Por Alonso Rosales
Tras días de intensos debates y profundas discrepancias, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves la Ley de Amnistía para los Presos Políticos, un proyecto de alto impacto político que busca poner fin a años de detenciones por motivos políticos y atender la presión de familiares, organizaciones civiles y sectores internacionales por la liberación de personas encarceladas por motivos ideológicos.
La normativa, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, obtuvo luz verde en segunda discusión después de aproximadamente dos horas de sesión en el parlamento dominado por el oficialismo. La aprobación se produce tras una semana marcada por desacuerdos sobre el contenido y alcance de la norma, en particular sobre si activistas, opositores y líderes políticos en el exilio podrían beneficiarse de sus disposiciones.
Desde el inicio de la discusión legislativa, distintos sectores alertaron sobre un artículo clave que podría restringir el acceso a la amnistía si las personas beneficiarias deben presentarse ante tribunales venezolanos, lo que complicaría su aplicación para quienes se encuentran fuera del país y que enfrentan órdenes de detención por motivos políticos.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos mantuvieron una huelga de hambre y protestas fuera de centros de detención, reclamando que la ley fuese verdaderamente amplia y sin condiciones que limiten su alcance. Según datos de la ONG Foro Penal, más de 600 personas permanecían encarceladas por razones políticas antes de la aprobación de la ley, cifra que ha ido disminuyendo gradualmente con excarcelaciones parciales anunciadas por el Gobierno en las últimas semanas.
La ley de amnistía comprende detenciones y procesos que se remontan a distintos períodos de protestas y confrontaciones políticas desde 1999, aunque excluye a personas procesadas o condenadas por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas, violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra, de acuerdo con variantes del texto en discusión y críticas de expertos.
Si bien la aprobación representa un gesto hacia la reconciliación y la reducción de tensiones domésticas y externas, sectores de la oposición han expresado reservas sobre la implementación práctica de la amnistía y su capacidad para garantizar que todos los que estuvieron detenidos por motivos políticos realmente queden libres de cargas judiciales.
La ley deberá ser promulgada y publicada en la Gaceta Oficial para entrar formalmente en vigor, un paso que, ante su carácter polarizante, será observado atentamente por la comunidad internacional, activistas y familiares que han seguido de cerca el proceso.
Fuente: CNN en Español por Rocío Muñoz-Ledo / CNN Newsource.