Por: Alessia Genoves
Pérdidas de $12 millones de dólares por extorsiones es la cantidad aproximada que empresarios del transporte publico estimaron, al cierre del año 2021. Al mismo tiempo, denuncian incremento del 40% en gastos de reparación de flotas vehiculares, por el aumento del precio a la canasta básica; y reducción en la inversión del sector del transporte público, aún transcurridos 1 año y 4 meses en la re-apertura de la economía, tras la pandemia del covid19.
La solvencia en el “costo del combustible; costo de operación y el costo bancario” es la principal preocupación que aflije a la mayoría de empresarios del sector de transporte, según lo destaca el titular de la gremial Fecoatrans Inversiones y Negocios, Catalino Miranda.
Exigen, los empresarios, acceso a créditos financieros, y la inyección de fondos al sector de transporte de al menos $150 millones de dólares sólo para el mantenimiento de sus activos. Sostienen que el acceso a garantías sociales para el abastecimiento de sus unidades es insuficiente, por lo que demandan a la Asamblea Legislativa la revisión de la recién aprobada Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros tipo Colectivo y Masivo.
Muertes y Extorciones
Delincuentes armados y miembros de estructuras terroristas financian sus operaciones con el dinero adquirido de las extorsiones. Las unidades de transporte y sus estaciones centrales son los principales puntos de asalto. El hurto, robo y la extorsión, en consecuencia, des-financian a las empresas de transporte.
$12 millones de dólares fueron robados a las empresas de transporte durante el año 2021. La cifra, no obstante, significa una reducción en pérdidas, y que en años anteriores los reportes de pérdidas eran mayores a los $36 millones de dólares.
“Hemos llegado a la baja. Hubieron años en los que hubieron hasta $36 millones, llegaron a $19 millones; a $13 millones. Hoy estamos en un lapso de $12 millones, anualmente, entre las” más de 10 mil unidades de transporte del país”, detalló Miranda.
#CPNacionales | Pérdidas en sistema de transporte se contrajeron a -30% al cierre del 2021; con -$12 millones por extorsión, detalla representante de #FECONTRANS, Catalino Miranda.
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La gremial de transportistas sostiene que la reducción de pérdidas es consecuente con la aplicación del Plan Control Territorial (PCT), que ha logrado una contracción de hasta 17 homicidios por cada 100 mil habitantes. El efecto también se concretó en los decesos de al menos 7 salvadoreños, que perdieron la vida a manos de la violencia, al interior de las unidades de transporte.
“Éste año hemos cerrado con 7 asesinatos en el sector transporte. Eso es muy bueno. 7 (muertes) que se lamentan, pero ha ido bastante a la baja, en el tema de asesinatos”, añade.
Rutas como la 11c, la 202, la 151 y la 30b han sido los escenarios que han presenciado mayor asedio de grupos terroristas, y el asesinato de al menos un pasajero en cada una de ellas, hasta la fecha. La misma suerte corrieron las víctimas de las unidades de las rutas 306 y 129. La gemial también denuncia que la violencia ha hecho que las empresas de las rutas “202, 90, 109, 11, 117, y la 30, 210, 277 y 214” suspendan sus actividades con “paros” temporales.
#CPNacionales | La @FGR_SV abre proceso donde se les acusa por el delito de robo agravado en perjuicio de tres víctimas con régimen de protección “Ángel”, “1234” y “Reloj” quienes viajaban en los microbuses de las rutas 45AB Y 109.
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La sostenibilidad
$150 millones de dólares requieren las empresas de transporte para sufragar los gastos estimados para la sustitución de unas 850 flotas vesiculares, de las distintas empresas de transporte del país.
Al mismo tiempo, requieren de la contribución estatal para la solvencia de los gastos empresariales. No obstante, denuncian que la Ley Especial de Tarifas demanda requisitos que no son asequibles para la mayoría de las empresas, ya que las que persiguen dicha ayuda deberán incurrir en gastos mayores a los que ofrece el subsidio.
“Se dice que la Ley debe llegar ésto o debe llevar lo otro. Sí. Pero, ¿quién va a poner el pisto?. No quieren que se le cobre más al usuario. No quieren aumentar la compensación. Y si dan compensación, con una camándula de requisitos que sí se pueden cumplir, pero no son para la compensación, porque la compensación es para el usuario”, opinó Miranda.
La adopción de sistemas electrónicos de pago, la modernización de las unidades de transporte de pasajeros y la solvencia financiera son algunos de los requerimientos que establece la ley. Para Miranda, menos del 5% de los empresarios logran estar solventes con sus unidades de transporte.
“Seguridad jurídica, inversión en tecnología”, así como la “mejora de los planteles” son algunas de las proyecciones que los empresarios proponen, para sostener la des-compensación de las empresas de transporte. Para concretarlo, demandan al Estado la apertura a créditos bancarios, y la revisión o veto de la recién aprobada Ley Especial de Tarifas, para que los empresarios puedan acceder a dichas prestaciones.
