El Salvador reporta una reducción mayor a la del 61% de casos de violencia contra la mujer, y una cifra de al menos 62 casos de feminicidios hasta el mes de julio, en el marco de la aplicación del Plan Control Territorial.
Sin embargo, también se reporta una reducción de denuncias por Violencia de Género debido a las complicaciones de las medidas sanitarias para el combate de la pandemia del COVID-19, de acuerdo a declaraciones de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
“Según nuestro recuento, llegamos hasta la fecha del 24 de julio, 62 feminicidios, que incluyen no solamente muertes violentas, sino que también suicidios, que pueden ser investigados también como suicidios feminicidas” indicó Silvia Juárez, miembro de ORMUSA.
Pese a la reducción en el número de feminicidios, la organización establece que los indicadores de violencia contra la mujer incrementan, llegando a reportar hasta 639 atenciones a situaciones de violencia, entre las que 329 de ellas destacan por el seguimiento a las Violaciones de Derechos Humanos, en reportes de “violación a los Derechos Económicos, Laborales y Patrimoniales”, demandas por “cuota alimenticia, regímenes de cuidado, la integridad personal, la imagen, la violencia en las relaciones de familia, el derecho a la salud, la libre circulación, la violencia sexual”, así como por la vulneración de “derechos reales o personales”.
“Hay otros indicadores, como el de violencia sexual, que han seguido a la alza, la violencia física la violencia en las relaciones de familia; y, considerando también, que esos 62 casos han sido Muertes con Extrema Crueldad, muchos de ellos en el marco de las relaciones de confianza… Y, por otro lado, estando en una epidemia el hogar se volvió un espacio de cuidados, y es para las mujeres el mayor riesgo de muerte”, dijo Juárez.
Las Organizaciones feministas reconocen la efectividad del Plan Control Territorial, que hace un recuento de hasta 27 días con 0 homicidios, así como un registro de 100 municipios sin casos de homicidios, de acuerdo con declaraciones de Rogelio Rivas, Ministro de Seguridad. Sin embargo, ORMUSA reporta complicaciones en la atención y seguimiento de denuncias por violencia contra la mujer de parte del Ministerio Público, en el marco del Estado de Emergencia y de Alerta por la pandemia del COVID-19.
“Para nosotros, quizá una de las evidencias más fehacientes que hemos podido constatar a partir de la emergencia por la Pandemia COVID-19, tienen qué ver con la demostración de que los sistemas, o que los sub-sistemas de protección de El Salvador se activan, prácticamente, por la exclusiva presencialidad de las mujeres. Es decir, que necesitan que una mujer esté presente para activar todos los mecanismos, tanto de persecución como de protección”, explicó Silvia Juárez.
Sin embargo, la organización destaca el trabajo de ONI Mujeres (de la Policía Nacional Civil) y de la Procuraduría para la Defensa de para los Derechos Humanos (PDDH) al hacer efectiva la atención y el seguimientos en los casos de violación de Derechos Humanos de mujeres, resaltando la “vigilancia permanente” de ésta última. Asimismo, la organización señala los logros de la Defensoría de las Mujeres del Movimiento Feminista de El Salvador, de la que sugiere una participación más intensiva en instituciones de Estado para garantizar un mayor alcance a favor de las víctimas.
Por su parte, el 23 de Julio, el Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, expresó su oposición a la situación delictiva que atañe a la salud y vida de las mujeres, pidiendo a las instituciones públicas y a la sociedad salvadoreña combatir y abstenerse de generar y de fomentar expresiones de violencia contra la mujer.
”REITERO MI RECHAZO a cualquier manifestación de violencia que transgreda los derechos fundamentales de las mujeres, INSTO a todos los funcionarios y sociedad en general a sumar esfuerzos, con el objeto de combatir la tolerancia social contra toda clase de agresión contra las mujeres por considerarse un hecho injustificable, y EXHORTO a los funcionarios públicos abstenerse de tales actos, garantizar el trato digno e igualitario a las mujeres y eliminar todas las formas de discriminación contra ellas, a fin de evitar que estas conductas se vuelvan una práctica sistematizada y naturalizada al interior de las instituciones del Estado”, expresó el Tobar, en un comunicado de prensa.
Durante la crisis sanitaria por la Pandemia del COVID-19 a la que se confrontan los mecanismos de denuncia contra Violaciones de Derechos Humanos, las organizaciones ORMUSA, APROCSAL y la Red Feminista contra la Violencia Contra las Mujeres, en conjunto con el Foro Nacional de Salud, se dedican al procesamiento de datos y comunicación para la población femenina; así como al ”Monitoreo y Seguimiento de la respuesta de las Instituciones” del Ministerio Público. ORMUSA pone a disposición el “Centro de Atención Legal” para el asesoramiento y el seguimiento de las instituciones públicas en caso de denuncias.
