seguro.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 8 de septiembre la apertura de un portal público con una primera colección de aproximadamente 170,000 páginas relacionadas con la calidad del aire, los problemas sanitarios y la respuesta de la ciudad después del ataque. La administración municipal señaló que se trata solamente de la primera entrega y que habrá nuevos documentos durante los próximos 12 meses.
Los archivos incluyen el denominado Harding Memo, registros de 68 cajas de documentos que no fueron localizadas hasta 2025 y materiales relacionados con el edificio 7 del World Trade Center. De acuerdo con la Alcaldía, los documentos permiten reconstruir qué sabía el gobierno municipal sobre la contaminación, cuándo tuvo conocimiento de ella y cómo actuó frente a posibles responsabilidades legales.
Uno de los aspectos más delicados es la presencia de referencias al asbesto y a otros contaminantes. Los nuevos registros muestran que las preocupaciones sobre la calidad del aire no fueron un asunto desconocido para las autoridades. En algunos casos, las inspecciones encontraron asbesto prácticamente en todos los lugares examinados.
Esto adquiere especial importancia porque, después del ataque, trabajadores de rescate, bomberos, policías, empleados, estudiantes y residentes estuvieron expuestos durante meses al polvo y a partículas provenientes de la destrucción de las Torres Gemelas y de otros edificios.
La controversia no se limita a una discusión administrativa. Miles de personas que estuvieron en el área de Manhattan después del atentado desarrollaron enfermedades respiratorias, cáncer y otros padecimientos asociados con la exposición.
El World Trade Center Health Program continúa atendiendo a decenas de miles de sobrevivientes y trabajadores. La magnitud de las enfermedades relacionadas con el 11-S demuestra que las consecuencias de la tragedia no terminaron cuando se extinguieron los incendios de la Zona Cero.
Mamdani sostuvo que la verdadera dimensión de la tragedia también debe medirse por las personas que enfermaron años después. La liberación de los documentos, por tanto, tiene una dimensión histórica, pero también jurídica y humana.
La ciudad ha destinado además 34 millones de dólares para establecer y mantener el portal público que permitirá consultar los documentos y facilitar el acceso de las víctimas a programas de salud y compensación.
La publicación de estos archivos también coincide con un renovado interés en una pregunta que durante años ha generado controversia: ¿existió algún tipo de apoyo saudita a personas que ayudaron a los secuestradores del 11-S?
Es importante separar esta cuestión de la documentación recién publicada por Nueva York. Los archivos de Mamdani se concentran fundamentalmente en la respuesta municipal y en las consecuencias sanitarias del atentado; no constituyen por sí mismos una nueva prueba de que el Gobierno saudita ordenara o financiara los ataques.
Sin embargo, existe documentación federal estadounidense que mantiene abierto el debate sobre determinadas conexiones.
El FBI ha señalado que 15 de los 19 secuestradores eran ciudadanos sauditas. La investigación oficial también examinó las relaciones de algunos de ellos con personas vinculadas a instituciones sauditas en Estados Unidos.
Documentos posteriormente desclasificados por el FBI contienen análisis sobre vínculos entre determinadas personas y oficinas relacionadas con asuntos islámicos y de propaganda de Arabia Saudita, así como conexiones con integrantes de la red de apoyo que ayudó a algunos de los secuestradores.
Uno de los nombres que aparece repetidamente en estas investigaciones es Omar al-Bayoumi, ciudadano saudita que tuvo contacto con Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, dos de los futuros secuestradores. También fue investigado Fahad al-Thumairy, vinculado al consulado saudita en Los Ángeles.
La Comisión del 11-S, sin embargo, llegó a una conclusión mucho más cautelosa. Su informe afirmó que no encontró evidencia de que el Gobierno saudita, como institución, o altos funcionarios sauditas hubieran financiado a Al Qaeda. Al mismo tiempo, reconoció que Arabia Saudita había sido una importante fuente de financiamiento para organizaciones relacionadas con Al Qaeda y que algunas organizaciones benéficas con respaldo saudita pudieron haber desviado fondos hacia la organización terrorista.
Esa diferencia es fundamental: una cosa es demostrar que ciudadanos sauditas o determinadas organizaciones tuvieron vínculos con personas relacionadas con los secuestradores, y otra muy distinta demostrar que el Estado saudita ordenó o financió directamente el atentado.
La respuesta está relacionada con la naturaleza fragmentaria de las investigaciones de inteligencia y con la existencia de información clasificada durante décadas.
Una parte importante de la controversia surgió alrededor de las llamadas “28 páginas” de una investigación del Congreso estadounidense sobre financiación extranjera del terrorismo. Esas páginas fueron posteriormente desclasificadas, pero la publicación de documentos no significó que todas las interrogantes quedaran resueltas.
Además, investigaciones posteriores al informe de la Comisión del 11-S continuaron examinando posibles redes de apoyo a los secuestradores. El propio FBI ha señalado que investigaciones posteriores aportaron información que no estaba disponible cuando se elaboró el informe de la Comisión.
La cuestión sigue teniendo consecuencias judiciales. Familias de víctimas han impulsado durante años demandas contra Arabia Saudita. En 2025 un juez federal permitió que una demanda contra el reino avanzara hacia un juicio, mientras el Gobierno saudita continúa negando responsabilidad por los ataques.
Por eso, afirmar que “se ocultó la conexión saudita” como un hecho plenamente demostrado sería ir más allá de la evidencia disponible. Lo que sí puede afirmarse es que existen documentos oficiales que muestran contactos, vínculos y líneas de investigación relacionadas con ciudadanos y estructuras sauditas que fueron examinados por las autoridades estadounidenses, y que algunas de esas preguntas permanecen abiertas.
La decisión de Nueva York tiene, en consecuencia, una importancia que trasciende al propio Mamdani. La discusión fundamental es cuánto tiempo puede permanecer clasificada u ocultada información relacionada con una tragedia que afectó a millones de personas.
Los nuevos documentos no modifican la conclusión básica sobre quién ejecutó los atentados: los 19 secuestradores fueron entrenados por Al Qaeda. Pero sí permiten examinar con mayor profundidad qué ocurrió antes y después del ataque, qué sabían las autoridades y cómo respondieron.
La liberación de los documentos sobre el aire tóxico también recuerda que una tragedia nacional puede tener dos dimensiones diferentes: la responsabilidad por el ataque y la responsabilidad posterior por proteger a quienes sobrevivieron.
Veinticinco años después, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió aquella mañana del 11 de septiembre. También es qué información tenían las autoridades, qué decidieron comunicar al público y qué consecuencias tuvo esa decisión.
En ese sentido, los archivos publicados por la administración Mamdani representan una oportunidad para reconstruir una parte de la historia que permaneció durante años detrás de archivos, litigios y documentos restringidos.
Y respecto a Arabia Saudita, la conclusión responsable no es cerrar el caso con una acusación definitiva ni descartarlo como una teoría conspirativa: es reconocer que existen conexiones documentadas que continúan siendo objeto de investigación judicial e histórica, pero que no equivalen, por sí solas, a una prueba de responsabilidad estatal saudita por los atentados.