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Por Alonso Rosales
El pasado 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico que podría marcar un antes y un después en la política comercial estadounidense. En una decisión 6 a 3, el máximo tribunal determinó que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer aranceles generalizados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), abriendo así un escenario complejo sobre qué sucederá con los cientos de miles de millones de dólares recaudados en aranceles durante ese periodo.
Un fallo que cambia las reglas del juego
La Corte Suprema concluyó que el uso de la IEEPA para imponer aranceles no estaba respaldado por el Congreso y, por tanto, era ilegal. Aunque el fallo invalida la mayoría de los aranceles impuestos, no estableció cómo ni si el Gobierno federal deberá devolver el dinero recaudado. Esta omisión ha generado grandes incertidumbres entre importadores, empresas, y analistas jurídicos.
Según CNN, la cifra en disputa supera los US $134 000 millones, cifra que representa los aranceles pagados por más de 300 000 importadores estadounidenses desde que entraron en vigor dichas tarifas.
Quiénes podrían recibir reembolsos
Aunque la Corte no estableció un mecanismo claro, varios elementos permiten esbozar quiénes podrían ser los principales beneficiarios de un proceso de devolución:
Importadores de registro
Los expertos legales coinciden en que solo las empresas registradas como importadores de mercancías ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrían presentar reclamaciones legítimas para recuperar los aranceles pagados. Es decir, aquellas entidades que directamente ingresaron productos al país y pagaron los aranceles tendrían prioridad en la cola de reembolsos.
Empresas que ya presentaron demandas
Antes incluso del fallo final, más de 1 500 empresas presentaron demandas en el Tribunal de Comercio de los Estados Unidos para asegurarse un lugar en los posibles reembolsos. Esto incluye grandes multinacionales que han tratado de “asegurar” sus derechos mediante acciones preventivas.
Litigios futuros y tribunales inferiores
Debido a que la Corte Suprema no reglamentó el proceso de devolución, la mayoría de las reclamaciones tendrán que ser litigadas ante tribunales inferiores, especialmente el Tribunal de Comercio. Esto significa que incluso empresas con argumentos sólidos tendrán que iniciar acciones legales formales antes de poder cobrar.
¿Y las empresas que no importan directamente?
Un punto crucial ha generado debate: las compañías que no son importadoras de registro pero que sufrieron el impacto económico indirectamente —como distribuidores, minoristas o fabricantes cuya cadena de suministro involucra bienes importados— podrían no calificar para reembolsos directos. La Cámara de Comercio Internacional ha advertido que estos actores podrían verse excluidos del proceso formal de devoluciones, incluso si parte de los costos de aranceles recorrió toda la cadena productiva.
¿Qué pasará con los consumidores?
Según economistas consultados en el reportaje de CNN, es muy poco probable que los consumidores finales reciban cheques o reembolsos directos por los aumentos de precios que enfrentaron debido a estos aranceles. Aunque los importadores puedan recuperar dinero, no hay ninguna obligación legal de que esto se traduzca en reducción de precios o devoluciones a los usuarios finales.
Un proceso legal largo y complejo
Tanto legisladores como funcionarios del gobierno han indicado que este proceso podría prolongarse años, posiblemente hasta cinco o más, según declaraciones públicas de Trump tras el fallo y las interpretaciones de abogados especializados.
Además, expertos han señalado que el procedimiento requerirá demandas individualizadas y presentaciones detalladas, lo que implica un costo significativo en tiempo y recursos para las empresas reclamantes.
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