Por Verónica González y Alessia Genoves
34 organizaciones desafían a Bukele. La izquierda marxista identifica a las organizaciones agrupadas en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BPR), misma ideología política que caracterizaba a las bases sociales y cúpulas de los gobiernos predecesores del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Desconocen, entre otras cosas, la legitimidad del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, en la contención de más del 75.6% de homicidio -respecto al gobierno del ex-presidedente del FMLN, Salvador Sáncez Cerén- y definen al gobierno como una “dictadura”.
“No rinde cuentas de sus finanzas, persigue y calumnia a la oposición política, ataca a la prensa no oficialista y captura ilegalmente a dirigentes sociales”, señaló el sindicalista Omar Rodriguez, al referirse al gobierno de Bukele. Su opinión es coherente con los 487 registros sobre supuestas agresiones a la prensa reportadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), desde 2018 a 2021; y a los crecientes índices de información reservada.
Régimen
4,640 denuncias sobre presuntas afecciones a derechos humanos, se sumaría a la observación del BPR, de acuerdo con los reportes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), al término de la cuarta prórroga del Régimen de Excepción. “Liberar a las presas y presos políticos y a las personas injustamente detenidas durante el Régimen de Excepción”, es una de las consignas expresadas por el BPR.
48 mil de las 50 mil personas detenidas, no obstante, han recibido orden de prisión preventiva luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) encontraran indicios sobre la presunta colaboración o pertenencia con maras o pandillas. En el transcurso de esa período, de hecho, varios de los detenidos confrontaron a las fuerzas de seguridad, logrando asesinarles. La Corporación Policial, por su parte, informó al Observatorio de Derechos Humanos (OUDH), que unos 46 pandilleros murieron en confrontación. Desde luego, éstos últimos hechos no formarían parte de los registros de homicidios ya que, según la PCN, se dieron por “legítima defensa”.
181 días sin homicidios, en contraste, se acumulan durante la administración de Bukele. El 42.5% de los días sin homicidios reportados, corresponden al tiempo transcurrido del Régimen de Excepción. Los índices de homicidios se contraen a más del 50%, desde el año 2019. Y, hasta el mes de agosto, el promedio de homicidios diarios se contrae a 0.49.
20 pandilleros activos estarían bajo libertad. El dato representa un estimado sobre el número de terroristas no encarcelados, si de la cifra acumulada de personas encarceladas se omitieren aquellas encarceladas de forma arbitraria. El estimado, al mismo tiempo, justificaría la última quinta prórroga del Decreto Legislativo N.º 333, que impone el Régimen de Excepción, al considerar su alta peligrosidad para la población civil. Sin embargo, el BPR sostiene que la normativa de seguridad “no es necesaria para combatir las pandillas”; y añadió que tuvo la iniciativa de presentar “una propuesta para indemnizar a las personas detenidas”, con la moción del FMLN.
Democracia
“Restablecer y profundizar el marco democrático bajo el espíritu de los Acuerdos de Paz, firmados en 1992”, es una de las demandas divulgadas por el BPR, en la última conferencia de prensa celebrada el miércoles 18 de agosto. La demanda es coherente con la negación expresa por el presidente Bukele, al referirse al espíritu del consenso que habría fin a la Guerra Civil: “son una farsa, un negocio de élites y un pacto entre corruptos”.
75 mil personas fueron asesinadas en la Guerra Civil, por las Fuerzas Armadas y combatientes del FMLN, última institución política que compartía ideas y militantes del BPR. A las víctimas se suman otras 10 mil personas desaparecidas, de acuerdo con registros oficiales del Ministerio Público. Entre éstos últimos registros se sumarían desapariciones como las del poeta salvadoreño, Roque Dalton, quien se presume fue torturado, desaparecido y asesinado por militantes del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), organización cuyos militantes pasar a formar parte del FMLN.
53.10% de los votantes salvadoreños escrutaron a favor de la presidencia de Nayib Bukele. La elección presidencial se celebró de forma democrática, con la participación de instituciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, hasta el 1 de mayo de 2021, instituciones representantes de la Comunidad Internacional señalaron como “arbitraria” la elección del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional; pese a que éstos fueron destituidos tras la extinción de sus plazos administrativos, por elección legal de la Asamblea Legislativa (art. 4. Reg. Interno).
Salarios e Inflación
“La canasta básica más barata de Centroamérica” la tiene El Salvador. El dato ha sido declarado por el Centro de Investigación de Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica (CIESCA), y su valor es de unos $285,86. Sin embargo, ha incrementado en más de $72,31 dólares:; de modo que la diferencia salarial se redujo a los $80 dólares, en el salario mínimo del sector comercio ($365 dólares).
$72 dólares dejarán de acumular los salvadoreños; y la variación inter-anual de los Precios al Consumidor pasó del 6,5% en abril, al 7.5% en el mes de mayo. De tal modo, que los precios de los alimentos incrementaron a un 13,3%, representando una variación mensual del 2%, según lo indica el Banco Central de Reserva (BCR).
Los índices de inflación son altos, e incrementan en El Salvador. Sin embargo, el país experimenta un menor impacto económico, respecto al resto de países centroamericanos. Un caso excepcional es el de Guatemala, ya que registra los precios de canasta básica más caras, de hasta $418 dólares mientras que el salario mínimo comercial más elevado es de $401 dólares; pero presenta la menor variación inter-anual en los IPC, llegando hasta los 5,8%.
“Aumento de salarios” es una de las consigna del BPR. Hay que reconocer que, durante los gobierno del partido FMLN, el salario mínimo incrementó notablemente. En 2009, el salario apenas era de $176 dólares, y pasó a los a los $304,17 dólares, en el año 2019. Hasta la fecha, el salario es de $365 dólares en el sector comercial.
Deuda
82.65% de la deuda externa proviene de los gobiernos de ARENA y del FMLN, desde los años 2003 al 2022, según así lo registra el Banco Central de Reserva (BCR), en sus estadísticas oficiales. Esto quiere decir que desde 2003 hasta el primer semestre de 2019, el país reporta una deuda acumulada de $17,071.36; pero que fue incrementado hasta los $20,989.61 dólares en el primer trimestre del año 2022.
$6,746.26 millones de dólares en deuda externa acumularon los dos gobiernos del partido FMLN, presididos por Mauricio Funes (2009 – 2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014 – 2019), la agrupación política que representa algunos ideales del BPR. Ahora, con el gobierno de Nuevas Ideas, la organización busca “frenar el endeudamiento público”, además de los “gastos de propaganda”.
“Tributo a los sectores más adinerados” también propone el BPR. Sin embargo, no fue sino hasta el tercer año del gobierno de Nuevas Ideas que los tributos acumularon un aproximado de $750 millones de dólares sólo en el Plan Nacional Antievasión. Dicho monto se acumularía entre los $1,200 millones , en materia de impuestos. Empresas como Súper Selectos, Laboratrios Bayer y Almacenes Simán se enumeran entre las denuncias interpuestas por la Defensoría del Consumidor, hasta el año 2021; cuando ésta no operaba registros de denuncias durante la administración del FMLN.
Fodes
$802,186.9 millones dólares acumulan en deuda las 262 alcaldías municipales, hasta el cierre del año fiscal 2021. El dato se hace constar en el “Informe anual sobre la situación del endeudamiento público municipal al 31 de diciembre de 2021”, de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, que se hizo público en marzo de 2022.
1.5% de un presupuesto anual de $100 millones de dólares adquieren las alcaldías municipales, para la facturación del gasto público, derivado de políticas sociales. $50 millones de dólares se adhieren al rubro, con la aplicación del último decreto aprobado. Ésta administración prespuestaria, por tanto, no responde a la eliminación del Fodes, tal y como lo expresó la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, quien expresó que “quitar el FODES no fue una buena idea”.
“Restituir la autonomía de los gobiernos municipales, incluyendo la entrega directa del 10% del Fodes a las alcaldías”, es la propuesta del BPR. Sin embargo, representantes del partido oficial, como el diputado de Nuevas Ideas, Juan Carlos Flores argumentan que “el Fodes era un mecanismo de corrupción que utilizaron los mismos de siempre”. También añade que “a través de la creación de la DOM, se viene y se les quita éstos mecanismos”.
Decenas de alcaldes municipales, por otra parte, adquirieron alguna parte de las contribuciones del Fodes en sus cuentas personales, y para ejecutar gastas que no competían a los respectivos presupuestos de la administración municipal. Entre los acusados se enumera el ex-alcalde de la Isla Meanguera el Golfo, Dheming Flores; y el del municipio de Sacacoyo, Leopoldo Montoya, ambos del partido ARENA. El primero debía responder a irregularidades en el movimiento de $500 mil dólares; mientras que el segundo, en el de $24,9 millones de dólares.
