Redacción ContraPunto
Adquisiciones para el alojamiento de jugadores en los Juegos Centroamericanos y del Caribe no serán reguladas con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de Servicios. Ésta condición responde a una interpretación auténtica a la normativa que regula la “Ley de Creación del Comité Organizador de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023”, que se celebrará en las instalaciones de la Universidad de El Salvador.
65 votos a favor han dado vigor a la iniciativa. El escrutinio parlamentario se celebró en la Sesión Plenaria N.º 89 de la Asamblea Legislativa, consiguiendo la aprobación del Dictamen N.º 207 favorable, de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. En su contenido, reza que será el Comité Organizador la institución que regule las “adquisiciones y contrataciones de obra bienes y servicios”, necesarios para la gestión del alojamiento de deportistas que participen en el evento.
Comisión reguladora
Insumos y adquisiciones serán reguladas por la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Unac), según lo define el inciso 2º del artículo 2 de la referida ley, a la que precede el Dictamen para su interpretación auténtica. La institución es creada con el propósito de administrar las adquisiciones y contrataciones en la gestión del alojamiento para deportistas, sin el ejercicio de la Ley Lacap.
No obstante, el inciso 1º del artículo establece que excepciones, particularmente, para el “incumplimiento, infracciones y sanciones, a fin de garantizar el debido proceso ante incumplimientos de las obligaciones de parte de los contratistas”. A éstas condiciones también estaría sujeto el proyecto de “mejoramiento de instalaciones de la UES, para alojamietno de atletas, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe”.
Al mismo tiempo, la Ley Lacap permanece ausente en la adquisición del “equipo, bienes y servicios, la construcción y reconstrucción de obras de infraestructura deportiva, que se financien con recursos del Fondo General”, mismas que se regularán conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones.
Es decir, que el resto de las actividades se darán por Contratación Directa, “mediante resolución razonada emitida por el titular de la institución, junta directiva, consejo directivo o concejo municipal, según sea el caso”, a través del “Sistema Electrónico de Compras Públicas”.
