Por Alessia Genoves
Rebelde es declarado Gerson Marínez, y otros dos implicados en Caso Sitramss van a prisión. Ésta declaración la comparten las autoridades de Centros Judiciales, tras la lectura de la resolución del Juzgado 2º de Paz de Santa Tecla. El titular de Sipago-Sitramss, Miguel Ángel Castaneda y el exdirector del Ministerio de Transporte (VMT), Edwin Flores, deberán permanecer en prisión preventiva, hasta que se determine su responsabilidad en los delitos de actos arbitrarios y extorsión agravada.
“Incumplimiento de deberes” es la causa penal que la Fiscalía General de la República (FGR) somete en contra de Gerson Martínez, como es conocido el reo ausente, Manuel Orlando Quinteros. La misma condición se persigue en contra del ex vice-ministro de Transporte, Nelson García. El titular del Ministerio Pública Fiscal, Rodolfo Delgado, sostiene que el primero estaría residiendo en México.
Prisión Sitramss
Prisión preventiva decretan en contra de Flores y de Castaneda. La resolución ha sido divulgada éste domingo 18 de diciembre, al término de la audiencia inicial del Juzgado 2º de Paz de Santa Tecla. Responde, a su vez, a las imputaciones por el delito de actos arbitrarios, en contra de Flores; y de extorsión agravada, en contra del empresario Flores.
FGR detalla que los imputados detenidos han sido sometidos por la Policía Nacional Civil (PNC), ya que sobre el primero pesan las acusaciones de “extorsión agravada”, y sobre el segundo, el delito de “actos arbitrarios”. A éstos también se añaden implicaciones en contra del funcionario Nelson García, por el delito de “extorsión agravada”.
El Código Penal, entretanto, define sanciones desde los 10 a los 15 años de prisión a las distintas modalidades del delito de extorsión (art. 214-A); y de sanciones de 2 a 4 años de prisión, más la inhabilitación del cargo, por el delito de actos arbitrarios (art. 320).
Gerson Martínez rebelde
Rebeldes han sido declarados García y Quinteros, último que responde al nombre de Gerson Martínez. Las autoridades judiciales añaden que a ambos se les administra la “orden judicial de detención”. El primero responde a la presunción del delito de extorsión, al igual que el empresario Castaneda.
Gerson Martínez, por su parte, es el imputado ausente denunciado y procesado por el delito de “incumplimiento de deberes”. Según lo detalló el titular de la institución de investigación, Rodolfo Delgado, existirían pruebas que lo implican en “haber autorizado la concesión del carril segregado para uso exclusivo del Sitrams, para los vehículos que estaban autorizados para circular; ésto, sin haber cumplido con las diferentes disposiciones legales, que obligaban a que la Asamblea autorizara la concesión”
El Código Penal también establece sanciones concretas en contra de la imputación de Martínez. Establece penas carcelarias de 4 a 6 años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes (art. 321).
Sitramss inconstitucional
Inconstitucional fue definido el proyecto Sitramss. El acto corresponde a la resolución de Inconstitucionalidad 63-2013, establecida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se estableció en la fecha 27-I-2017. Al respecto, la Sala argumentó que el proyecto no respondía al cumplimiento del artículo 120 de la Constitución de la República, que reza:
“En toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muebles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberían estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas”. También añade que “éstas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa”.
Rodolfo Delgado añade que otras condiciones, que implican a Gerson Martínez. Según lo explicó a la prensa, el acusado “no cumplió con los requerimientos necesarios, establecidos tanto en la LACAP como en la Constitución, para poder concesionar ese bien público”.
En concreto, el carril de la concesión antes descrita respondía a un límite geográfico de “seis punto cuatro kilómetros (6.4 Km) que inicia en el Bulevar del Ejército Nacional, a la altura de la avenida Rosario Sur del municipio de Soyapango, continuando por la avenida Peralta, luego cruza por avenida Independencia, hasta la Alameda Juan Pablo II, concluyendo a la altura de la intersección con la Treinta y Tres Avenida Norte del municipio de San Salvador, departamento de San Salvador”, según lo detalla la CSJ.
La CSJ reiteraría las condiciones de inconstitucionalidad, en 2019. Valoraría, entre otras cosas, los conflictos suscitados entre el interés público y los beneficios de la empresa, desde criterios de poderación y de proporcionalidad, por el uso del referido bien de dominio público, y por las irregularidades procesales de la conseción, último señalamiento que hizo notar el ex-magistrado de la institución judicial, Carlos Sergio Avilés.
Por otra parte, la Asamblea Legislativa ha sido designada por la CSJ para que éste determine si se concede la autorización para la explotación del carril segregado y las estaciones de autobuses Sitramss. Por ello, la decisión podría llegar a tomarse hasta el año 2024. De no reafirmar los términos con los que fue consolidado el proyecto, se removerían las instalaciones que usa Sitramss.
El diputado del partido Arena, René Portillo Cuadra, estimó que “se deben establecer políticas públicas sobre el uso del Sitramss” para determinar “si se mantiene en un carril preferencial, si se va a establecer de una forma abierta la circulación, porque ahí se hizo una inversión que está botada, son miles de millones de dólares los que vale el Sitramss y realmente no está dando los frutos para lo que fue construido”.
