Por: Alessia Genoves
Traumas en el cuello y fracturas en la columna causaron el deceso de la mujer transexual, Anahí Miranda Rivas, tras ser arrojada de un vehículo automotor, en horas de la madrugada del día 27 de octubre de 2019. El principal sospechoso es el ciudadano Juan Carlos Hernández Vásquez, quien permanece en prisión, y se ha ausentado a las audiencias que determinarán su inocencia o culpabilidad.
Hernández Vázquez no asistió a las audiencias programadas en los últimos ocho meses. Según lo detalla el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, el proceso se ha prorrogado tres veces; pero, en la últimas dos, las autoridades del Centro Penal Apanteos, en el que alberga el imputado, han negado su salida.
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El Caso
El proceso penal que imputa a Hernández Vázquez responde a las acusaciones de “homicidio agravado con alevosía, premeditación o con abuso de superioridad”, que se establecen en el articulo 129 del Código Penal, según lo informó, en su momento, la representación fiscal del caso. Los actos se habrían cometido el pasado 27 de marzo, en perjuicio de Miranda Rivas.
Luego de que Miranda Rivas se acercara al conductor del vehículo de su agresor, durante más de “7 minutos”, testigos sólo pudieron observar que la víctima colgaba “con la mitad de su cuerpo adentro de la camioneta, y pasa algo… y acelera la camioneta, e inicia la marcha. Él acelera, la lleva guindada 435 metros y la lanza. La víctima cae en el camellón central del Bulevar de los Héroes. Y, del golpe tiene lesiones que, obviamente, le causaron la muerte”, detalló la representación fiscal, de acuerdo con los testimonios recolectados.
Las autoridades fiscales aseguran que el asesino de Miranda Rivas es Hernández Vázquez, debido a que los resultados del rastreo por geolocalización del automotor; por las llamadas telefónicas, las cámaras de seguridad y los testigos así lo aseguran. Pese a ello, las imágenes de prueba no exponen el rostro de Hernández Vázquez, por lo que la defensa descarta las imputaciones.
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8 Meses sin Audiencia
El imputado ha permanecido bajo custodia de las autoridades de justicia y de seguridad pública, desde su captura, el pasado 19 de diciembre de 2019. No obstante, su detención provisional fue impuesta desde el pasado 17 de enero, por la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
El caso ha transcurrido hasta la fase de sentencia, desde que el árbitro de justicia, del Juzgado Primero de Instrucción, así lo decretó el pasado 11 de marzo del año presente. Sin embargo, ya han pasado ocho meses desde que el caso ha dejado de ventilarse; pues el imputado ha permanecido ausente desde la audiencia que se programó para el 1 de julio.
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“La audiencia estaba programada el 1 de julio; y el 1 de julio se re programó porque no vino la defensa del imputado. En eso, pasó para el 13 e agosto. Y el 13 de agosto trajeron a otro imputado, en lugar de él, el 13 de agosto. Al parecer, en el centro penal hay otro imputado con el mismo nombre, que nada qué ver”, detallaron las autoridades del Juzgado Quinto de Sentencia, instancia que ya aborda el caso.
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Pero tampoco tuvo lugar la audiencia que se programó para éste día, lunes 11 de octubre. Las razones siguen respondiendo a la ausencia del imputado; pero ésta vez, el centro penal no autorizó la salida del imputado.
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“Para éste día, nos informaron que no autorizó el penal la salida del reo, porque tampoco coincidía la general. Como la vez pasada nos trajeron a otro; no sé qué problemas tienen en el penal con el imputado. Por esa razón, sin el imputado, no se puede hacer la vista pública”, detallan las autoridades del Quinto de Sentencia. .
Las autoridades prevén desarrollar la audiencia hasta el próximo 14 de diciembre; pero, si la fecha vuelve a posponerse, podría desarrollarse hasta finales del mes de febrero, “porque tenemos exageradamente expedientes de todos los años”, añade el Tribunal.
El Código Procesal Penal establece que “si no es posible realizar la audiencia por incomparecencia del imputado u otro motivo, el juez fijará nuevo día y hora y dispondrá todo lo necesario para evitar su frustración. No obstante, si la incomparecencia por segunda vez se debe a la negativa del procesado detenido a concurrir, constatado ello por informe del Director del presidio respectivo, a juicio prudencial del juez, podrá realizarse la audiencia sin la presencia del mismo” (párr. 3, Art. 361. Cód. Proc Pn).
Dicho código también establece que la prisión preventiva tiene una duración de tan sólo tres años, mientras que los delitos que la carga penal por la que se le imputa a Hernández Vázquez tiene un plazo de prescripción de hasta veinte años. A la fecha, han transcurrido tan sólo un año y cerca de diez meses. Por lo que la administración de justicia tiene un plazo de cerca de un año con dos meses para culminar con la sentencia, antes de que finalice la prisión preventiva.
Por otra parte, y pese a su elevada demanda judicial, las autoridades del Quinto de Sentencia informan que han presionado al Centro Penal Apanteos, para hacer comparecer al reo a la justicia.
“Nosotros siempre hemos mandado copia del DUI, del señor, para que traigan a éste imputado”, detallaron.
Por otra parte, éste no sería el principal motivo por el que el proceso se ha dilatado. A partir del 22 de junio del año 2020, la Asamblea Legislativa decretó la suspensión de los plazos procesales, tras la aprobación del anteproyecto de ley No. 672; que exceptuaba, sin embargo, los procesos de inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamento; así como el amparo y la exhibición de la persona.
“Es indispensable que en estos casos se garantice justicia y se envíe un mensaje a la población salvadoreña que ninguna muerte debe quedar impune, las muertes violentas contra población LGBTI también debe ser investigadas, llegar a la verdad y garantizar justicia, sin olvidar la reparación para las víctimas”, expresó en su momento, Bianka Rodríguez, la directora de la asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis).
