Uno de ellos actualmente está siendo investigado por Enriquecimiento ilícito y la otra habría votado para favorecer a su esposo con el cambio a la ley de tránsfugas
La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) presentó este lunes una demanda en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en contra de los diputados Reynaldo Cardoza, del PCN, y Carolina Rodríguez, de ARENA. El motivo, aseguraron representantes, fue por haber votado a favor de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio y al Código Electoral bajo intereses de beneficio personal.
Según los denunciantes, los parlamentarios habrían violado el artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental establece que “deberían haberse excusado de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, o parientes dentro del grado de consanguineidad o segundo de afinidad o socio tenga algún conflicto de interés“.
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“El diputado Cardoza está siendo procesado. A él se le está aplicando la Ley de Extinción de Dominio. Es una persona afectada directamente por la ley, y el concurrir con su voto obviamente lo convierte en una persona que directa y personalmente se va a beneficiar“, aseguró el director Ejecutivo del ISD, José Ramón Villalta.
Por su parte, la diputada Rodríguez habría dado sus votos igualmente para reformar el Código Electoral para permitir a los tránsfugas que participen en las próximas elecciones de alcaldes y diputados.
Según Villalta, la diputada habría cometido la misma falta a la Ley que el diputado Cardoza debido a que el esposo de esta actualmente es candidato a alcalde por el partido GANA después de haber renunciado a ARENA.
“Esto indica que la diputada también tiene un conflicto de interés porque se beneficia de manera directa a su cónyuge con su decisión“, explicó el director del ISD.
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El pasado martes 18 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas entre las que se encontraba el incremento del 45% al 50% el uso de los ahorros de pensiones para el pago de las obligaciones previsionales de 199 mil jubilados, y la reforma a la ley de Extinción de Dominio, que permite que señalados de tener bienes de procedencia ilícita los puedan mantener mientras no haya un fin de juicio o una sentencia condenatoria.
El ISD espera que una posible sanción del TEG podría abrir la posibilidad para revertir dichas reformas.