Por Redacción ContraPunto
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 57 votos una reforma a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa con el objetivo de actualizar el marco normativo que regula a este sector, facilitar su formalización y ampliar las oportunidades de financiamiento y crecimiento para los pequeños negocios del país.
Las modificaciones buscan modernizar la legislación que rige a las micro y pequeñas empresas (MYPE), consideradas el motor principal del tejido productivo nacional y un pilar clave en la generación de empleo y dinamización de la economía.
Durante el análisis de la propuesta, el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, expuso a los legisladores que las MYPE representan el 99.6 % del total de empresas en el país y el 89.5 % de los patronos formales activos, lo que evidencia su peso dentro del aparato productivo salvadoreño.
Nuevos criterios para clasificar empresas
Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la actualización de los criterios que definen el tamaño de las empresas.
De acuerdo con la nueva normativa, una microempresa será aquella que registre ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y cuente con un máximo de 10 trabajadores. En el caso de las pequeñas empresas, estas podrán tener ingresos de hasta 5,000 salarios mínimos anuales y una plantilla de hasta 50 empleados.
Asimismo, las microempresas se subdividirán en tres categorías: subsistencia, acumulación y expansión, con el propósito de identificar con mayor precisión su nivel de desarrollo y diseñar políticas públicas adaptadas a sus necesidades.
Las microempresas de subsistencia serán aquellas con ventas anuales de hasta 57 salarios mínimos mensuales y un máximo de dos trabajadores. Las de acumulación registrarán ingresos superiores a ese monto y hasta 300 salarios mínimos mensuales al año, con entre tres y cuatro empleados. Mientras tanto, las microempresas de expansión podrán alcanzar hasta 500 salarios mínimos mensuales anuales y contar con entre cinco y 10 trabajadores.
Pago oportuno y menos burocracia
La reforma también incorpora disposiciones destinadas a proteger a los pequeños negocios frente a prácticas que afectan su sostenibilidad, como los retrasos en los pagos por bienes y servicios.
En ese sentido, se establece que las instituciones deberán cancelar en un plazo máximo de 30 días los bienes o servicios proporcionados por una MYPE. En caso de incumplimiento, deberán asumir el pago de intereses.
Además, la normativa introduce el principio de proporcionalidad en los trámites y costos administrativos, con el fin de evitar cargas excesivas para las micro y pequeñas empresas y facilitar su proceso de formalización. También promueve la simplificación de trámites, una medida orientada a reducir la burocracia que ha sido identificada como una de las principales barreras para que muchos emprendimientos se registren formalmente.
Coordinación para el desarrollo local
Entre los cambios aprobados también destaca la creación del Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, un mecanismo que busca fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, el sector empresarial y actores territoriales para impulsar el crecimiento del sector. Este sistema será implementado y supervisado por CONAMYPE.
Asimismo, los gobiernos municipales deberán establecer Mesas Técnicas Representativas Locales, espacios de diálogo entre autoridades, empresarios y organizaciones vinculadas a las MYPE para promover proyectos y programas que impulsen el desarrollo económico en los territorios.
Mayor acceso al financiamiento
Las reformas también incluyen medidas orientadas a fortalecer la inclusión financiera del sector. El sistema financiero deberá impulsar servicios y productos adaptados a las necesidades de las MYPE, con el objetivo de facilitar su acceso al crédito.
Para ello, la banca estatal y el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera promoverán instrumentos como sistemas de garantías, fideicomisos, arrendamiento financiero y capital de riesgo.
Además, los programas de financiamiento deberán considerar las características propias de las micro y pequeñas empresas, con requisitos más flexibles que contemplen su capacidad de ingresos, el uso de garantías solidarias, el historial crediticio y el tiempo de operación, con el fin de fomentar su formalización y competitividad en el mercado.