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Por Alonso Rosales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) atraviesa una de las crisis financieras más graves de su historia reciente. Tras más de un año de advertencias públicas por parte de su Secretario General, la organización enfrenta un déficit que amenaza con paralizar funciones esenciales del sistema multilateral en cuestión de meses. Las medidas de austeridad implementadas desde 2024 —incluyendo congelación de contrataciones, reducción de gastos operativos y eliminación de puestos vacantes— no han sido suficientes para cubrir el creciente vacío presupuestario.
La situación no es un simple problema contable. De no abordarse con urgencia, podría derivar en la interrupción parcial de operaciones fundamentales e incluso en el cierre temporal de áreas de la sede central en Nueva York durante el verano. Más allá del impacto administrativo, el trasfondo es profundamente político: la estabilidad financiera de la ONU depende directamente del cumplimiento de las contribuciones obligatorias por parte de sus Estados miembros.
Infrafinanciación como herramienta política
De acuerdo con el artículo publicado por The New York Times titulado “La ONU dice que está en peligro de colapso financiero debido a cuotas impagas”, más del 95% de los montos adeudados al presupuesto regular corresponden a Estados Unidos, el principal contribuyente individual de la organización. Esta cifra refleja el enorme peso financiero que tiene Washington en la estructura presupuestaria del organismo.
El sistema de financiamiento de la ONU se basa en contribuciones evaluadas —cuotas obligatorias calculadas según la capacidad económica de cada país— y en aportaciones voluntarias destinadas a programas específicos. Cuando un Estado retrasa o retiene sus pagos, el efecto es inmediato: se limita la capacidad operativa, se ralentizan proyectos y se reducen servicios esenciales.
A principios de año, el 8 de febrero, 55 de los 193 Estados miembros habían pagado íntegramente sus contribuciones evaluadas, lo que representa un aumento significativo respecto a años anteriores. Este dato sugiere que numerosos países han intentado responder a la gravedad de la situación cumpliendo puntualmente con sus compromisos financieros. Sin embargo, la magnitud de la deuda acumulada por los principales contribuyentes impide que estos esfuerzos compensen el déficit estructural.
El llamado de 1,200 organizaciones feministas
En medio de esta crisis, más de 1,200 organismos y redes feministas de distintas regiones del mundo han alzado la voz para exigir a los Estados miembros que cumplan con el pago inmediato de sus cuotas. En una declaración conjunta, estas organizaciones advierten que la falta de financiamiento no es un asunto técnico, sino una decisión política que impacta directamente en los derechos de mujeres y niñas a nivel global.
Las firmantes sostienen que la infrafinanciación amenaza particularmente los programas vinculados a la igualdad de género, la prevención de la violencia contra las mujeres y el apoyo a defensoras de derechos humanos en contextos de conflicto. Desde su perspectiva, permitir el debilitamiento financiero de la ONU implica socavar décadas de avances normativos y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Las organizaciones feministas subrayan que el multilateralismo ha sido una herramienta clave para impulsar estándares globales de protección y que su debilitamiento favorece retrocesos democráticos. En su llamado, instan especialmente a los grandes contribuyentes a no utilizar el presupuesto como mecanismo de presión política y recuerdan que el financiamiento adecuado es una obligación legal y moral derivada de la membresía en la ONU.
Riesgos para el sistema multilateral
La ONU no es solo una institución burocrática; es el principal foro de diálogo político internacional, coordinador de operaciones de paz, promotor de derechos humanos y articulador de respuestas humanitarias globales. Un colapso financiero afectaría desde misiones diplomáticas hasta programas de desarrollo y asistencia humanitaria en regiones vulnerables.
Además, la crisis alimenta un problema más amplio: el debilitamiento del multilateralismo en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, guerras regionales y desafíos globales como el cambio climático y las crisis migratorias. La infrafinanciación deliberada puede convertirse en un instrumento de presión política, erosionando la independencia institucional y limitando la capacidad de acción colectiva.
Un llamado urgente
Expertos en gobernanza global advierten que permitir que la ONU se acerque al colapso financiero enviaría una señal preocupante sobre el compromiso de las grandes potencias con el orden internacional basado en reglas. Si bien la organización ha enfrentado crisis presupuestarias en el pasado, el escenario actual combina retrasos significativos en pagos con un entorno político internacional cada vez más polarizado.
La sostenibilidad financiera de la ONU no es únicamente responsabilidad de la Secretaría General, sino de los Estados miembros que la conforman y financian. Resolver la crisis requiere voluntad política inmediata, cumplimiento de las obligaciones financieras y un debate serio sobre la reforma del modelo de financiamiento para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
De lo contrario, el mundo podría enfrentar no solo el debilitamiento de una institución histórica, sino un vacío aún mayor en la gobernanza democrática global.