Por Alonso Rosales
Las elecciones en España se desarrollan en un escenario de creciente polarización política, donde el debate sobre la inmigración, la seguridad fronteriza, el costo de la vida y el futuro del Estado de bienestar ocupa un lugar central. El avance de la ultraderecha, representada por Vox, plantea un desafío para las fuerzas tradicionales y, particularmente, para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y las formaciones de izquierda.
Uno de los elementos más visibles de esta disputa es la utilización de un discurso político que guarda semejanzas con el estilo de Donald Trump: promesas de endurecer las fronteras, restricciones migratorias, recuperación de la soberanía nacional y una narrativa que presenta la inmigración como uno de los principales problemas del país. Sin embargo, para analizar el alcance de estas propuestas es necesario contrastar los mensajes de campaña con sus consecuencias económicas, sociales y jurídicas.
Santiago Abascal — Vox
El dirigente de Vox encabeza la candidatura de la derecha radical y ha convertido la inmigración, la seguridad y la identidad nacional en los principales ejes de su discurso.
La comparación con Donald Trump no es gratuita: ambos utilizan una narrativa política de recuperación nacional, control migratorio, endurecimiento de las fronteras y confrontación con sectores que consideran responsables de la pérdida de seguridad o prosperidad. No significa que sus programas sean idénticos, pero sí que comparten recursos discursivos y una estrategia de polarización.
Abascal presenta la inmigración irregular como una amenaza para la seguridad, los servicios públicos y la identidad española. Su programa de 2026 contiene 115 medidas agrupadas en 13 áreas y utiliza conceptos como «prioridad nacional» y «remigración».
Detrás de esas consignas hay propuestas concretas que merecen un examen público, especialmente por sus implicaciones sobre los derechos de los extranjeros y el acceso a servicios esenciales.
Cuatro compromisos principales de Vox:
El problema del discurso populista aparece cuando se presentan soluciones aparentemente sencillas a problemas estructurales complejos. Controlar las fronteras es una responsabilidad legítima de cualquier Estado, pero atribuir a la inmigración, en términos generales, los problemas de vivienda, sanidad o empleo requiere pruebas y no solamente consignas electorales.
Pedro Sánchez — PSOE
El presidente del Gobierno busca renovar su mandato y presenta la elección como una decisión entre la continuidad de las políticas progresistas y un posible Ejecutivo del Partido Popular con Vox.
El socialismo español intenta defender los avances de su gestión, particularmente en materia laboral, pensiones, protección social y crecimiento económico. Sin embargo, también enfrenta el desgaste propio de gobernar, las críticas por la situación de la vivienda y los cuestionamientos de la oposición por investigaciones relacionadas con su entorno político.
Cuatro compromisos principales del PSOE:
Sánchez también ha defendido la continuidad de las políticas de igualdad, los derechos civiles y la memoria democrática. Su principal desafío es demostrar que las promesas sociales pueden traducirse en mejoras concretas para los ciudadanos, especialmente para los jóvenes que enfrentan dificultades para independizarse y acceder a una vivienda.
Ada Colau — Frente Amplio
La exalcaldesa de Barcelona encabeza una nueva plataforma que reúne a Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los Comuns.
El Frente Amplio representa el intento de reorganizar a la izquierda situada a la izquierda del PSOE. Su nacimiento responde a la necesidad de conservar representación parlamentaria y evitar que las diferencias internas terminen debilitando al conjunto del espacio progresista.
Su propuesta pone especial atención en la desigualdad económica, el mercado inmobiliario y la defensa de los servicios públicos.
Cuatro compromisos principales del Frente Amplio:
Colau ha lanzado también un mensaje directo a Sánchez: considera que un futuro Gobierno progresista no puede limitarse a administrar la desigualdad, sino que debe enfrentarse a la especulación inmobiliaria y proteger a las clases trabajadoras.
Los sondeos publicados hasta el 21 de noviembre de 2026 muestran una competencia importante entre las principales fuerzas políticas. El promedio de 22 encuestadoras sitúa al Partido Popular en primer lugar, seguido del PSOE, mientras Vox conserva una representación considerable.
