Por Alessia Genoves
Katia recupera su libertad. Fue acusada de cometer el delito de homicidio agravado en 2019, hasta que la justicia salvadoreña determinó que era inocente. La joven de 22 años de edad pasó cerca de tres años en prisión, hasta que el el 19 de octubre fue sobreseída definitivamente.
“Crimilizada injustamente por la FGR”, así es como la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto define el proceso que se ejecutó en contra de Katia, Detalla que la joven fue procesada “sin contar con pruebas” en dos ocasiones, al término de cada una de las cuales fue sobreseída.
65 mujeres recuperaron su libertad, tras ser acusadas por el delito de homicidio agravado en perjuicio del feto al que no pudieron concebir. El dato lo expone la Agrupación, que reitera que el gobierno salvadoreño debe responder a las órdenes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH), y evitar la criminalización del aborto. Hace notar, del Sistema Nacional de Salud, quede 495 niñas y adolescentes fueron registrados abortos espontáneos, precedidos por abusos sexuales.
Katia Criminalizada
Katia fue criminalizada, a juicio de la Agrupación. Los hechos que fueron descritos en una circular, de forma oficial, demostraron que la acusada habría sufrido una emergencia obstétrica, condicionada por su situación de salud. Se descartaría, por tanto, que Katia hubiera cometido el delito de homicidio agravado, al que fue imputada por la FGR en 2019.
“Katia se encontraba en su casa junto a su hijo de dos años. Sintió ganas de ir al baño y en ese momento tuvo el parto extra-hospitalario. Ella y la recién nacida fueron llevadas por sus familiares al hospital en busca de ayuda médica. A ella la denunciaron y su hija falleció”, describe la Agrupación.
Recibió la acusación formal del delito, en el año 2019. Pero la audiencia preliminar que celebró el Juzgado de Instrucción de Ahuachapán, desde el pasado 12 de octubre de 2020 -según lo detalló la agrupación-, “declaró su sobreseimiento definitivo de la acción penal en contra de Katia”.
No conforme con el resultado judicial, el Ministerio Público Fiscal demandó, ante la Cámara de la Tercera Sección de Occidente de Ahuachapán, la apelación en contra de la resolución que definió su sobreseimiento. Sin embargo, hasta el pasado 13 de septiembre de 2022, la Cámara no dio apertura a juicio.
Kati fue, en consecuencia, desposeída de la responsabilidad penal que le imputaba la FGR. Esto es así, ya que, según lo concluye la Agrupación, el pasado 19 de octubre, “el juzgado de Instrucción de Ahuachapán otorgó el sobreseimiento definitivo a Katia”.
Morena Herrera, titular de la Agrupación, expresó: “Nos sentimos satisfechas porque hemos logrado que otra mujer recupere su libertad. Una vez más hemos logrado enfrentar y revertir los afanes criminalizadores, que sin fundamento y pruebas que demuestren la comisión de un delito, persiguen, acusan y buscan condenar a mujeres que han sufrido una emergencia obstétrica”.
Quieren vivir
Muertes de madres primerizas, y por la desmejora de sus condiciones de salud, han acontecido a hechos relacionados con labores de parto y emergencias obstétricas. El Ministerio de Salud (Minsal) reportó hasta 1,664 muertes neonatales al cierre del año fiscal 2021. En ese año al menos 40 madres habrían muerto en labor de parto, hasta el mes de septiembre; mientras que 3,261 de ellas registraron condiciones de morbilidad, asociadas con la mortinalidad.
Los embarazos de riesgo son susceptibles de desarrollar afecciones en la salud en las personas embarazadas. Tal es el caso de las 33 niñas embarazadas, con edades de 9 y 11 años, reportadas por el Minsal en 2021. Otras 495 niñas y adolescentes, con edades de 12 y 17 años, resultaron embarazadas; pero condición de salud ocasionó “abortos espontáneos”
“Quiere vivir” es una expresión reiterada que la agrupación hace, sobre mujeres que perdieron la vida porque sus condiciones de salud desmejoraron en labor de parto. En específico, refieren la frase al caso de Beatriz, como es conocida la joven que en el año 2013, solicitó la interrupción de su embarazo de riesgo, al haber sufrido lesiones tras un incidente de motocicleta. Aunque su historial clínico indicó que padecía de lupus eritermatoso sistémico, que desmejoró sus defensas.
Beatriz, ante la ausencia de respuesta del sistema público de salud, mantuvo un embarazo no viable por casi 80 días. La gestación, y las condiciones de salud de Beatriz, sólo desmejorarían la condición de salud del feto, ya que habría reportado tener malformaciones encefálica. Las condiciones de Beatriz sólo desmejoraron, hasta que en el año 2017, declararon su deceso.
El Salvador, de hecho, ha sido declarado culpable y responsable del deceso de una madre de familia conocida popularmente como Manuela. La pena la estableció en diciembre del año 2021, cuando manuela había fallecido 11 años atrás.
Manuela fue condenada a prisión, tras ser definida como culpable del delito de homicidio agravado en perjuicio del feto que se encontraba gestando durante meses en su vientre, cuyo cuerpo lo habrían encontrado en el interior de una letrina. La pena la estableció el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera tan sólo 7 mese después de su aprehensión; pero 11 años después -tras su muerte en 2010- fue declarada inocente por la Corte-IDH.
La Corte-IDH, al término del juicio amparado en el caso de Manuela, estableció una serie de sanciones en contra de El Salvador. Además de exigir en resarcimiento de las víctimas familiares, impuso el deber de “adecuar su regulación relativa a la dosimetría e la pena del infanticidio” y el “tomar medidas necesarias para garantizar la atención integral en casos de emergencia obstétricas”.
Si bien, el Estado debe acatar las exigencias de la Corte, en un plazo menor o igual a los 18 meses establecidos, varias mujeres han sido vencidas en juicio, bajo las mismas condiciones durante los últimos meses. Hasta el pasado 12 de mayo, el sistema judicial estableció una sanción de 30 años de prisión en contra de Esme; y una pena de hasta 50 años cárcel se estableció en contra de Lesly Ramírez, desde el pasado mes de julio. Hasta septiembre de éste año, Josselyn abarca también recibió la misma pena, tras sufrir episodios de hemorragias vaginales.
