Por Alessia Genoves
Fermán Cienfuegos es acusado en el asesinato de María Inés, en Santa Marta. El dato lo informa la Fiscalía General de la República (FGR), y sus implicaciones quedan constatadas en la administración judicial. Es uno entre 8 ex-miembros de la Guerrilla salvadoreña, entre ellos 6 líderes comunitarios, que son procesados por el presunto secuestro, tortura y asesinato de la salvadoreña María Inés Alvarenga.
Teodoro Antonio Pacheco es uno de los acusados, que se enumeran entre las 6 personas que se encuentran detenidas por las autoridades de seguridad. Bajo las mismas acusaciones, organizaciones como el Foro Nacional de Salud (FNS), el Foro del Agua y otras instituciones agremiadas, alegan su inocencia, asociándolos como líderes comunitarios y ambientalistas en el cantón Santa Marta (Cabañas).
Sin embargo, las organizaciones defensoras no han rendido posición pública a favor de Cienfuegos ni del ex-representante de la Guerrilla, Alejandro Laínez García. Cabe destacar que Fernán Cienfuegos es sólo el nombre con el que es conocido el salvadoreño José Eduardo Sánchez Castaneda, quien participó en la creación del grupo de Resistencia Nacional (RN), en los acuerdos para pacificar la Guerra Civil de los 80`s, y de ser uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz.
Cienfuegos: de la Guerra a la Paz
Cienfuegos es conocido por su título de coronel, dentro de la Guerrilla combatiente. Fue miembro y fundador de la RN y de las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (Farn); y también fue miembro del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP). ContraPunto ha consultado el portal oficial del Archivo Digital Marxista (MIA, en inglés), para describir su participación en la confrontación política, que antecedió y dio paso a la Guerra Civil.
Justificó las tentativas por confrontar al ejercito salvadoreño, en una entrevista dedicada a la periodista “Marta Harnecher, Ideas nuevas para tiempos nuevos”. El documento titulaba “Una guerra para conquistar la democracia. Ferman Cienfuegos, octubre 1990″. Justificó que la participación de las organizaciones respondía al propósito de “cambiar la correlación de fuerzas político-militar, abre una coyuntura donde se empieza a cuestionar el sistema dictatorial y aparece la posibilidad de crear un sistema democrático”.
El otrora guerrillero no omitió que las organizaciones populares tenían conflictos internos. Indicó que organizaciones como el ERP y el RN eran “acusadas como militaristas”, de acuerdo con el texto de su autoría, titulado como “Fermán Cienfuegos, Veredas de la audacia – Historia del FMLN. Nicaragua/México”, de las Ediciones Roque Dalton. Otras acusaciones eran “de índole ideológicas como revisionismo y reformismo”.
Roque Dalton sería uno de los referentes de las “nuevas ideas”, para aproximarse a uno de los fundadores de la agrupación del FMLN, Farabundo Martí, desde el libro “Miguel Marmol”. No obstante, según algunas de las referencias judiciales en el asesinato del referente, se informa que fueron esas disidencias ideológicas las que influyeron en la muerte del poeta más universal de El Salvador.
12 años transcurrieron del progreso de la Guerra Civil, hasta la firma de los Acuerdos de Paz, en el Castillo de Chapultepec, el 16 de enero de 1992. El archivo periodístico hace constar la importancia que asumía Cienfuegos para alcanzar la “anhelada paz”, por lo que su participación quedó infrascrita en el documento titulado “Acuerdos de Chapultepec”.
No obstante, las entrevistas y conversatorios que fueron publicados a posteriori, omiten referir sobre las acusaciones y responsabilidades asociadas en la muerte de 75,000 civiles, y en la desaparición de otras 10,000 personas, de acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), titulado “De la Locura a la Esperanza”.
Cienfuegos y Santa Marta
Cienfuegos es identificado por su nombre natural en el reciente proceso judicial en su contra: Eduardo Sancho Castañeada. La información se constata en el informe del portal oficial de la FGR, divulgado éste lunes 16 de enero; es decir, justo el día en que se celebraba la firma de los Acuerdos de Paz; y que hasta el año 2021, se celebra el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
Enumerado permanece entre un listado de 8 presuntos colaboradores en la desaparición forzada, tortura y en el asesinato de la referida salvadoreña, María Inés Alvarenga. La representación fiscal compartió a la prensa una reconstrucción de los hechos, precisando que la fecha del asesinato de Alvarenga es la del 22 de agosto del 1989.
No obstante, la FGR omitió detallar cuáles eran las acciones que implicarían al acusado en los hechos de violencia que precedieron a la muerte de Alvarenga. Ésta condición también la comparten los otros 7 acusados, que responden a los nombres de “Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Teodoro Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas Ortega, Fidel Doleres Recinos Alas, Arturo Serrano Ascencio y Alejandro Laínez García”.
De hecho, la representación del Ministerio Público argumentó: “En la etapa inicial solamente nos basta con tener algunos indicios de participación y comisión de hechos delictivos”. Detalló también; “Tenemos una partida de defunción, que refiere la causa de la muerte de la ahora occisa señora Inés; y, de igual manera, tenemos a familiares de la señora María Inés que han colaborado con la investigación”.
A las condiciones limitantes se sumaría la observación del representante del Foro del Agua, Alejandro Henríquez. Pero hay que aclarar que éste defensor ambientalista no se referiría a Cienfuegos, sino a los primeros 6 ex-militantes de la guerrilla y ambientalistas, detenidos en la primera quincena de enero: “Lo que hemos conocido de los compañeros y compañeras de Santa Marta, se les están acusando por hechos de 1973 y de 1974, cuando el asesinato, en realidad ocurrió en 1989, según la Fiscalía”.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enumera precedentes en los condenas por delitos de lesa humanidad, durante la Guerra Civil, se les enjuició con legislaciones penales anteriores al tiempo de la comisión de sus delitos.
ContraPunto identifica al juicio condenatorio contra el Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, uno de los acusados de la Masacre de los Jesuitas, sentenciado por el delito de “Asesinato”, establecido en el artículo 54 del Código Penal de 1973; es decir, anterior al hecho de 1989. Esto se puede observar en documentos tales como el recurso de amparo no admitido al condenado, desde la Sala de lo Penal de la CSJ, en su sentencia del expediente n.º 3CAS2019.
