Por Alessia Genoves
Foro de Sao Paulo rechaza el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales de El Salvador, y defiende al partido Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN). La agrupación de partidos de izquierda internacionalista compartió su nuevo manifiesto titulado “situación social y política en El Salvador” del XXVI Encuentro de la ciudad de Brasilia, de la República de Brasil. En el manifiesto, sin embargo, omite referir un balance de resultados que exponga el registro de más de 400 días sin homicidios intencionados, ni juicios de ponderación que valoren la vida ciudadana por sobre la libertad de maras y pandillas, responsabilizados por la comisión de más de 112 mil homicidios en el país, desde 1994.
“Reprobamos la implementación por casi año y medio de un Régimen de Excepción en El Salvador, bajo el cual se han detenido a más de 66,000 personas, muchas veces de manera arbitrarias, y registrándose más de 140 muertes bajo custodia del Estado, así como más de 5,000 casos de violaciones a derechos fundamentales”, sostiene la organización de izquierdas, en su manifiesto. Las cifras son coherentes a las de los datos oficiales, divulgadas por la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, el mes anterior fue el fiscal, Rodolfo Delgado quien indicó que “se han enviado a archivo 142 denuncias sobre homicidios”, alegando que “no se han encontrado delitos qué perseguir”.
El Foro de São Paulo acaba de emitir una condena a El Salvador por “el desmantelamiento de los espacios democráticos, “cambiar de un modelo democrático al de un partido hegemónico” y por “violaciones a derechos humanos”.
Sí, el Foro de São Paulo 😂 https://t.co/SDDkQI8l5K
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 11, 2023
Menos homicidios
77 homicidios intencionados han sido registrados por la PNC, desde el 1 de enero al 9 de julio de 2023. La cifra supone una contracción del -80.3% respecto de los 391 homicidios intencionados del mismo período del año 2022. Sólo al cierre del mes de junio de 2023, el titular del MJSP, Gustavo Villatoro, identificó hasta 10 homicidios intencionados, que contrastarían con los 24 reportados en la misma fecha de 2022; sin embargo éste último dato difiere del reporte periódico de la PNC en la misma fecha, siendo de 28 homicidios intencionados.
Sin embargo, la cifras oficiales difieren de los registros y especulaciones de fuentes alternas. Tal es el caso del último balance que compartió el periodística hispano-salvadoreño, Roberto Valencia, quien hasta el 30 de junio señalaba hasta 96 homicidios. Según lo expone, “los 96 homicidios registrados oficialmente en El Salvador hasta el 30 de junio incluyen 19 homicidios de presuntos pandilleros que fallecieron en supuestos enfrentamientos con la PNC o la Fuerza Armada”. Es decir, que si se parte del registro actual, en el que se incluyen los primeros 3 homicidios del mes de julio de 2023, la diferencia es de aquellos “19 presuntos pandilleros” que, de acuerdo con el Código Penal, aquellos escenarios de confrontación en los que se justifique el uso de la legítima defensa, no configura una responsabilidad penal (art. 27, Cód. Pnl).
La @PNCsv registra 96 homicidios entre el 1 de enero y el 30 de junio, un 79% menos que los 454 contabilizados en idéntico período del año 2022. Al ritmo actual, El Salvador cerraría 2023 con 194 homicidios, para una tasa de 3.1 homicidios por cada 100,000 habitantes.
— Roberto Valencia (@cguanacas) July 3, 2023
PNC detalla en sus informes, por otra parte, que sólo el mes de mayo de 2023 superó el número de hechos de sangre cometidos, pues la cifra llegó a los 17 homicidios intencionales frente a los 16 homicidios de la misma naturaleza reportados en el mismo período del año anterior; pero no siendo mayor a los 121 reportados en el mismo período del año 2021; ni a los 67 del año 2020; cuanto menos a los 292 del año 2019. Por otra parte, la cifra había sido ya menor en abril de éste año, con apenas 8 homicidios intencionales registrados, con lo que se logró identificar dicho mes como el más pacífico del año; pues la cifra contrasta con la del resto de meses del año, y es aún menor respecto de los 23 identificados en el mismo período del año anterior; cuanto más respecto a los 109 identificados en 2021; a los 147 del año 2020 y a los 325 del mismo período del año 2019.
12 homicidios intencionados se reportaron en el mes de marzo de éste año, cifra bastante inferior respeto de los 107 reportados en el mismo período del año 2022; siendo, además, la más violenta del año, y la que justificó la legalización del decreto N.º 333 de Restricción de Garantías Constitucionale. Por otra parte, para el mes de febrero, se enumeraron hasta 14 homicidios, contrastables con los 66 del mismo período del año 2022; a los 99 del año 2021; a los 108 del año 2020 y a los 2020 del año 2019. El mismo contraste se observa entre los 13 homicidios identificados en enero de éste año, respecto de los 82 del mismo período de 2022; los 111 del año 2021; los 120 del año 2020 y los 288 del año 2019.
