Por Alessia Genoves
“Corrupción” es la mayor acusación que la Lista Engels hace patente en contra de 7 funcionarios y ex-funcionarios públicos salvadoreños. El documento implica a tres ex-funcionarios de gobiernos anteriores; y señala a otros 3 ejecutivos y diputados del gobierno actual. El Departamento de Estado, al que precede el informe, determinó la “suspensión inmediata de las Visas” de los acusados; y la vigilancia permanente en contra de un total de 61 señalados, del Triángulo Norte.
“Acciones que atentan en contra de Proceso Democráticos” son otras de las acusaciones que responden, al mismo tiempo, a la divulgación de tales funcionarios políticos. Sin embargo, el informe omite la presunción de inocencia, en favor de los 4 actuales funcionarios públicos del país, y éstos tampoco han sido sometidos a la justicia. Y, aunque el Departamento de Estado sostiene que las acusaciones se dan “sobre la base de información creíble o denuncias”. y los señalamientos, de algunos de los imputados, no son coherentes con los cargos que desempeñan, de acuerdo con las leyes del país.
Para el caso, no han sido sometidos a la justicia el diputado del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara; ni el actual asesor jurídico de la Presidencia, Francisco Javier Argueta Gómez. Tampoco ha sido sometido el actual secretario de Prensa de la Presidencia, José Ernesto Sanabria. En última instancia, la lista oficial excluye al titular del Ministerio de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien fue acusado de retener gastos municipales.
Es necesario aclarar que la Lista Engel fue publicada éste jueves 20 de julio de 2022, en el portal oficial del Departamento de Estado; concretamente, bajo el título “Sección 353. Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos”. ContraPunto obtuvo el documento por medio de una filtración, desde el pasado jueves 14 de julio, sin embargo, la veracidad del documento fue constatado por actores de gubernamentales de los Estados Unidos.
Christian Guevara (Dip. Nuevas Ideas)
“Intentar censurar a los medios” es la acusación en contra del diputado Christian Guevara. El señalamiento lo comparte con “observadores”, cuyas identidades no se hacen patentes en el informe; y refieren las sanciones de hasta “15 años de prisión la difusión de mensajes pandilleros en los medios de comunicación”, que quedarían patentes en un anteproyecto de ley, con el nombre “Ley de Prohibición de Pandillas”.
El documento al que refieren los “observadores”, en realidad responde a la reforma del artículo 345 del Código Penal, en el sentido de incorporar el literal “C”, con el fin de sancionar la”elaboración y la reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas”; y, entre otras cosas, implica la sanción de los hechos cuando fueren promovidos en “medios de comunicación” y “tecnologías de comunicación e información”·. La reforma fue aprobada el pasado 5 de abril, con 63 votos a favor.
En su momento, la Asociación de Periodistas de El Salvador hizo las mismas acusaciones, cuando el decreto había sido divulgado. Manifestó que el gremio periodístico se pronunciaría en favor de una “inconstitucionalidad parcial”, alegando el perjuicio al ejercicio periodístico. Por su parte, el legislador, y jefe del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, vindicó su participación en la elección de la reforma, en la que además participaron otros 63 legisladores que no han sido acusados enumerados en la Lista Engels.
A los buenos salvadoreños: pic.twitter.com/l74UJOOM9H
— Christian Guevara 🇸🇻 (@ChrisGuevaraG) July 15, 2022
“Las pandillas no van a doblegar la voluntad del pueblo”, manifestó Guevara. Refirió éstas palabras el ejercicio de sus labores como legislador, amparado en el artículo 125 de la Constitución de la República, tras haber sido electo democráticamente. También refirió dichas palabras a la influencia inexorable que maras y pandillas tuvieron sobre el asesinato sobre la mayoría de los 116,396 homicidios reportados, desde 1994.
Ernesto Sanabria (Comunicaciones de la Presidencia)
“Presionar a políticos de oposición para renunciar”, esa es la acusación que imprime la Lista Engels, en contra del titular de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, José Ernesto Sanabria. Una acusación similar la refirieron titulares del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en contra del partido de gobierno Nuevas Ideas.
ARENA sostiene que la pérdida de sus más de 30 diputados, alcaldes y síndicos respondería a intentos de coacción, en contra de sus miembros y militantes de partidos políticos de oposición, para debilitar sus estructura. Sin embargo, el partido vincula la disidencia de sus miembros, con numerosos procesos de corrupción verificados, entre los que habrían restado, al menos $350,8 millones de dólares, de al menos 13 de sus ex-funcionarios, presidentes de la República, ministros, alcaldes y síndicos.
