Por Alessia Genoves
Maras y pandillas afectaron al 40.6% de las personas LGBT. El dato refiere a operaciones del crimen organizado, perpetrados durante la aplicación del Plan Control Territorial, y hasta el segundo mes de vigencia del Régimen de Excepción, de acuerdo con el informe “Democracia y derechos humanos. LGBTIQ+ a 3 año de gestión presidencial”, de la Fundación Cristosal. El dato contrata con el 28% de las afectaciones perpetradas por “civiles”; y el 17%, por “servidores públicos”
Cabe destacar que el Régimen de Excepción es política de seguridad pública que busca la contención de unas 70 mil personas, “activas” en maras y pandillas. Hasta la fecha, cerca de 40 mil personas han sido arrestadas; y más de 31,600 recibieron orden de detención provisional, tras ser acusadas de pertenecer a maras y pandillas. Estos grupos son responsabilizados de cometer la mayor parte de los homicidios en el país.
Homicidios
La Fundación Cristosal reportó una proporción de al menos el 3.4% de casos sobre “homicidio de un familiar”. En otros casos, la “discriminación, maltrato, amenazas por orientación sexual” fue reportada en el 26.3% de las denuncias recibidas por la organización; otro 16.9% responde a situaciones de “amenazas”; mientras que un 6.8% tuvieron qué ver con “lesiones” y otro 5.9% con “lesiones por orientación sexual”.
Sin embargo, la frecuencia en la comisión de delitos va en descenso, en todo el país. Hasta el pasado 20 de mayo, el criminólogo Ricardo Sosa detalló que de las aprehensiones realizadas, durante el Régimen de Excepción, resultaron en capturas sobre el “tráfico ilícito de droga (1.349), amenazas (1.164), homicidio (493), desaparición de personas (36), extorsión (453), robo (225), violación (345), lesiones (1.104)”.
Entretanto, delitos como los de “homicidio” se han reducido significativamente, de acuerdo con la PNC. Las cifras fueron decreciendo desde el pasado mes de abril, con apenas 23 homicidios. La cifra es menor respecto a los 126 hechos de sangre reportados en la misma fecha de 2021; y a los 93 del 2019.
Pese a las amenazas perpetradas por pandillas y servidores públicos, los reportes de homicidios contra personas LGBT se están contrayendo, al ritmo en que lo hace el total de homicidios contra la población salvadoreña:
De modo que, de los 3,942 homicidios reportados por la Policía Nacional Civil (PNC), de los que 26 serían de personas LGBT+, en 2017. En 2018, los reportes eran de 3,340 homicidios, de los que 16 serían de personas sexo-diversas. En 2019, los registros generales de homicidios eran de 2,398, de los que al menos 10 respondería a la población LGBT+. En 2020 se reportaron 1,341 homicidios y en 2021, otros 1,140; en ambos años, al menos 8 personas LGBT+ fueron las asesinadas.
Detenciones Arbitrarias
“18 detenciones arbitrarias” contra personas de la población LGBT, por otra parte, fueron reportadas durante los dos primeros meses de vigencia, del Régimen de Excepción.“Las denuncias no eran interpuestas de manera directa, sino que son sus familiares”, detalló la representante de Cristosal, Rina Monti. El dato se suma entre las 338 denuncias tramitadas por la organización, hasta el mes de abril de éste año.
Otros informes, los de la Procuraduría para la Defensa para los Derechos Humanos (PDDH), detallan que unas 1,931 denuncias sobre supuestas “vulneraciones a los derechos humanos en el marco de Régimen de Excepción” serán revisadas por la institución, de acuerdo con el Plan Nacional de Verificación. Los datos rendidos por la institución no pormenorizan, sin embargo, las orientaciones de género ni las identidades sexuales.
Al menos 3 personas trans había sido identificada por Cristosal,en los registros de detenciones arbitrarias, de acuerdo con las declaraciones de Monti a la prensa. Sin embargo, los contrastan con al menos cuatro de los divulgados por ContraPunto. En sus hallazgos, el periódico salvadoreño identificó que la mujer transexual, Keiry Molina (11 de mayo), fue llevada al Centro Penal La Esperanza; y que Dayana Alegría y Kendra Galdamez (27 de abril) fueron trasladadas a un centro penal del occidente del país. Hasta esas fechas, las mujeres no habrían sido trasladadas al Centro Penal de Usulután, especializado a la contención de personas transgénero y transexuales.
Otra denuncia social tuvo lugar el pasado 21 de abril. La organización Cultura Trans denunció el arresto de su representante transexual, Abel Moya. Con Amate compartieron el supuesto de que el procedimiento era arbitrario, al referirse a la detención que documentaron a las 1:45 PM, mientras “lo bajaron de la ruta 4 por la parada de la garita en Ciudad Delgado”. Sin embargo, Moya fue liberado en las próximas horas, sin que se le comprobara la comisión de ningún delito.
