Crédito France 24
La pregunta sobre cuándo volverá Venezuela a las urnas sigue sin respuesta. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el país todavía “no está preparado” para celebrar elecciones, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, asegura que habrá comicios, pero únicamente cuando Venezuela esté en condiciones de realizarlos.
Las declaraciones, realizadas el 2 de septiembre, adquieren especial relevancia porque se producen en medio del acelerado acercamiento entre Washington y Caracas y de la firma de nuevos acuerdos petroleros que colocan los recursos energéticos venezolanos en el centro de la relación bilateral.
Trump sostuvo que Rodríguez quiere elecciones, pero consideró que todavía no es el momento. Según EFE, el mandatario estadounidense afirmó que Estados Unidos había sacado a Venezuela de una dictadura y que el país necesitaría tiempo antes de estar preparado para un proceso electoral.
Rodríguez, por su parte, respondió que ha trabajado “sin descanso” para preparar al país y garantizó que habrá elecciones, aunque evitó comprometerse con una fecha concreta. La mandataria señaló además que Venezuela tiene una Constitución y un sistema democrático establecidos en ella, y sostuvo que no corresponde a ella fijar unilateralmente la fecha electoral.
El problema es que el escenario político venezolano actual plantea interrogantes jurídicas que van más allá de las declaraciones de Trump y Rodríguez.
La Constitución venezolana establece mecanismos específicos para enfrentar la ausencia absoluta del presidente y contempla la convocatoria a nuevas elecciones bajo determinadas circunstancias. Sin embargo, la situación creada tras la salida de Nicolás Maduro del poder y la posterior conformación de un Gobierno encabezado por Rodríguez ha generado una discusión sobre la naturaleza jurídica de la transición.
La cuestión adquiere mayor importancia porque, según el análisis presentado por France 24, la figura de un “presidente encargado” no aparece expresamente en la Constitución venezolana con las características que actualmente tiene el Gobierno de Rodríguez. Además, la interpretación judicial de la llamada “ausencia forzosa” de Maduro ha permitido mantener el actual esquema de poder sin activar plenamente los mecanismos constitucionales que conducirían a una elección inmediata.
Por ello, la discusión ya no es solamente si habrá elecciones, sino quién decidirá cuándo Venezuela está preparada para celebrarlas y bajo qué condiciones.
Mientras el calendario electoral permanece en suspenso, el proceso económico avanza a una velocidad considerablemente mayor.
Estados Unidos y Venezuela han profundizado su cooperación energética y Washington tendrá acceso mayoritario a la explotación de importantes reservas petroleras venezolanas. EFE informó que el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial de aproximadamente 65.000 millones de barriles, además de una inversión que Caracas calcula en más de 100.000 millones de dólares.
El acuerdo también establece una relación de largo plazo. EFE informó que la concesión vinculada a North American Blue Energy Partners contempla derechos durante 100 años sobre 17 campos que contienen cerca de una quinta parte de las reservas venezolanas.
El 2 de septiembre, además, Venezuela suscribió nuevos acuerdos con Chevron y Eni en presencia del secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, consolidando la dimensión económica de la nueva relación entre Caracas y Washington.
Y es precisamente aquí donde aparecen las mayores críticas.
Analistas y sectores opositores han planteado una pregunta incómoda: ¿qué prioridad tiene realmente para Washington la democratización de Venezuela frente a sus intereses energéticos y geopolíticos?
La crítica sostiene que Estados Unidos puede estar privilegiando una relación pragmática con el Gobierno de Rodríguez porque necesita estabilidad política suficiente para garantizar el acceso al petróleo venezolano.
No se trata solamente de una interpretación aislada. EFE recogió las críticas de opositores como Juan Pablo Guanipa y Henrique Capriles, quienes consideran que una recuperación económica sostenible requiere elecciones libres, instituciones legítimas y reglas claras. Guanipa sostuvo que el acuerdo petrolero podría tener potencial para reactivar la industria, pero advirtió que su éxito dependerá de que los venezolanos reciban beneficios concretos y de que exista un gobierno representativo.
Capriles, por su parte, cuestionó la falta de claridad sobre el alcance del acuerdo, su base legal y los beneficios que recibirán los ciudadanos venezolanos.
