Autoridades del Centro Judicial Integrado Isidro Menédez confirmaron el traslado de los ex-agentes policiales Valentín Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar hacia la Penitenciaría Central La Esperanza, tras el cierre temporal de las instalaciones del Centro Penal de Metapán, para la ampliación de medidas de seguridad y la prevención de fugas. Los ex-agentes son acusados de asesinar a la mujer trans identificada como Camila Díaz Córdova, el pasado 31 de enero de 2019.
Asimismo, inicia el proceso de Sentencia. La audiencia judicial dio a conocer las declaraciones de los peritos especializados y de los testigos de los acontecimientos que se llevaron a cabo la noche del 30 y la mañana del 31 de enero de 2019, al ser interrogados por la Fiscalía General de la República (FGR), por los abogados de los acusados y por el juez de sentencia.
Tras el cierre del Centro Penal de Metapán, los ex-agentes policiales “han estado detenidos en el Centro Penal de Metapan… éstos tres, en particular, están en Mariona (Penitenciaría Central La Esperanza). Lastimosamente, de ese cierre de ese centro panal no informaron a los tribunales; y como no informaron a los tribunales, nosotros entendíamos que estaban ahí ellos (en Metapán)”, comunicó el Gustavo Ernesto Ghiosi, secretario de la Tribunal Primero de Sentencia del Centro Judicial Dr. Isidro Menéndez.
En efecto, la Dirección General de Centros Panales (DGCP) confirmó el traslado de 273 reos del Centro Penal de Metapán a la Penitenciaría Central La Esperanza, conocido popularmente como Mariona, desde el pasado 24 de marzo. La iniciativa buscaba incrementar las medidas de seguridad y la infraestructura, para la prevención de fugas en el Centro Penal de Metapán.
“Como en Mariona hay tres salas de audiencias virtuales; y esas tres salas las están ocupando otros tribunales: Una la ocupa Chalatenango, otra Santa Tecla, y otra el Juzgado Especializado de la Mujer. Ahí se han logrado instalar… hasta hace poco”, detalló Ernesto Ghiorsi.
Asimismo, la defensa lamentó no poder concertar visitas con los acusados, tras la suspensión temporal de éstas actividades en los centros penales, establecida por la DGCP desde el mes de marzo para evitar posibles contagios por COVID-19.
“Ahorita están suspendidas todo tipo de visitas a los penales. Entonces, nosotros los abogados no tenemos acceso. Entonces, como no tenemos acceso, no sabemos si efectivamente están en un lugar especial o en un lugar particular, en dónde estén ellos resguardados. Hasta éste momento, nosotros no sabemos…Esa es obligación de la Dirección General de Centros Penales, garantizarles a ellos su seguridad física, y la vida”, informa el abogado de los acusados, Cabezas Quezada.
Ante el desconocimiento de las autoridades del centro judicial, la audiencia virtual programada el día 16 de julio, a las 8:00 am se aplazó, y se llevó a cabo a las 11:00 am, en la Sala 2-E, de ese mismo día. La próxima audiencia se celebrará el día viernes 24 de julio, a las 11:30 am del presente año.
Declaraciones de peritos y testigos frente a las hipótesis de FGR
El pasado 15 de marzo, el Juzgado 5 de Instrucción dictó orden de Sentencia para el abordaje de los delitos de “Homicidio Agravado” por “Abuso de Superioridad por Agente de Autoridad” por los que son acusados los ex-agentes policiales Valentín Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar, en detrimento del ciudadano Nelson Arquímides Díaz Córdova, mujer transgénero socialmente conocida como Camila Diaz Córdova.
El expediente judicial 59-3 2020 testifica que Camila Diaz habría sido hallada con vida, con múltiples lesiones, en el Km 5 y medio del Bulevar Constitución; tras ser identificada por personal médico de trasladada por los ex-agentes policiales.
Las representantes de la FGR añaden que los agentes policiales “salieron de su zona de responsabilidad”, dejando a Camila en una zona de poca iluminación, en la que no habían cámaras de registro; y que el trayecto del desplazamiento “duró aproximadamente de 30 a 40 minutos”. Además, responsabilizan a los ex-agentes de agredir a Camila con “golpes mortales en su cuerpo” y de arrojarla de la patrulla.
La fase de sentencia hace referir a los péritos y testigos de los acontecimiento.
“Por no estar en el lugar de los hechos, no puede concluir qué es lo que ha pasado”, dijo la defensa
Testigo protegido, Clave Muralla asegura, ser el oficial la PNC que estuvo “observando” cuando Camila comenzó a “generar disturbios públicos”; y al momento en que Camila Diaz voluntariamente subió a “la palangana de la patrulla”, para ser conducida a Calle Motocross.
