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Por Alonso Rosales, analista internacional
La tensión en Medio Oriente alcanza un nuevo punto crítico tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de extender hasta el martes su ultimátum a Irán, en medio de una escalada militar que ya amenaza con desestabilizar el equilibrio energético y geopolítico global. La medida llega después de que Teherán rechazara una propuesta de alto el fuego limitada, insistiendo en que cualquier negociación debe conducir al fin definitivo de las hostilidades.
El Gobierno iraní, a través de su agencia oficial IRNA, planteó un conjunto de condiciones que incluyen el levantamiento de sanciones, garantías de seguridad regional y la reconstrucción del país tras semanas de bombardeos. En particular, destacó su negativa a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz sin un acuerdo integral, consolidando su posición de fuerza en uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial.
La postura de Teherán refleja una estrategia de resistencia calculada. El control del estrecho —por donde transita cerca del 20% del petróleo global— se ha convertido en su principal carta de negociación frente a Washington y sus aliados. Ceder en este punto sin garantías estructurales equivaldría, desde la perspectiva iraní, a una derrota estratégica.
En contraste, el discurso de Trump ha escalado hacia niveles de máxima presión. El mandatario advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo antes del nuevo plazo, Irán podría enfrentar una ofensiva devastadora. Entre las amenazas, mencionó la destrucción de infraestructura crítica como puentes y centrales eléctricas, lo que ha generado alarma entre analistas y organismos internacionales por el riesgo de violaciones al derecho internacional humanitario.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó la narrativa de la Casa Blanca al destacar el éxito de recientes operaciones militares, incluyendo el rescate de un piloto estadounidense en territorio iraní. Sin embargo, sus declaraciones —marcadas por referencias religiosas— han generado controversia y críticas sobre la politización ideológica de las operaciones militares.
Mientras tanto, Israel intensifica su participación en el conflicto. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha reafirmado su compromiso de debilitar la estructura militar y económica iraní, en una campaña que ya ha impactado instalaciones clave, incluidas infraestructuras petroquímicas. La muerte de altos mandos iraníes, como el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, subraya el nivel de penetración operativa alcanzado por las fuerzas israelíes.
Irán, lejos de ceder, ha demostrado capacidad de respuesta. Ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y aliados en el Golfo evidencian que su aparato militar sigue operativo, desafiando las afirmaciones estadounidenses sobre su supuesta neutralización. El impacto ya es visible: víctimas civiles, interrupciones energéticas y una creciente volatilidad en los mercados internacionales.
En este contexto, la ampliación del ultimátum no parece un gesto de distensión, sino una pausa táctica dentro de una estrategia de coerción. El riesgo de una confrontación directa a gran escala entre Estados Unidos e Irán —con Israel como actor central— es hoy más real que en cualquier otro momento reciente.
La comunidad internacional observa con creciente preocupación. La posibilidad de un conflicto prolongado no solo amenaza con multiplicar el costo humano, sino también con desencadenar una crisis energética global de proporciones imprevisibles. La ventana diplomática sigue abierta, pero se estrecha rápidamente bajo el peso de las amenazas y la desconfianza mutua.