Desde esta perspectiva, el problema no es necesariamente que Estados Unidos invierta en Venezuela. El verdadero interrogante es si esa inversión estará acompañada por una democratización efectiva o si terminará consolidando una nueva estructura de poder.
Otro elemento que merece análisis es la transformación política de quienes hoy gobiernan Venezuela.
Delcy Rodríguez proviene directamente de la estructura chavista y fue vicepresidenta de Nicolás Maduro. Sin embargo, su Gobierno ha impulsado reformas económicas que abren espacios mucho mayores al capital privado y extranjero en el sector petrolero.
EFE señaló que las modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos han sido interpretadas por analistas como un desmantelamiento de parte del modelo económico asociado a Hugo Chávez.
Esto permite plantear una hipótesis política: el fenómeno que está emergiendo en Venezuela podría no ser simplemente la continuidad del chavismo tradicional, sino la formación de una nueva élite de poder que conserva parte de la estructura política anterior mientras modifica radicalmente su relación económica con Estados Unidos y con el capital internacional.
Por eso algunos sectores críticos hablan de una nueva “casta de poder”: dirigentes provenientes del antiguo sistema que ahora buscan sobrevivir políticamente mediante una alianza pragmática con Washington y mediante la administración de los enormes recursos naturales venezolanos.
Pero esa interpretación debe mantenerse como análisis político y no como una conclusión definitiva. Lo que sí resulta verificable es el extraordinario acercamiento entre el Gobierno de Rodríguez y Washington, mientras la convocatoria electoral continúa sin fecha.
El Gobierno de Rodríguez defiende los acuerdos petroleros argumentando que permitirán recuperar la industria, atraer inversiones, aumentar la producción y generar ingresos para el Estado. La propia mandataria ha dicho que Venezuela mantiene la propiedad y soberanía sobre sus recursos y que el acuerdo permitirá impulsar la recuperación económica.
Washington, por su parte, presenta el acuerdo como beneficioso tanto para Estados Unidos como para Venezuela. Trump ha insistido en que el petróleo venezolano ayudará a aumentar el suministro energético y reducir los precios para los estadounidenses.
Sin embargo, el verdadero examen será otro: qué recibe el ciudadano venezolano.
Si el petróleo aumenta, pero no mejoran los salarios, los servicios públicos, la seguridad, la infraestructura, las libertades políticas y las condiciones de vida, el discurso de recuperación nacional quedará incompleto.
Y si las inversiones petroleras avanzan mientras las elecciones continúan indefinidamente postergadas, crecerán inevitablemente las sospechas de quienes sostienen que Washington está priorizando el acceso a los recursos venezolanos sobre la reconstrucción democrática.
La oposición venezolana ha insistido precisamente en que la recuperación económica necesita elecciones libres y un gobierno representativo. EFE recogió esa posición como una de las principales críticas al actual proceso.
Venezuela se encuentra así ante una paradoja histórica.
Por un lado, existe una oportunidad de recuperar una industria petrolera devastada durante años de crisis, atraer capital extranjero y reconstruir una economía que alguna vez fue una de las más importantes de América Latina.
Por otro, existe el riesgo de que la riqueza petrolera vuelva a convertirse en el centro de una disputa por el poder, esta vez entre nuevos actores nacionales y grandes intereses internacionales.
Trump y Rodríguez coinciden actualmente en que habrá elecciones, pero ninguno ofrece una fecha.
Mientras tanto, el petróleo sí tiene calendario, contratos, inversiones y acuerdos.
La democracia venezolana, en cambio, continúa esperando.
Y esa diferencia puede convertirse en la pregunta fundamental de esta transición: ¿se está reconstruyendo Venezuela para que los venezolanos recuperen su democracia y su bienestar, o se está reorganizando el poder para garantizar primero el control y aprovechamiento de sus enormes riquezas naturales?
La respuesta no estará solamente en las declaraciones de Trump o Rodríguez. Estará en si finalmente se convocan elecciones libres, se reconstruyen las instituciones y los beneficios de la riqueza petrolera llegan efectivamente a la población venezolana.