Foro de Sao Paulo contra el Régimen
“Rechazar las políticas implementadas por la actual administración presidencial en El Salvador, que van en detrimento de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Justicia Social, especialmente aquellas que han buscado consolidar el quiebre de la imparcialidad del sistema político y electoral salvadoreño, así como el manejo arbitrario de los recursos públicos”, es una de las demandas que dirige el Foro de Sao Paulo a la izquierda internacional, representada en partidos políticos.
5,960 denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos humanos han sido documentadas por 6 diferentes organizaciones sociales. La mayor proporción corresponde a la Fundación Cristosal, con un total de 4,723 denuncias, en su último balance divulgado a la prensa en mayo de 2023; así como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), con un total de 677 denuncias; más otras 44 presuntas vulneraciones a personas de diversidad sexual y genérica, por la Fundación Amate El Salvador. A dicho registro se añaden otras 297 presuntas vulneraciones documentadas por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
187 presuntas vulneraciones también llegó a documentar el Servicio Social Pasionista (SSPS), la institución que en otrora trabajaba por la re-inserción social de maras y pandillas; así como otras 32 denuncias reportadas por la Red de Defensoras de Derechos Humanos. Al total de denuncias procesadas, también se identifican los 153 casos de muertes reportadas por la Fundación Cristosal, en el “Informe de 1 año en el Régimen de Excepción”. El dato de la fundación es, pues, el registro referente en el Foro de Sao Paulo, para justificar las denuncias contra el Régimen.
Rodolfo Delgado, sin embargo, indicó que al menos 142 casos de las muertes identificadas al interior de lo centros penales “serán archivadas”, en razón a que “no existe delito qué perseguir”. Al respecto, añade que “los datos de esa ONG no son los correctos, estos datos no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal (IML), sino que señalan algún tipo de médicos, han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica para ordenar esos datos, incluso han tomado en cuenta para tratar de magnificar esos números, a fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario, antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción”..
ContraPunto observa que buena parte de las fuentes adquiridas por Cristosal no responden, precisamente, a las actas de defunción oficial; sino, más bien, a los hechos registrados por la prensa. Y, desde luego, varios de ellos no han sido contrastados por el IML. También añade que “De acuerdo a nuestras investigaciones, hemos comprobado científicamente con el auxilio de Medicina Legal las causas de la muerte, algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes, otras, fueron algún tipo de enfermedad en la cual se prestó el debido auxilio en el momento oportuno por las autoridades penitenciarias y posteriormente, desgraciadamente, existió el fallecimiento de esas personas por causas naturales”.
Desde luego, el Foro de Sao Paulo omite las alegaciones de la versión oficial, y la verificación de las fuentes consultadas; asumiendo, con tales defectos, la veracidad de las mismas. Por otra parte, también manifiesta el “condenar la militarización del territorio salvadoreño y la persecución política en contra de actores sociales claves para la convivencia democrática”; una valoración que no es exacta, aún con los 100,000 militares identificados hasta el año 2018; ya que en los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos llegaron a documentarse en el informe titulado “22 Country Reports on Human Rights Practices: El Salvador”, en el que las organizaciones denunciantes que participaron -entre ellas Cristosal-, negaron persecución por autoridades de seguridad.
Schafick Jorge Hándal Vega, ex-diputado del FMLN y empresario, sin embargo tiene una opinión distinta. El político y empresario salvadoreño ha liderado el Movimiento de Familiares de Presos Políticos, que ha denunciado la detención de al menos 13 ex-funcionarios públicos. Cabe destacar que su detención se ha establecido antes de la vigencia del Régimen de Excepción; ya que el caso que responde a la fundación de la organización, titulado por la FGR como Caso Desfalco, ordenó la detención y apertura a juicio contra 5 de 10 ex-funcionarios del partido en la fecha del 28 de julio de 2021, por los delitos de “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”. Entre los detenidos se identifica el ex-titular del Ministerio de Hacienda, Carlos Cárceles; así como la ex-representante del Ministerio de Educación, Erlinda Hándal Vega, quienes han admitido la comisión de los hechos: la recepción de sobresueldos, por un monto conjunto a los $2,3 millones USD.
Erlinda Hándal es hermana de Schafick Jorge, vale decir. Éste último, por otra parte, ha sido también acusado por el delito de enriquecimiento ilícito, mientras fue diputado por el partido en su primer período en funciones (2012-2015), por un monto de hasta $182,374.61 USD. Los hechos también implican a su grupo familiar, sus dos hijas y su esposa, quienes no habrían podido justificar gastos de hasta $40,525,62 USD.
También denuncia la “reelección presidencial”, como una posibilidad abierta, tras la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2021, Dicha resolución alegada se observa en el expediente 19-11-2021, que niega la inhabilitación de derechos constitucionales a una ciudadana que consideró posible la reelección presidencial, por un período inmediato al anterior. Pero hay que señalar que la resolución no configura el espectro de leyes, pues ésta se basa en la sentencia 163-2013 emitida por la Sala en el año 2014, en la que establece que la reelección es posible en los 5 años posteriores a la primera elección; y que el período de proscripción se establece durante los 10 años transcurridos, de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución de la República. Es decir, que ésta posibilidad se aplicó 5 años antes de que Bukele fuera siquiera candidato a presidente (2019).
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