Por Alonso Rosales
El reciente y vertiginoso giro político en Venezuela ha desencadenado una serie de acontecimientos de gran impacto tanto dentro del país como en el contexto regional e internacional. La captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de los Estados Unidos —en una operación que ha sido descrita como una de las intervenciones más audaces en América Latina en décadas— ha marcado el inicio de una transición abrupta en Caracas.
Una de las primeras medidas de las nuevas autoridades ha sido la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluyendo a ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez— anunció que la decisión se toma como un gesto de paz y un intento por reducir las tensiones internas, sin proporcionar una cifra específica de personas liberadas ni un listado detallado de nombres.
Organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, estiman que hasta finales de diciembre de 2025 había más de 800 personas detenidas por motivos políticos en cárceles venezolanas. Aunque no se han publicado listas completas de quienes han sido liberados, se sabe que entre los beneficiados con excarcelaciones en acciones anteriores bajo presión internacional figuraron dirigentes opositores y activistas como Américo de Grazia y Pedro Guanipa, junto con otros nombres como Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo y Gorka Carnevalli, liberados en agosto de 2025.
Hasta ahora, la liberación de extranjeros ha sido confirmada de manera parcial: el gobierno español confirmó que cinco ciudadanos españoles detenidos en Venezuela recuperarían la libertad como parte de esta ronda inicial de liberaciones. Asimismo, se sabe que en la lista general de presos políticos había al menos 85 extranjeros, aunque aún no hay un desglose por nacionalidad de los liberados.
Esta política de liberaciones se da en un contexto de fuertes demandas tanto de la oposición venezolana como de gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos, que han reclamado la excarcelación inmediata de opositores y críticos del régimen.
Al mismo tiempo, la caída de Maduro ha generado una purga dentro de las fuerzas militares venezolanas, con despidos y remociones de altos mandos considerados responsables por la caída política del régimen o por fallas durante la captura de Maduro en Caracas. Según informes iniciales, el general Javier Marcano Tábata, responsable de la Guardia de Honor Presidencial, fue destituido por no evitar la captura de Maduro durante la incursión militar estadounidense.
Estos movimientos internos señalan la intención de la nueva administración de reorganizar el aparato militar y de seguridad para asegurar lealtades y evitar resistencias internas. El proceso de purga implica tanto la remoción de líderes vinculados directamente a Maduro como la reestructuración de unidades clave dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Aunque todavía no hay cifras oficiales completas, se reporta una fuerte desconfianza hacia oficiales de alto rango que permanecen alineados con el antiguo régimen.
Analistas internacionales interpretan estas purgas y liberaciones como parte de un proceso más amplio de transición política y social en Venezuela. El objetivo de las nuevas autoridades, respaldadas de facto por la presión militar y diplomática estadounidense, parece ser construir una narrativa de reconciliación nacional que, al mismo tiempo, reduzca tensiones con gobiernos occidentales críticos del chavismo. Sin embargo, tales medidas también pueden generar fricciones internas, especialmente entre sectores militarizados que aún mantienen lealtades profundas hacia estructuras previas de poder.
En conclusión, la liberación de presos políticos y la purga en las fuerzas armadas venezolanas representan aspectos cruciales de la etapa post-Maduro en Venezuela. Pese a la incertidumbre y los retos que enfrentan las nuevas autoridades, estos hechos constituyen pasos significativos en la redefinición del panorama político venezolano y en la posible apertura hacia la normalización de relaciones con la comunidad internacional.
Fuentes: