Por Alonso Rosales
La persistente escalada de violencia en Medio Oriente pone en entredicho la eficacia y la voluntad política detrás de los acuerdos de alto al fuego. En particular, las acciones militares de Israel tanto en la Franja de Gaza como en la frontera con Líbano han sido objeto de fuertes críticas por parte de organismos internacionales, gobiernos y organizaciones de derechos humanos, que señalan incumplimientos reiterados de las treguas anunciadas.
Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás en octubre de 2023, el número de víctimas palestinas ha superado ampliamente las 35,000 personas, según datos del Ministerio de Salud de Gaza y reportes coincidentes de agencias de Naciones Unidas. La mayoría de los fallecidos son civiles, incluidos miles de niños y mujeres, lo que ha generado acusaciones de uso desproporcionado de la fuerza. A pesar de varios anuncios de pausas humanitarias y altos al fuego parciales, los bombardeos y operaciones terrestres han continuado de manera intermitente, dificultando la asistencia humanitaria y agravando la crisis sanitaria y alimentaria en el enclave.
En el frente norte, la tensión con Líbano también ha escalado peligrosamente. Los enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo chiita Hezbolá han dejado más de 500 muertos en territorio libanés, entre combatientes y civiles, además de miles de desplazados. Aunque Israel sostiene que responde a ataques provenientes del sur del Líbano, analistas señalan que las incursiones aéreas y los bombardeos en zonas pobladas han ido más allá de una mera respuesta defensiva, comprometiendo la estabilidad regional.
El discurso oficial israelí insiste en el derecho a la autodefensa frente a amenazas consideradas existenciales. Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por organismos como la ONU y Amnistía Internacional, que advierten sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario. El principio de proporcionalidad, clave en conflictos armados, parece diluirse ante la magnitud de los ataques y el alto número de víctimas civiles.
Asimismo, la continuidad de las operaciones militares durante periodos en los que se habían anunciado ceses al fuego genera desconfianza en la comunidad internacional y reduce las posibilidades de una solución diplomática sostenible. La falta de mecanismos efectivos de verificación y la ausencia de consecuencias claras ante incumplimientos contribuyen a perpetuar un ciclo de violencia que castiga principalmente a la población civil.
En este contexto, la crítica no solo recae en Israel, sino también en la comunidad internacional, cuya respuesta ha sido percibida como insuficiente o selectiva. La ausencia de medidas contundentes para garantizar el respeto a los acuerdos y proteger a los civiles refleja una crisis más amplia del sistema internacional y su capacidad de mediación.
En conclusión, la situación en Gaza y Líbano evidencia la fragilidad de los altos al fuego en escenarios de conflicto asimétrico. Mientras no exista un compromiso real con el respeto al derecho internacional y la protección de la vida humana, cualquier tregua será apenas una pausa temporal en una guerra sin solución inmediata.
Fuentes: