Crédito CNN
El inicio del gobierno de Keiko Fujimori en Perú quedó marcado por una controversia que amenaza con convertirse en uno de los primeros grandes problemas políticos de su administración: una parte importante de su gabinete ministerial registra investigaciones fiscales, procesos judiciales, acusaciones constitucionales o antecedentes por distintos delitos.
Aunque algunas publicaciones han contabilizado 15 ministros con investigaciones o antecedentes entre los 19 integrantes del gabinete, un reporte difundido el 30 de julio identificó a 14 funcionarios con casos declarados. Las situaciones son diferentes entre sí y una investigación o acusación no significa que una persona sea culpable. En algunos casos existen procesos archivados, concluidos o condenas que posteriormente fueron rehabilitadas.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, aparece entre los casos más delicados. Según su declaración jurada, registra investigaciones por presunto lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. También declaró antecedentes relacionados con una investigación por fraude electoral y nombramiento ilegal.
El ministro del Interior, César Astudillo, declaró una investigación activa por el presunto delito de peculado, además de antecedentes relacionados con lesiones graves.
El titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, declaró diez investigaciones. Entre ellas aparecen casos relacionados con delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, negociación incompatible, concusión, cohecho y corrupción de funcionarios.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró haber afrontado 20 investigaciones. Sin embargo, las publicaciones consultadas señalan que no precisó los delitos correspondientes a todos esos expedientes, por lo que no resulta correcto atribuirle automáticamente cada uno de los delitos mencionados en otros casos.
El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, declaró una sentencia por lesiones culposas derivada de un accidente ocurrido en 1996. La República señala que recibió una pena suspendida de un año y que posteriormente, según su propia explicación, una resolución de 2009 lo absolvió. También aparecen antecedentes por falsedad ideológica y estafa.
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, declaró investigaciones relacionadas con los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.
El canciller Carlos Espá reportó investigaciones relacionadas con un presunto caso de cohecho, delito vinculado al soborno o recepción indebida de beneficios por parte de funcionarios públicos.
El ministro de Educación, José Antonio Chang, declaró haber afrontado ocho investigaciones. Entre los presuntos delitos mencionados aparecen usurpación de funciones, lavado de activos, delitos contra el patrimonio, tranquilidad pública y asociación ilícita.
El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, declaró investigaciones relacionadas con falsificación de documentos y dos casos vinculados con declaraciones falsas.
El caso que más llama la atención por el número de expedientes es el del ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero, quien declaró 51 investigaciones.
Entre ellas figuran nueve relacionadas con desobediencia y abuso de autoridad, además de expedientes por colusión, peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones, nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos, depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.
La cantidad de investigaciones declaradas por Huaroc es, por sí sola, uno de los elementos que más ha alimentado las críticas al nuevo gabinete de Fujimori.
El ministro de Producción, Juan Carlos Requejo, declaró diez investigaciones. Cuatro corresponden a abuso de autoridad y resistencia a la autoridad; otras tres están relacionadas con negociación incompatible. También aparecen investigaciones por lavado de activos, delitos ambientales y cohecho pasivo propio.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, registró un caso por un presunto delito contra la fe pública.
El titular de Trabajo, Juan Sheput Moore, declaró investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión agravada.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, informó que enfrenta una acusación constitucional, aunque las fuentes consultadas señalan que no especificó públicamente el delito al que corresponde dicha acusación. Por ello, no es correcto atribuirle un delito concreto sin documentación adicional.
La controversia adquiere una dimensión mayor porque el gobierno de Keiko Fujimori llegó al poder prometiendo enfrentar la inseguridad, recuperar la institucionalidad y combatir la corrupción.
El problema no consiste solamente en que algunos ministros hayan sido investigados. En un Estado democrático, una investigación fiscal no equivale a una sentencia y toda persona conserva la presunción de inocencia hasta que exista una condena firme.
Sin embargo, la magnitud de los antecedentes declarados sí plantea una pregunta política legítima: ¿por qué un gobierno que pretende reconstruir la confianza en las instituciones decidió incorporar a tantos funcionarios que llegan al Ejecutivo con investigaciones o antecedentes judiciales?
El caso de Huaroc, con 51 investigaciones declaradas; el de Shinno, con 20; y los múltiples expedientes atribuidos a otros integrantes convierten al gabinete de Fujimori en un equipo que tendrá que demostrar, desde el comienzo, que puede administrar el Estado sin que los cuestionamientos judiciales interfieran con sus funciones.
La presidenta Keiko Fujimori ha defendido a sus ministros y ha sostenido que fueron escogidos por su experiencia y capacidad. Pero la discusión apenas comienza. El verdadero desafío será que cada funcionario pueda explicar con transparencia el estado de sus expedientes y que las instituciones de justicia actúen con independencia, sin importar quién ocupe el Palacio de Gobierno.
En un país con una larga historia de crisis políticas y escándalos de corrupción, la confianza pública será uno de los activos más difíciles de recuperar y uno de los primeros que podría perder el nuevo gobierno si los cuestionamientos no son aclarados de manera convincente.