Por Alessia Genoves

$182 mil USD implican a Jorge Schafik Handal Vega y a su grupo familiar, en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Las imputaciones han sido ventiladas en la Cámara Segunda de la Sección Centro de San Salvador, que determinó la apertura al juicio, para éste viernes 18 de mayo. Detalla la Fiscalía General de la República (FGR) que los hallazgos encontradfos responden a 13 presuntas irregularidades, durante su gestión como diputado por el partido FMLN, entre mayo del 2009 al 30 de abril del año 2012.

Handal y su familia han sido procesados en la referida instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde el 13 de mayo del año 2022. Particularmente, la FGR sostiene que el ex-diputado no logró justificar sus declaraciones patrimoniales, que ascienden a un monto de hasta $40 mil USD, en el referido período legislativo. Pese a que los indicios de posible enriquecimiento fureon reconocidos por la Cámara, su representación judicial sostiene que los supuestos han prescrito de persecución penal.

ContraPunto informa a sus lectores que, peses a las alegaciones de la representación jurídica de Hándal, deltos tales como los de “enriquecimiento ilícito” y “lavado de dinero y activos” han sido declarados imprescriptibles de persecución jurídica. Ello responde a las modificaciones al artículo 32 del Código Procesal Penal, en septiembre de 2021, que incluye la imprescriptibilidad y retroactividad en el juzgamiento de delitos de peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, entre otras. Posteriormente, fueron nuevamente readecuadas en febrero de 2023, en los artículos 32 y 34.

Hándal y su familia

Hándal Vega ha sido comprometido por la Cámara Segunda de la Sección Centro de San Salvador, para responder por la presunta comisión del referido delito de enriquecimiento ilícito. El monto exacto que se deduce de las auditorías contables, y que responsabilizana cuatro personas de su núcleo familiar, se estima en un monto de $182,374.61 USD.

$40,525.62 USD, particularmente, responden al monto exacto que la Cámara Segundo de lo Civil deduce como el saldo no justificado, durante la anterior configuración legislativa, y su última administración de servicios como diputado. Su pareja, Lilian Armanda Rosales de Hándal, es acusada por el mismo delito, por irregularidades que responden a un monto de $109,589.62 USD, siendo el mayor de todo su grupo familiar.

$31,000.00 USD es el monto hallado en las irregularidades patrimoniales de la hija del ex-diputado, Linda Verónica Hándal. Mientras que su segunda hija, Georgina Beatriz Hándal debe responder a la justicia, al hallarce controvertida por no declarar un monto de $1,259.37 USD de sus haberes patrimoniales.

Alegan prescripción

Contrapunto hace notar, por otra parte, que la FGR presentó los reportes de auditoría de su primer período lectivo como diputado, del 20 de mayo de 2009 al 30 de abril del 2012. No ha presentado informes que deduzcan posibles irregularidades en su gestión patrimonial durante su última participación como diputado, en el período del año 2018 al 2021. En éste último período, el ex-diputado reportó un salario mensual de $2,311.43 USD mensuales; mienteas que sus gastos de representación eran de $800.00 USD y los gastos de transporte, en $914.29 USD mensuales, respectivamente.

Ya han transcurrido cerca de 11 años desde que Hándal Vega concretó su primera participación como diputado de la Asamblea legislativa. Durante la Audiencia Probatoria en su contra, su representante jurídico sostuvo que las acusaciones referidas en la Sala Segunda de lo Penal ya ha prescrito.

También expresó a la prensa: “Nosotros estamos de acuerdo con la prueba que presentó la Fiscalía, contrario lo que uno podría pensar, pero es que esa me favorece, entonces estamos abogando para que se las admitan a ellos porque así vamos a poder probar que no hay enriquecimiento ilícito”.

Por otra parte, éste medio ya ha referido que la prescripción de la persecución jurídica del delito de enriquecimiento ilícito no es posible. Ésto es así, debido a la última reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal: “No prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, los delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, peculado, peculado por culpa, concusión, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio, cohecho impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias.”

Además, hasta el pasado mes de febrero de éste 2023, se configuró una última configuración en el Código Penal. Ya en el artículo 333, se establece que el delito de enriquecimiento ilícito se define en circunstancias en las que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado”; para lo que la sanción se establece “con prisión de tres a diez años”.

FMLN y el enriquecimiento ilícito

6 ex-diptutados del FMLN deben responder a la justicia, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento iícito, y lavado de dinero. La FGR deduce que el saldo no justificado en su patrimonio asciende a un monto de $1,220,590.78 USD. Las acusaciones responden al período en que ejercieron sus respectivos cargos, e implican también a miembros de su grupo familiar; entre ellos, la Hándal Vega y su familia.

Mauricio Funes ha sido vencido en juicio, y condenado al resarcimiento de la misma cantidad de dinero defraudado, por un monto de $206,660.55 USD. En otros casos, como los denominados El Chaparral y Destape a la corrupción, es acusado por adquirir de la Partida de Gastos Reservados un monto aproximado de $350 millones USD.

Eugenio Chicas es acusado por el mismo delito -que implica a su esposa y a su ex-esposa-, por una adquisición irregular de $282,494.21 USD. El proceso judicial es ventilado en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, en el que se espera una respuesta de la misma, para que el caso proceda a juicio o no; mientras que el acusado rinda la pruebas de descargo a su favor.

Benito Lara estaría en la misma situación jurídica, que también implica a otras tres personas de su núcleo familiar. El monto de los requerido por la FGR es de $109,555.87, tal y como lo señalan los estudios de auditoría de la CCR. Pero, contrario a los funcionarios antes descritos, su caso ha procedido a audiencia en la Sala Primera de lo Civil, de la Primera Sección Centro, en el que se judicializan 17 irregularidades.

Medardo González ha sido implicado en la misma calificación penal. Sin embargo, la FGR le acusa de haber defraudado $3,892.57 USD de fondos públicos mientras fue diputado de la Asamblea Legislativa. En conjunto a tres de miembros de su grupo familiar, la FGR le acusa de haber defraudado al Estado un monto de $153,356.55 USD. El caso se ventila en la Cámara de la Primera Sección del Centro de San Salvador.