Promedio de intención de voto — 21 de noviembre de 2026
Estimación de voto, no resultados electorales. Promedio de 22 encuestadoras.
Fuente: eleccionesEspaña.com, datos del 21 de noviembre de 2026.
La proyección de escaños de ese promedio es la siguiente:
| Partido | Escaños estimados |
|---|---|
| PP | 128 |
| PSOE | 114 |
| Vox | 62 |
| Frente Amplio | 10 |
La mayoría absoluta del Congreso se sitúa en 176 diputados. Por tanto, ninguna de estas fuerzas podría gobernar por sí sola según esa estimación.
Hay un elemento especialmente importante: la fragmentación de la izquierda. Frente Amplio y Podemos no consiguieron un acuerdo nacional, salvo pactos territoriales en Canarias y la Comunidad Valenciana. Ada Colau lidera el primero e Irene Montero encabeza Podemos.
Los analistas consultados por RTVE advierten que esa división puede perjudicar la representación parlamentaria de la izquierda. También señalan que los problemas de vivienda y el costo de la vida están pasando factura a las formaciones que han participado en el Gobierno.
Uno de los mensajes más importantes de la campaña ha sido el llamado de Pedro Sánchez a elevar la participación electoral. El dirigente socialista ha pedido una participación cercana al 75%, con el objetivo de alcanzar los 176 diputados que permitirían formar una mayoría parlamentaria.
Su argumento es que la abstención puede modificar decisivamente el equilibrio político y facilitar un Gobierno respaldado por PP y Vox.
Sánchez ha apelado también a la memoria histórica, los derechos conquistados y la defensa de las libertades democráticas. En un acto celebrado en Santiago de Compostela, pidió votar en memoria de los republicanos españoles y de las generaciones que sufrieron el exilio.
Por su parte, Ada Colau ha pedido movilizar a los trabajadores y a los sectores preocupados por el acceso a la vivienda. Su mensaje es que la izquierda necesita una mayor representación para condicionar las decisiones del próximo Gobierno.
Las elecciones del 29 de noviembre no representan únicamente una competencia entre partidos. También ponen sobre la mesa dos visiones diferentes del Estado, la inmigración, la economía y la convivencia social.
La derecha nacionalista plantea recuperar competencias, endurecer las políticas migratorias, reducir impuestos y establecer prioridades nacionales en el acceso a determinadas prestaciones. Vox busca que su discurso tenga influencia directa sobre un eventual Gobierno del Partido Popular.
La izquierda, por su parte, defiende mantener y ampliar las políticas sociales, proteger los derechos laborales, fortalecer los servicios públicos y enfrentar el problema de la vivienda. Sin embargo, tiene una dificultad política evidente: la falta de unidad entre las organizaciones que comparten buena parte de sus objetivos.
Hay una contradicción que merece atención: mientras la política europea necesita respuestas comunes frente a la migración, la desigualdad, el envejecimiento poblacional y los desafíos económicos, determinados discursos electorales simplifican estos problemas y los convierten en enfrentamientos entre nacionales y extranjeros, entre izquierda y derecha o entre supuestos enemigos de la nación.
La seguridad fronteriza puede y debe discutirse, pero no puede convertirse en una justificación para generalizar responsabilidades ni para debilitar derechos fundamentales.
También es necesario exigir resultados a quienes gobiernan. La defensa del Estado de bienestar pierde credibilidad cuando los ciudadanos no pueden acceder a una vivienda, cuando los salarios no alcanzan o cuando los servicios públicos no responden a sus necesidades.
La democracia española enfrenta una prueba de madurez política. El electorado tendrá que evaluar no solamente las promesas, sino también su viabilidad, su financiación y sus consecuencias para la sociedad.
El 29 de noviembre será una jornada decisiva para conocer qué respaldo obtiene cada proyecto político. La participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la capacidad de construir acuerdos serán factores fundamentales para el futuro de España.