Hasta la fecha, Sanabria no ha sido sometido a la justicia; y se desconoce si un ciudadano salvadoreño ha dirigido imputaciones concretas en su contra. Es decir, no se han demostrado evidencias concretas de presuntas amenazas, o comisión de delitos relacionados con los señalamientos de la Lista Engels, ni relativos.
Javier Argueta (Asesor Jurídico)
Acusado de seleccionar a los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional, la Lista Engel sostiene que el Asesor Jurídico de la Presidencia, Javier Argueta “socavó procesos o instituciones democráticas”. El Departamento de Estado categórico en, en empleo de las expresiones citadas; sin embargo, los actuales cinco magistrado no fueron seleccionados por el Concejo Nacional de la Magistratura, sino por 77 diputados de la Asamblea Legislativa, el 29 de junio de 2021.
El Departamento de Estado sostiene que los magistrados a elegir, debieron ser seleccionados por el Concejo Nacional de la Judicatura (CNJ), según lo establece el artículo 186 de la Ley. Sin embargo, en una conferencia de prensa, Argueta sostuvo que “el artículo 4 de la Ley Orgánica Judicial, que es un mandato que establece la misma Asamblea Legislativa, establece que en caso de sustitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional, o renuncia por cualquier otro motivo legal, la Asamblea Legislativa está obligada a, en el momento de sustituir, nombrar magistrados”. El asesor, con mayor presición, se refiere al artículo 4, iniciso 3 de la Ley Organica de la Asamblea Legislativa.
Añadió a la prensa que acciones de la Asamblea tienen respuesta porque “ésto tiene su sentido, en un sentencia de la Sala de lo Constitucional, que señaló que la Sala de lo Constitucional no se puede quedar acéfala, no se puede quedar sin esa configuración subjetiva de magistrados, porque la justicia constitucional se vería perjudicado” .
Wil Salgado
“Participar en el tráfico de drogas y el lavado de dinero” son acusaciones que la Lista Engels imprime en contra del alcalde de la Ciudad de San Miguel, Wilfredo Salgado García. La acusación, sin embargo,no es reciente, y no se había limitado a señalamientos verbales hasta agosto del año 2017.
En el caso, la Policía Nacional Civil (PNC) había capturado al ex-regido Gerberth López, por acusaciones de tráfico ilícito de droga, hechos en los que habrían contribuido otras personas asociadas a una red de distribución afín. Sin embargo, el político negó la vinculación que podría tener con las actividades ilícitas perpetradas por Gerberth, ya éste fue “regidor” suyo “hace 2 períodos”, indicó en 2017. Aclaró, además, que el incoado “no fue síndico” y que “en su captura (…) de el delito de tráfico, yo no tengo nada q ver”.
Gerberth López fue regidor mío hace 2 periodos no fue síndico y en su captura de anoche de el delito de tráfico yo no tengo nada q ver pic.twitter.com/tPcL3Vo2h7
— Will Salgado (@WILLSALGADO) August 9, 2017
Salgado no ha rendido detalles sobre los hechos, suscitados en los últimos 6 años, ni ha manifestado postura alguna respecto a las acusaciones reiteradas en a Lista Engels. Sin embargo, el delito tiene una condena de “diez a quince años y multa de cincuenta a cinco mil salarios mínimos mensuales urbanos vigentes”, según lo establece el artículo 33-B de la Ley Especial Reguladora de Actividades Relativas a la Droga.
Mario Figueroa y Celia
$1,028,974.54 dólares es la cantidad dineraria que representa un incremento patrimonial no justificado del ex-titular del Ministerio de Justicia y de de Seguridad Pública (MJSP), René Mario Figueroa. El 15.29% de ese saldo ($157,333.55 dólares) sería el monto adherido de los ingresos y egresos no justificados por su esposa, Celia Carlina Alvarenga Pinto. El proceso se ventila en la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Los informes refieren a los hallazgos de ingresos y egresos patrimoniales no declarados, de acuerdo con los informes de auditoría. Sin embargo, el ex-ministro también es acusado por el delito de “lavado de dinero y activos”, por un monto de $3,757 millones de dólares, según acusa la Fiscalía General de la República (FGR), en el proceso que es ventilado en el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador. Ambas acusaciones tienen lugar al ejercicio de sus funciones en gobierno, durante los años 2004 al 2009; sin embargo, la Lista Engels sólo mención de un monto aproximado al de la segunda acusación.
