Por: Alessia Genoves
Decenas de organizaciones y de activistas ambientalistas nutrieron la XXI Caminata Ecológica, para denunciar la ausencia de políticas públicas a favor de la conservación de los recursos naturales del territorio nacional. Las denuncias fueron acompañadas tanto por los legisladores del partido de oposición como por los del partido oficial, en respuesta de acciones como las órdenes de archivar propuestas de ley y la falta de voluntad para aprobarlas desde legislaturas pasadas.
En suma, la ausencia de garantías para la conservación del suelo por el empleo de agro-tóxicos; la inexistencia de regulaciones para controlar las prácticas de monocultivo y la negligencia de las autoridades ambientales para la intervención de “polémicos permisos ambientales” fueron las denuncias pronunciadas por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), para afirmar que “en El Salvador aún persisten serias deudas en materia ambiental”.
“Hacemos evidente que a nivel nacional y local existen conflictos socioambientales ocasionados por la industria que impacta los ecosistemas y la salud de la población, conflictos que, a pesar que existe una normativa jurídica que regula su accionar, no ha existido la capacidad, ni la voluntad gubernamental de sancionar las prácticas ilegales y dañinas que realizan”,expusieron, en su momento, representantes del Colectivo Salvemos Valle del Ángel.
El desarrollo de la Caminata marcó su punto de partida en las afueras de la Catedral Metropolitana de San Salvador, hasta desplazarse hacia la Asamblea Legislativa, lugar en el que haría llegar al menos dos cartas de correspondencia para demandar la aprobación de la Ley General del Agua y la Ley de Soberanía Alimentaria, tras las órdenes oficiales de llevar a archivo las que se habían discutido en la Asamblea Legislativa del periodo 2018-2021.
Sin embargo, al término de la marcha, los activistas se encontraron con una barricada, y con una cadena de elementos de seguridad. El acceso fue limitado. Sin embargo, una comisión de representantes llegaron al lugar para entregar la correspondencia a legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Frente Farabudo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA) y VAMOS.{
VEA: COMPROMETEN AL PARLACEN AL TRATADO DE AGUAS TRANSFRONTERIZAS
Las Denuncias
Una serie de denuncias ambientales fueron consignadas en el desarrollo de la Caminata Ecológica. Una de tantas se refirió a la concesión, según ellos “cuestionable”, de proyectos urbanísticos que no responden a los proyectos establecidos por la Ley de Medio Ambiente, tales como Ciudad Valle del Ángel y Paseo Prado, del municipio de Apopa, San Salvador.
Según lo refirieron, en su momento, los ambientalistas a ContraPunto, organizaciones sociales, como el Foro del Agua, han enviado recursos de inconstitucionalidad ante irregularidades al proyecto Ciudad Valle de El Ángel, ante la concesión de ocho pozos acuíferos por parte de la Administración de Acuedúctos y Alcantarillados, cuando las representaciones urbanísticas de la sociedad Dueñas Hermanos Limitada (LTD) no cumplía con los requerimientos establecidos por la ley, al no haber aprobado los Estudios de Impato Ambiental (EsIA) requeridos.
VEA: DISPUTAN INCONSTITUCIONALIDAD EN EXPLOTACIÓN DE POZOS PARA C. VALLE EL ÁNGEL
A estas denuncias se sumaría la concesión de permisos de explotación de piedra volcánica en el Cerro El Chino, o Cerro Negro. Según detallan los activistas, la extracción del material selecto, por parte de empresas extractoras, han producido que los pozos subterráneos y el Río La Esperanza hayan reducido la capacidad hídrica de los pobladores del municipio de Aguilares, al norte de San Salvador, provocando sequías y una reducción progresiva de los mantos acuíferos.
Los registros formales de la alcaldía de Aguilares datan desde el año 2010, tras la ejecución del proyecto Cantera Cerro El Chino II, titulada por Juan Antonio Cruz y Jorge Alberto Cruz quienes, junto con la compañía Blokitubos S. A. de C.V. y su proyecto titulado “Explotación de Material Pétreo en Cerro El Chino” tendrían intervención directa sobre la zona de explotación en la que el actual Proyecto Cerro El Chino solicita reincorporarse. La decisión ha sido denunciada, con una recurso de inconstitucionalidad, por los pobladores y organizaciones ambientales.