Desplazamientos forzados
Unas 37 personas LGBT fueron víctimas de desplazamientos forzados, durante el mes de enero de 2021 al mes de mayo de 2022, según el informe. La mayor parte victimas se identifican con el género femenino, de acuerdo con una proporción del 57%; y con el género masculino, en el 40%. Estos datos incluyen a población transgénero y transexual, incluido el 3% restante de la población “no binaria”.
Monti detalló que entre los 18 casos de presuntas detenciones arbitrarias “hay amenazas contra sus familiares, y después éstas tienen que desplazarse internamente”. Esta situación tuvo lugar en al menos un caso. Añadió que 4 de los mismos representan a personas “gays”; otros 4, a personas “lesbianas” y otros 10 a “personas bisexuales”.
Al menos un caso de desplazamiento forzado sucedió tras una detención, porque “hay amenazas contra sus familiares, tras las detenciones”, señaló Monti. “La vulneración no solo se hizo contra la persona que fue detenida, sino que también hubo una amenaza tras la detención”, reiteró.
El Estado
Cristosal sostiene que el Estado Salvadoreño ha reducido la atención pública, a favor de personas LGBT, en el transcurso de los 3 años de la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En concreto, el Ministerio de Cultura retomó las obligaciones de la Secretaría de Genero y Diversidad Sexual, en una Unidad de Género, del Ministerio de Cultura. Aunque la representante de la organización, Amalia Leiva, sostuvo que el alcance ministerial es mayor respecto al de una secretaría, la fundación determinó que “bajó el perfil”, la decisión de gobierno tomada en 2019.
ContraPunto documentó las entregas de canastas solidarias a personas LGBT por parte del Ministerio de Cultura, durante la alerta máxima por la pandemia del covid19; sin embargo, el trabajo administrativo no ha declarado, en su totalidad, por lo que Cristosal reprocha su in-transparencia.
Cristosal también puntualiza que las personas LGBT no dejaron de recibir agresiones físicas y sexuales, durante el Régimen de Confinamiento, en 2020. La situación fue recurrente para mujeres transexuales como Vanessa y Abigail Mendez, quienes fueron acosadas sexualmente por autoridades de la PNC; y golpeadas de gravedad por ciudadanos comunes, de acuerdo con sus declaraciones a ContraPunto.
El desplazamiento forzado interno también incrementó, por situaciones de violencia, desastres naturales, condiciones de precariedad relacionadas con la insostenibilidad al pago de vivienda, detalla Cristosal.“En el 2020, se incrementa el número de desplazamientos forzados en la población LGBT. Sobretodo porque, al no tener una fu¡ente de ingresos económicos, no podían sostener alquileres”, aclara Amalia Leiva.
En su balance general, Crstosal también denuncia la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, sobre el archivado de la propuesta por una Ley de Identidad de Género. Fue definida como “obsoleta”, y que “no responde a las necesidades actuales de la población salvadoreña”, según lo declararon sus representantes.
“Fue tachada de obsoleta, y que no representaba ninguna realidad; cuando las diferentes organizaciones de derechos humanos (..) hemos evidenciado, a través de informes y de estudios, la realidad que enfrentan las personas trans en nuestro país”, manifestó a ContraPunto, en su momento, Amalia Leiva.
En respuesta, las organizaciones sociales enviaron su propuesta. El primer petitorio fue recibido por la diputada Norma Lovos de Nuevas Ideas, y por la diputada Anabel Belloso, del FMLN. Finalmente recibió la moción de las diputadas Anabel Belloso y Rocío Menjívar, ambas del partido FMLN; y por la diputada suplente de Jhonny Wright, Linda Funes, por el partido Nuestro Tiempo, el pasado 21 de agosto del año pasado.
Las organizaciones buscan la aprobación de una Ley de Identidad de Género. Y aunque Amalia Leiva sostiene que no es suficiente la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional, que ordena la adecuación de la Ley del Nombre, en favor de personas trans; define a ésta como un “primer paso”, para la concreción de las condiciones idóneas, para aprobar una Ley de Identidad de Género.
Entre otras cosas, Cistosal señala que existe una “falta de registros e investigación de desapariciones de personas trans”; así como una “falta de acceso a la justicia. Según datos de organizaciones LGBTIQ+, solo tres de aproximadamente 600 transfeminicidios ocurridos desde 1992 han sido judicializados”. Estas condiciones serían reiteradas, tras el fin de la Guerra Civil de El Salvador, y no exclusivas durante el gobierno salvadoreño.
