Por: Alessia Genoves
10 años de prisión y una cuota de responsabilidad civil de $6,17 millones de dólares demanda la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Nicola Ernesto Angelucci Silva, por la suscripción irregular de convenios entre la Asociación Infocentros, el Banco Multi-sectorial de Inversiones (BMI) e instituciones de Estado. Pero la defensa del imputado alega que las pruebas fiscales son insuficientes, y demanda el sobreseimiento de cargos.
El delito de peculado, en modalidad continuada y el de negociaciones ilícitas son las atribuciones que la FGR sostiene en contra de Angelucci. Consiguió una pena de 10 años de prisión en 2019, que el imputado apeló. Permaneció 10 meses recluido, hasta obtener medidas sustitutivas. En las últimas horas finalizaron los alegatos de la fase de sentencia. El juez dictó medidas sustitutivas porque “no había peligro de fuga”.
Las Irregularidades
Infocentros se definía como una organización no gubernamental sin fines de lucro. Al mismo tiempo, había establecido convenios, desde 2002 a 2008, con diferentes carteras de Estado, principalmente, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía, entre otros. Los fondos administrados eran parte de los programas de becas Fantel, por lo que eran auditados por el Ministerio de Hacienda.
“Esta es una asociación que nace de un programa financiado el Ministerio de Hacienda (…) y el programa de conectividad global del Banco Mundial. Se genera Antel y se crea Fantel. La asociación Infocentros nace exclusivamente para eso”, siendo la democratización del flujo de la tecnología una de sus áreas, detalló Angelucci.
Pero, a pesar de que “la asociación infocentros estaba al servicio del BMI y del resto del gobierno”, como define Angelucci, cuatro después al cierre de sus operaciones (2008), la FGR ordenó investigarla.
“La imputación nace de una auditoría que es anónima, que nadie pudo explicar aquí, durante el juicio, de dónde procedía; no tuvimos a ningún testigo, a nadie del concejo directivo del BCR para que nos explicara, a pesar de que se había ofertado a una miembro del concejo; y, por tanto, nosotros la consideramos apócrifa”, explicó a ContraPunto el abogado de Angelucci, Luis Palencia.
De los hallazgos, el Ministerio Público sostuvo que los servicios de Infocentros“no se cumplen con las garantías del BMI, ni con las del mismo Fondo de Garantías Recíprocas”. Además, expresó que los convenios suscritos por la organización no “ejercía las funciones que debía cumplir” y que “los fondos no fueron invertidos donde se requerían”, hasta la disolución de la organización, el 14 de marzo de 2008.
Sin embargo, la defensa alegó que la competencia de los fondos otorgados satisfizo a la mayoría de sus beneficiarios, principalmente a “personas de escasos recursos”; cosa que no fue reconocida por la FGR. Al mismo tiempo, señaló que las pruebas de cargo omitían documentos, como las memorias de labores de las actividades de Infocentros.
Acontecieron señalamientos de la suscripción irregular de 7 convenios, desde de la Junta Directiva de Infocentros, cuando Angelucci era el director. Por si fuera poco, también refirió a que los convenios eran “contrarios a lo que establece la ley (ilegales)”; y que la cuantificación de los fondos no era legítima, pues “el BCR no corrobora los datos” contables de la institución, sobre operaciones como una supuesta transacción internacional de $300 mil dólares.
“Se tuvo noticia por medio de una nota firmada por el licenciado Boris Mejía, que en aquél momento fungía como director legal de Bandesal, informando que una solicitud delegada por el Juez Cuarto de Instrucción, que a su vez, nosotros como defensa habíamos pedido, que se presentaba éste convenio de la red de desarrollo en original, a ésta solicitud se respondió que estaba extraviado”, añadió Palencia,
También dijo que otro de los testigo acreditó que la documentación recopilada era legal “y que estaba en la caja fuerte de esa unidad”. Mencionó al menos tres acreditaciones de convenios, cuya documentación original no se presentó, sino “copias”, por lo que no estarían sustentadas bajo los artículos 174 y 175 del Código Procesal Penal
Al mismo tiempo, la defensa alegó que el imputado permaneció ausente durante la elección de los mismos; una de las razones por las que indicaron que sus operaciones no provenían de negociaciones ilícitas.
“Sí salía de la Junta Directiva por varios motivos. Uno, porque el Banco Multisectorial atendía a varios sectores productivos. Estaban los ganaderos, estaban los productores, estaban los industriales, los comerciantes. Y el banco tenía programas de desarrollo con cada uno de esos sectores. Entonces, si al caso el conflicto podría venir en qué se estaba priorizando más (…). Entonces, uno por cortesía se salía”, dijo Angelucci.
Por otra parte, la FGR señaló que el incremento patrimonial de Angelucci ya era de $3,254,951 hasta el año 2009; es decir, durante el tiempo en el que el imputado se desempeñó en el BMI y en Infocentros. Con lo anterior, sugirió que el dinero era origen de fondos público.
“Yo nunca gané ni un sólo centavo, ni un tan sólo beneficio, ni un tan solo viaje ni un tan solo almuerzo de la Asociación Infocentros. Era voluntariado”, explicó el imputado.
La FGR demandó una cuota de responsabilidad civil de $6,173,188.61 por las irregularidades en los convenios, alegando ser el “monto destinado para fines ilegítimos”. Sin embargo la defensa sostiene que las erogaciones de fondos en los convenios se dieron por cheque, y que, por tanto, son verificables en los registros internos de las instituciones.
“Todas las aportaciones se hicieron mediante cheques. No se hizo ninguna aportación en efectivo. De la misma forma, hasta donde los peritos tuvieron información reconstruida a partir de documentación bancaria, de la misma forma, la Asociación Infocentros también hacía todas sus erogaciones por medio de cheques”, puntualizó Palencia.
