domingo, 26 mayo 2024

Isla Tasajera: Familia Closa dice que no desaloja y prometen solución habitacional

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70 personas denunciaron desalojos en la Isla Tasajera. “La familia CLOSA S. no está realizando ningún proceso de desalojo”, defiende la compañía. Ministra Michelle Sol promete soluciones habitacionales.

Por Alessia Genoves


Desalojos forzados e inseguridad habitacional denuncian más de 60 habitantes de la Isla Tasajera. El Ministerio de Vivienda ha intervenido en la zona, para proponer una solución habitacional a las familias afectadas. Sin embargo, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) justificaron las acciones que contravienen a los denunciantes, por el presunto hecho de que los habitantes moraban en propiedad privada.

17 familias estarían registradas en el censo del Ministerio de Vivienta “que tenían ya años de vivir en un terreno privado”, aseguró la representante de la institución, Michelle Sol. “Hablamos con los dueños del terreno, y simple y sencillamente se quedó en que en el momento en que hubiera un proyecto, primero íbamos a solucionarle a esas familias que por necesidad estaban viviendo en ese terreno privado”.

Isla Tasajera es un espacio de relieve insular, que está habitada por más de 3,000 persona y grupos familiares. La zona tiene jurisdicción en el municipio de San Luis La Herradura. Las controversias, han sido abordadas en el sistema judicial, con la apertura de más de 20 procesos en litigio. Representantes de las familias afectadas, como el abogado Rudy Mauricio Joya, sostienen que la zona en controversia es de propiedad estatal, y no de una familia “Closa Salazar”, inversora de proyectos inmobiliarios.

La familia CLOSA S. no está realizando ningún proceso de desalojo en la Isla Tasajera del departamento de La Paz, independientemente de las resoluciones judiciales”, defendió la compañía Hermanos Closa Salazar, pese a los señalamientos procesados para las presuntas víctimas.

Presuntos desalojos

20 procesos de litigio han sido enumerados por ContraPunto, relacionados a la crisis habitacional del sector estatal de la Isla Tasajera. Éste medio ha enumerado a cerca de 70 demandantes; y algunas de ellas se identifica a la Familia Closa Salazar como propietaria en controversia de las zonas de habitación. En opinión del abogado Rudy Joya, los terrenos naturalmente son de propiedad estatal, y bienes naturales protegidos por el Estado.

3,000 personas más, habitan desde hace aproximadamente 50 años unos inmuebles ubicados en el cantón San Rafael Tasajera, Isla Tasajera del municipio de San Luis La Herradura el departamento de La Paz, bienes raíces que aseguraron eran propiedad del Estado de El Salvador y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ya que eran reservas naturales; por esa razón, aseveraron que existía prohibición legal para enajenarlos”, sostienen los abogados en sus demandas.

Señalados por el presunto “desalojo forzado” son elementos de seguridad pública. Según lo detallan los demandantes «el 7 de octubre de 2019 llegaron aproximadamente 200 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) junto con la Jueza de Paz de dicho municipio y“… personas [p]articulares […] como la [familia C**********] …”para efectuar –según afirmaron–un desalojo masivo en tal lugar; no obstante, sus poderdantes nunca fueron demandados en ningún proceso o diligencia previa a que se emitiera la apuntada decisión para que abandonaran los relacionados inmuebles».

Las causas penales en contra de los operantes tendrían lugar a una denuncia por el incumplimiento de la garantía a la “inviolabilidad de la morada”; es decir, implicaría a la familia Salazar Closa como a los activos de la PNC, que habrían cometido los actos señalados. Por otra parte, los representantes también señalaron que se habría denunciado el derecho a la audiecnia y defensa de sus patrocinados, pero instituciones como la Sala de lo Constitucional alegaron que, como los procesos tenían trámite desde el 2019, la progresión de los mismos se habría interrumpido en 2020 por la Pandemia del Covid19.

Inamisible la demanda”, sin embargo, es como concluyeron varios de los procesos judiciales, suscritas por el abogado Joya, y la abogada Yessica Bernal. Las demandas que representaban a las presuntas personas afectadas, no procedieron -a juicio de la Sala- por “no haber logrado subsanar de manera eficaz las deficiencias advertidas en la demanda”.

Solución Habitacional

Privadas es el concepto con el que la ministra Michelle Sol se refirió al estatus de propiedad de los terrenos, en los que habrían vivido unas 17 familias, de acuerdo con el censo citado. El concepto seria opuesto respecto del que alegaron los abogados, al sostener que los mismos eran de “propiedad del Estado de El Salvador y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ya que eran reservas naturales”, pero en controversia de las más de 70 personas identificadas.

La familia CLOSA S. no está realizando ningún proceso de desalojo en la Isla Tasajera del departamento de La Paz, independientemente de las resoluciones judiciales”, aseguró la compañía Closa Salazar.

En respuesta, el abogado Joya juzgó que la reacción del ministerio respondía a “construir proyectos turisticos y destruir precisamente un area que debe ser protegida en materia de Medio Ambiente. Y peor aun pasando por encima de los derechos humanos de muchas personas”.

Pese a las controversias de la definición de la propiedad, la ministra prometió, ante la prensa, asegurar las garantías habitacionales de las personas afectadas por la controversia: “Nosotros no vamos a dejarlos solos. Vamos a apoyarlos. Vamos a hablar con los dueños del terreno, para sentarnos y buscar la mejor solución, para sentarnos y buscar la mejor solución para éstas famlias que por años han vivido en esos terrenos”.

Prometió, también, que el Ministerio también les proporcionará asistencia: “Vamos a brindarles un acompañamiento. Ahorita está el sistema de vivienda acompañándoles y las indicaciones es apoyarlos y buscar una solución permanente, lo antes posible”, añadió.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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