La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) niega su responsabilidad ante los señalamientos de corrupción en la administración y construcción del Hospital Regional del ISSS de San Miguel, sostenidos por Ejecutivos del Gobierno de El Salvador.
Con al menos 84 señalamientos de irregularidades, la actual directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala y el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro interpusieron un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), tras hallazgos de supuestos hechos de corrupción evidenciados en el proceso de auditoria interna sobre las acciones administrativos y de construcción del inmobiliario.
Irregularidades en los procesos de licitación de contratos, incrementos en las tarifas por cobros de servicios, adquisiciones de materiales de mala calidad y supuestos “amaños” en la compra de materia prima, fueron las principales acusaciones de los funcionarios en contra de UNOPS.
Pero el organismo de Naciones Unidas niega su responsabilidad ante los señalamientos. En cambio, aclara que el proceso de construcción del inmobiliario “se implementó con un estricto apego a los principios de transparencia, mejor valor por el dinero, la imparcialidad y competencia efectiva.”
Asimismo, destaca que la adquisiciones de UNOPS “son revisados y aprobados por diferentes instancias, comités de expertos interdisciplinarios y delegaciones de autoridad correspondientes”; y que la construcción del inmobiliario ha sido efectuada “con los más altos estándares de transparencia, con una infraestructura y un equipamiento médico de última generación, con tecnología de vanguardia”.
Pese a las aclaraciones emitidas por la supranacional el pasado 14 de octubre, la directora del ISSS y los ejecutivos han insistido en señalar los posibles hechos de corrupción que habrían cometido UNOPS y las anteriores administraciones del ISSS.
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El incremento del gasto
Ayala señala que los gastos adquiridos han incrementado a un cobro de $83.9 millones de dólares USD, de una manera irregular.
La directora expresó su inconformidad en la adquisición de los servicios de IBT Group, por le cobro de $59.5, gasto que incrementó a $62.5 millones de dólares, por los servicios de la supervisora Cal y Mayor, y trascendió a un cobro de $83.6 millones de dólares que actualmente se está pagando a UNOPS y a la constructora.
Pero la organización explicó que “el monto de inversión es de US$83.9 millones, cuyo alcance comprende la construcción y supervisión de siete edificaciones con un total de 32,000 m2 de área construida, así como el equipamiento integral que consta de 9,000 equipos médicos especializados, mobiliario clínico y administrativo”.
De esa deuda, "actualmente se ha pagado a UNOPS 83.6 millones de dólares" confirmó Ayala.
Por otra parte, la organización también admite que “actualmente existe un arbitraje en curso entre UNOPS y la empresa encargada de la construcción”.
En efecto, la constructora ya ha sometido a UNOPS en un procedimiento de arbitraje por $16.7 millones de dólares por “impago de la obra”, así como el 20% en el cobro de la “renta” adquirida de sus servicios, aseguran autoridades del ISSS.
Castro también informó que el ISSS a penas ha cancelado $700 mill de los $16.1 millones de dólares que IBT Group demanda por “importación de materiales” y “gastos adicionales”.
Observaciones a la infraestructura
“Fugas de vapor” conectadas de forma incorrecta, “filtraciones” e “inundaciones” por caída de aguas lluvias, así como carencias e instalaciones incorrectas en áreas como en la del “laboratorio clínico”, fueron las principales observaciones que Ayala señaló ésta tarde, durante un recorrido del inmobiliario que fue entregado recién el mes de marzo del presente año.
La organización también reconoce que el proyecto “se encuentra en periodo de garantía, durante el cual se subsanan observaciones que pudieran generarse”.
Irregularidades Contractuales
Los representantes en el órgano Ejecutivo y acusadores señalan irregularidades tras el establecimiento del acuerdo entre UNOPS y las autoridades del ISSS, pues sostienen que las relaciones contractuales se llevaron a cabo sin la autorización de Casa Presidencial y de Cancillería.
Además denuncian que las irregularidades, inclusive las contractuales, se venían dando desde las administraciones de Leonel Flores (2009-2014) y de Ricardo Cea (2’014-2019).
Pero UNOPS detalla que “desde el 2007, los proyectos solicitados a la UNOPS se ejecutan de conformidad con el Acuerdo de Sede suscrito el 8 de febrero de 2007 entre Gobierno de El Salvador y la UNOPS, que fue ratificado por el Decreto Legislativo 316 de mayo de 2007”.
Cabe destacar que, ente otras cosas, en los acuerdos de “Cooperación entre el Gobierno y la UNOPS” de dicho decreto, se establece la “celebración de consultas” entre el Gobierno y la UNOPS en la exanimación y preparación de “proyectos de interés mutuo” (Art. III, Dcr. 316).
