Por: Francisco (Chico) Campos
En la década entre 2010 y 2020, innumerables familias de cantones, barrios y poblados en todo el país fueron forzadas a abandonar sus viviendas bajo amenazas de muerte perpetradas por maras y pandillas. Estos grupos criminales se adueñaban de los inmuebles desalojados para convertirlos en sus casas “destroyer” u operativas, o bien para entregarlas a sus familiares y colaboradores. Ante este panorama desolador, centenares de personas se vieron obligadas a migrar dentro del territorio nacional o a buscar refugio de manera indocumentada en el exterior.
La magnitud de esta crisis humanitaria quedó registrada en diversos estudios oficiales e institucionales de la época. Un informe de caracterización de 2018, liderado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con apoyo de ACNUR, reveló que entre 2006 y 2016 aproximadamente 71,500 personas sufrieron desplazamiento interno a causa de la violencia. Por su parte, el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) documentó picos alarmantes con 220,000 nuevos casos estimados en 2016 y un récord de 296,000 en 2017, atribuyendo la sociedad civil más del 85% de estos desplazamientos a la accióndelictiva de las pandillas.
La imposibilidad de hallar seguridad y garantías mínimas impulsó un éxodo masivo hacia otras fronteras en busca de protección internacional. Las solicitudes de asilo de ciudadanos salvadoreños ante ACNUR se dispararon de forma drástica, registrando 59,400 nuevas peticiones a nivel global en 2017. Asimismo, las estadísticas de personas retornadas reflejaban que el terror social era el motor principal de la huida, incrementándose año con año el porcentaje de adultos y niños deportados que declaraban haber abandonado el país huyendo de la violencia.
Documentar esta realidad desde el terreno implicaba desafíos extremos y riesgos mayúsculos durante aquellos años aciagos. Obtener imágenes de los desalojos era extremadamente difícil, lográndose capturar fragmentos de esta tragedia únicamente al amparo de la presencia de soldados y policías cuando intervenían en escenas de crímenes, masacres o diligencias judiciales. Las viviendas vacías quedaron como mudos testigos de huidas apresuradas, donde las familias apenas alcanzaban a rescatar lo más indispensable de sus escasas pertenencias, congelando en el tiempo la urgencia y el miedo de la partida.
Años después, el profundo desmantelamiento del control territorial ejercido por las estructuras criminales ha transformado radicalmente el panorama nacional. Los flujos migratorios experimentaron dinámicas inversas con incrementos notables en las entradas al país y una caída sustancial en el porcentaje de salvadoreños retornados que señalan a la violencia como causa de su salida. Esta galería fotográfica rescata del archivo visual aquellos fragmentos de dolor y resistencia, recordando el costo humano de una época que marcó profundamente a la sociedad salvadoreña.
Redacción con IA.