Por Alonso Rosales, analista internacional
La creciente tensión en el golfo Pérsico ha entrado en una fase crítica tras las declaraciones de la Guardia Revolucionaria de Irán, que anticipan una reconfiguración del equilibrio estratégico en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. El anuncio de que el estrecho de Estrecho de Ormuz “no volverá a ser como antes” refleja no solo una postura defensiva, sino una estrategia de disuasión directa frente a Estados Unidos y Israel.
El control parcial del tránsito marítimo en esta vía —por donde circula cerca de un tercio del petróleo global— constituye una herramienta de presión geopolítica de primer orden. Irán ha optado por una política selectiva, permitiendo el paso a países considerados aliados o neutrales, como China, Rusia o India, mientras restringe el acceso a actores percibidos como hostiles. Esta maniobra introduce un precedente peligroso en el derecho internacional marítimo, al politizar el flujo de recursos energéticos.
La respuesta de Donald Trump, proponiendo una coalición naval para garantizar la libre navegación, evidencia la preocupación de Washington por mantener abiertas las arterias comerciales globales. Sin embargo, la reticencia de aliados occidentales a involucrarse militarmente sugiere un desgaste en la cohesión estratégica occidental frente a escenarios de alta escalada.
Más allá del impacto inmediato en los precios del petróleo, esta situación redefine las reglas del juego en el golfo Pérsico. Irán busca consolidarse como actor dominante regional, capaz de imponer condiciones en un espacio históricamente disputado. La incógnita radica en si esta política de control selectivo derivará en un conflicto abierto o en una nueva normalidad basada en la coerción estratégica.