Muralla declara que el acontecimiento suscitado el pasado 31 de enero inició cuando “se intervino a un sujeto con apariencia femenina”, porque estaba actuando “de una forma agresiva y se veía que había ingerido bebidas embriagantes, o al parecer alguna droga”, porque “echaba espuma en la boca”. Aseguró que Camila estaba “luchando contra unos arbustos, que estaban sobre la (calle) 23, frente a la esquina de FEDECACES”,
El Testigo Clave narra que Camila “se abalanzó hacia nosotros los oficiales que estábamos en ese lugar”, por lo que él decidió “neutralizarlo, porque él me agredió: Me reventó la boca, con sus manos; y me llevó hacia el suelo”… “Cuando yo ya lo tenía de las manos, él le detuvo los pies”, declarando que hasta entonces ningún policía le había agredido, pese a porta su “arma de equipo”. Y ”le esposé, y decidí llamar al 911, para que se llevara a éste señor”.
Cuando los entonces agentes policiales del 911 llegaron al lugar del acontecimiento, “le pidieron al muchacho que subiera a la patrulla”, tras intercambiar las esposas con las de Clave Muralla, quedando el Camila “con las manos hacia atrás” y ”boca abajo”.
“Cuando nos llamaron nos llamaron por un paciente atropellado”: Aguirre
La técnico en emergencias médicas de FOSALUD y licenciada en anestesia, Mónica Aguirre, atestiguó que, tras recibir la llamada de emergencias a las 4:00, “aproximadamente”, vió a Camila estaba “boca abajo, de lado y estaba llena de sangre”, sobre “el carril medio y el carril izquierdo” del Kilómetro 5 de la Carretera de Oro”, cuando la visibilidad era oscura.
Cuando Aguirre procedió a evaluar a Camila observó, con “la misma luz de la ambulancia” que le costaba respirar por una faja que portaba, que retiró y utilizó para auxiliarla. Por las heridas en su cuerpo, la técnico determinó que el diagnóstico era el de una “avulsión en el glúteo derecho y una fractura, también, del brazo”.
“Es complicado conocer el origen de la muerte”: perito de Medicina Legal
En efecto, el Informe de Autopsia A-19-0226 del Instituto de Medicina Legal detalla “excoriaciones en la piel”, lesiones en el brazo derecho, “desgarres” en el glúteo derecho y “múltiples contusiones” por diferentes partes del cuerpo de Camila, en especial en la “región pelvica”. El informe concluyó que su causa de muerte se relacionaba un “Trauma Cerrado en el Abdomen” por “Politraumatismo por Vapuleo”.
La defensa sostuvo que dichas lesiones pudieron haber sido causadas en el abdomen y brazo derecho por un “atropellamiento”. Y el perito de Medicina Legal, Rafael Guzmán no negó el supuesto de que “un bus, de lado, pudo haber fracturado su brazo” (o por algún tipo de altura), llegando hasta generar “una lesión en la altura de la cintura”.
Guzmán aseguró que el cuerpo “no presentaba lesiones de lo que son el tercio medio de los muslos para abajo”; es decir, en las regiones de “muslo, rodilla, tibia o peroné”, que es “dónde pega el boomper del carro”; y tampoco presentaba “llantas marcadas en su cuerpo”. Pero, sostuvo que el cuerpo de la fallecida presentaba “excoriaciones en patrón de arrastre” en la “espalda, abdomen, los glúteos o las piernas”; por lo que “podría ser que fue arrastrada por un vehículo”.
Sin embargo, el perito declaró no haber podido clasificar la lesión en el glúteo derecho de la fallecida, porque “ya había sido tratada en el Hospital (Rosales). Ellos usualmente hacen eliminaciones de los bordes, suturan; y por todo eso yo no puedo decir si fue contusa, si fue por arma blanca o incluso por arma de fuego”.
Fiscalía exige reparación de daños a madre de Camila
En la audiencia, la madre de Camila reconoció sentirse “terriblemente”, y que no pudo contener su llanto después de recibir la noticia de su fallecimiento, por las autoridades del Hospital Rosales.
La Fiscalía exige a los ex-oficiales una compensación monetaria, en concepto de "Responsabilidad Civil", por los daños psicológicos y por el estado de vulnerabilidad de la señora Jeannette Córdova, la madre de Camila.
La señora Códova declaró vivir sola (después del fallecimiento de su hija), ser soltera y desempleada, y que sus ingresos provenían del consumo de lácteos y del trabajo de su primogénito: “Me daba $100 mensuales”, que obtenía de cuidar a ancianos y a enfermos.
Tras el fallecimiento de su hija, estimó que los gastos de su difusión fueron de “aproximadamente como $900 dólares”, que provenían de la contribución de allegados.