VEA: ALERTAN CRISIS HÍDRICA POR PROYECTOS CERRO EL CHINO, EN AGUILARES
“A lo anterior se suma, el poco o nulo interés del Estado en el acompañamiento y respeto a poblaciones comprometidas con la protección de la biodiversidad, como las comunidades indígenas de Nahuizalco, cuando sus territorios están amenazados por la construcción de la octava represa en el Río Sensunapán, o la destrucción del sitio Arqueológico Tacuscalco, también en Sonsonate”, denuncia FESPAD.
Los Logros
Como se ha podido observar, las denuncias no responden a la gestión administrativa del segundo año de gobierno del presidente Nayib Bukele; sin embargo, los activistas demandan la atención de los problemas, al verse perpetuado durante su gestión quinquenal.
Por otra parte, hasta el año pasado se ha reportado una reducción de hasta $833,650 dólares en el Ministerio de Medio Ambiente (MARN), para la administración del proyecto titulado “Fortalecimiento a la Gestión de Áreas Naturales Protegidas y la Vida Silvestre”, saldando un monto total de $20,545 dólares. En otro punto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico (FUSADES) identifica a la cartera de Medio Ambiente como una de las que más ha incrementado.
VEA: VENTUS, EL PRIMER PARQUE EÓLICO SALVADOREÑO AVANZA RÁPIDAMENTE
Otros puntos se señalan a favor del nuevo gobierno. Entre ellos, la inversión al menos $85.5 millones de dólares para el parque de generación de energía ecológica, Ventus, gestionado por la Superintendencia General de Telecomunicaciones (SIGET).
Otra inversión de unos $32 millones de dólares para la construcción de la planta potabilizadora de agua y generadora de energía eléctrica, en administración de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), en consorcio con la empresa alemana Fichtner Water and Transportation-Estructuristas (FICHTNER/EC).
VEA: RIO ACELHUATE DETALLAN CONSORCIO FICHTNER/EC PARA LIMPIAR Y GENERAR ELECTRICIDAD.
Las Demandas
La aprobación de los ateproyectos de la Ley General del Agua y la de la Ley de Soberanía Alimentaria fueron las principales demandas que se hicieron llegar a los legisladores, en horas del medio día. Los recursos de correspondencia fueron recibidos y firmados por el diputado Mauricio Linares, del partido ARENA; las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, del FMLN; y la diputada suplente de Claudia Ortiz, por el partido VAMOS.
“Creemos que se puede aprobar una Ley General del Agua. Lamentablemente, todo el avance que había en la legislatura anterior se desecho no solamente los artículos aprobados sino todas las iniciativas. Ahora hay que partir de cero. Y aquí es importante que con ustedes construyamos; que con ustedes también propongamos… porque nosotros podemos proponerlas, pero queremos también acompañar estos esfuerzos que ustedes, desde hace rato vienen trabajando”, dedicó estas palabras la diputada Argueta a los diseñadores de la propuesta de ley.
En efecto, las propuestas de Ley General del Agua y Ley por la Soberanía Alimentaria fueron llevadas a archivo por órdenes de la jefatura de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, desde el pasado jueves 13 de mayo. El argumento se refería a que los anteproyectos “no tienen ni la más mínima palabra de que sea para beneficio del pueblo. Hay que comenzar de cero”, según lo expresó la diputada Sandra Martínez, representante del partido Nuevas Ideas.
“Los Derechos Humanos no deben archivarse; se debe luchar por ellos. Y les felicito por estar ustedes siempre ahí al pie del cañón ante las injusticias. Y cuenten con el grupo parlamentario Vamos, para poder llevar esto a una realidad, porque el agua es un derecho que todo salvadoreño necesita en éste país”, expresó la diputada suplente por el partido VAMOS.
Sobre las propuestas, los diputados presentes expresaron su colaboración por la aprobación de los referidos proyectos de ley.
A estas demandas, se sumó el cumplimiento por el “Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo”, que expresa que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”.
Asimismo, FESPAD demandó al Estado el “abordaje integral de las problemáticas causadas por los agrotóxicos, el monocultivo de la caña de azúcar y la aprobación de permisos ambientales con impacto altamente negativo para los ecosistemas y la vida humana”.
