Por Alonso Rosales
Periodista y analista internacional
La ofensiva militar del gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico en América Latina abre una pregunta que va mucho más allá del número de embarcaciones destruidas o de presuntos narcotraficantes muertos: ¿está Estados Unidos construyendo una estrategia efectiva contra las drogas o simplemente ofreciendo un espectáculo militar para las cámaras?
La administración Trump ha incrementado el uso de la fuerza contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, mientras Washington busca ampliar la cooperación militar con gobiernos latinoamericanos dispuestos a participar en operaciones conjuntas.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció recientemente, durante una reunión con ministros de Defensa y altos mandos militares de 18 países latinoamericanos en Panamá, que Estados Unidos intensificará sus operaciones militares conjuntas con aquellos gobiernos que autoricen este tipo de acciones.
Según Hegseth, Colombia habría solicitado operaciones militares conjuntas contra organizaciones del narcotráfico. Sin embargo, el Gobierno colombiano no confirmó públicamente esa afirmación, aunque tampoco la desmintió.
El anuncio adquiere especial relevancia porque plantea la posibilidad de que la campaña estadounidense pase de operaciones marítimas a acciones coordinadas en territorio latinoamericano.
México constituye uno de los principales puntos de tensión.
El gobierno mexicano ha mantenido una cooperación con Washington en materia de inteligencia, intercambio de información y entrenamiento, pero históricamente ha rechazado la presencia de fuerzas militares estadounidenses realizando operaciones armadas dentro de su territorio.
La posibilidad de que Estados Unidos ataque unilateralmente laboratorios o instalaciones vinculadas al narcotráfico en países que no autoricen este tipo de operaciones abriría un escenario mucho más delicado, tanto desde el punto de vista jurídico como diplomático.
Y allí aparece una cuestión fundamental: una cosa es cooperar militarmente con un gobierno soberano y otra muy distinta realizar operaciones armadas sin su autorización.
La administración Trump sostiene que sus acciones forman parte de una estrategia de defensa frente al denominado narcoterrorismo.
Pero distintos especialistas cuestionan que el uso de la fuerza militar, por sí solo, pueda resolver un problema cuya naturaleza es mucho más compleja.
Una de las críticas más importantes apunta precisamente a los tripulantes de las embarcaciones interceptadas.
En lugar de matarlos, sostienen algunos expertos, detenerlos y obtener información podría permitir identificar a los intermediarios, las rutas, los financistas y, finalmente, a los grandes jefes de las organizaciones criminales.
Desde esta perspectiva, destruir una lancha puede ser una victoria inmediata, pero capturar a quienes la tripulan podría proporcionar información de inteligencia capaz de conducir a una estructura criminal mucho mayor.
Además, el uso de fuerza letal contra personas sospechosas de transportar drogas plantea interrogantes jurídicos cuando no existe un proceso judicial previo ni una amenaza inmediata que justifique el empleo de fuerza mortal.
El problema de fondo es que el narcotráfico no es solamente un problema militar.
Un laboratorio destruido puede ser reconstruido. Una ruta marítima puede ser sustituida por otra. Un grupo criminal eliminado puede ser reemplazado por una organización rival.
Lo que resulta mucho más difícil de destruir son las condiciones que permiten que el negocio prospere: corrupción, impunidad, instituciones judiciales débiles, policías infiltradas por organizaciones criminales, pobreza en zonas productoras y, sobre todo, una enorme demanda de drogas en Estados Unidos y otros países consumidores.
Por eso, especialistas y exfuncionarios estadounidenses han insistido durante años en que la fuerza militar puede ser una herramienta dentro de una política antidrogas, pero no puede convertirse en la política antidrogas completa.
Si se elimina a un grupo de traficantes sin fortalecer simultáneamente a fiscales, jueces y policías, el vacío será ocupado por otros.
Existe además una contradicción que Washington difícilmente puede ignorar.
Estados Unidos es uno de los principales mercados mundiales de consumo de drogas. Mientras exista una enorme demanda y organizaciones dispuestas a satisfacerla, los incentivos económicos para el narcotráfico continuarán siendo extraordinarios.
Por eso, una estrategia verdaderamente integral debería incluir prevención, tratamiento de las adicciones, reducción de la demanda, persecución financiera de las organizaciones criminales, cooperación internacional, fortalecimiento de las instituciones de justicia y alternativas económicas para comunidades que dependen de cultivos ilícitos.
La lucha contra las drogas, en otras palabras, requiere mucho más que misiles, barcos y aviones.
La preocupación aumenta si la ofensiva militar se produce al mismo tiempo que Estados Unidos reduce programas tradicionales de cooperación internacional.
La desaparición de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante la administración Trump provocó la cancelación o transferencia de numerosos programas de asistencia en diferentes regiones del mundo.
Algunos proyectos fueron trasladados al Departamento de Estado, pero otros dejaron de funcionar.
Entre los programas afectados se encontraban iniciativas relacionadas con fortalecimiento institucional, seguridad, desarrollo económico y alternativas legales para comunidades vulnerables al narcotráfico.
La paradoja es evidente: Estados Unidos puede gastar enormes cantidades de dinero en operaciones militares para destruir una embarcación, mientras reduce recursos destinados a atacar las causas económicas e institucionales que permiten que esa embarcación exista.
La imagen de un barco sospechoso siendo destruido por fuerzas estadounidenses es poderosa políticamente.
Es inmediata. Es visible. Es fácil de comunicar.
Una operación de inteligencia que permita identificar durante meses a una red financiera, detener a sus operadores, procesar judicialmente a sus integrantes y decomisar sus activos es mucho menos espectacular.
Pero probablemente sea más importante.
Ahí se encuentra el verdadero dilema de la estrategia de Trump.
La destrucción de una lancha puede ser una victoria táctica. Desmantelar una organización criminal es una victoria estratégica.
Si Washington quiere demostrar que su ofensiva realmente funciona, tendrá que mostrar algo más que imágenes de embarcaciones destruidas y cifras de personas abatidas.
Deberá demostrar que las rutas del narcotráfico disminuyen, que las organizaciones criminales pierden capacidad financiera, que aumentan las capturas de sus dirigentes, que disminuye la corrupción y que finalmente baja el consumo y la disponibilidad de drogas en Estados Unidos.
De lo contrario, existe el riesgo de que la guerra contra los carteles termine convirtiéndose en una sucesión de operaciones militares espectaculares sin capacidad para modificar sustancialmente el mercado de las drogas.
La pregunta, entonces, no es si Estados Unidos tiene capacidad militar para bombardear una lancha.
La pregunta es si bombardear lanchas puede acabar con el narcotráfico.
Y la respuesta de la experiencia histórica parece mucho más compleja: sin justicia, inteligencia, cooperación internacional, prevención, desarrollo económico y reducción de la demanda, la fuerza militar puede producir titulares, pero difícilmente producirá una solución.
El peligro es que la guerra contra el narcotráfico termine siendo, precisamente, lo que sus críticos advierten: un gran espectáculo para la tribuna, mientras el negocio continúa funcionando detrás de las cámaras.