Por Redacción ContraPunto
La iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por Estados Unidos y en la que participa El Salvador junto con otros gobiernos del hemisferio, dio este 22 de septiembre un nuevo paso con una declaración conjunta que amplía su agenda más allá de la lucha contra el narcotráfico. Los países participantes plantearon acciones coordinadas en seguridad, economía y cooperación multilateral, con especial énfasis en enfrentar a organizaciones criminales transnacionales.
La declaración fue suscrita por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. El documento establece tres pilares para la iniciativa: economía, seguridad y coordinación multilateral.
La primera acción conjunta anunciada está dirigida contra 24 organizaciones que los gobiernos participantes identifican como una amenaza relacionada con el narcoterrorismo. Entre ellas figuran la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco Nueva Generación, Cartel del Golfo, Clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC, Sendero Luminoso, Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones, entre otras.
La declaración señala que los países tienen la intención de aplicar, conforme a sus respectivas legislaciones, congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado y responsabilidad penal para quienes proporcionen deliberadamente apoyo material o logístico a estas organizaciones.
La diferencia jurídica es relevante: el documento establece una intención política y de cooperación, mientras que la ejecución de cada medida deberá realizarse mediante los mecanismos legales de cada Estado.
En materia de seguridad, los gobiernos acordaron profundizar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a determinadas tecnologías y capacidades de seguridad, impulsar programas de capacitación y compartir experiencias consideradas útiles para combatir el crimen organizado.
La estrategia busca responder a organizaciones que operan a través de diferentes fronteras y que utilizan estructuras financieras, logísticas y de comunicación que no se limitan a un solo país.
Para El Salvador, la inclusión de la MS-13 y Barrio 18 tiene una dimensión particularmente relevante debido a la presencia histórica de ambas estructuras en el país y en otras naciones de Centroamérica.
La cooperación regional también pretende facilitar una respuesta coordinada frente a grupos que cambian sus rutas, estructuras y mecanismos de financiamiento cuando aumenta la presión de las autoridades.
El segundo gran componente del acuerdo es económico. Los países anunciaron que buscarán profundizar la cooperación en materia de inversiones y explorar mecanismos para revisar determinadas inversiones estratégicas.
Otro punto es la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos, mediante fuentes diversificadas y confiables. Estos minerales son considerados estratégicos para sectores como energía, tecnología, industria y defensa.
La declaración también incorpora la infraestructura digital. Los gobiernos plantean promover regulaciones para contar con proveedores confiables de infraestructura digital, bajo criterios que el documento señala deberán aplicarse de manera no discriminatoria.
Esto muestra que el Escudo de las Américas no está concebido únicamente como una alianza contra organizaciones criminales. Su agenda incluye también aspectos relacionados con la seguridad económica, las cadenas de suministro y la infraestructura tecnológica.
El tercer pilar es la coordinación diplomática. Los gobiernos anunciaron su intención de solicitar al presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta para analizar la creación de un órgano de consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
La intención es que, una vez convocada esa instancia, los países participantes analicen a nivel ministerial una eventual resolución para promover y facilitar acciones colectivas contra las organizaciones calificadas como narcoterroristas.
La declaración contempla además que los países del Escudo que no sean actualmente miembros del TIAR puedan respaldar la iniciativa y participar dentro de los límites establecidos por sus respectivas obligaciones jurídicas.
La dimensión militar y de seguridad de la iniciativa ha generado diferentes interpretaciones entre especialistas.
John Walsh, experto en políticas de drogas de Washington Office on Latin America (WOLA), explicó a Euronews que la novedad de la estrategia estadounidense no está en el objetivo de reducir el tráfico de drogas, sino en el mayor peso que adquiere el uso de la fuerza militar frente al modelo tradicional basado en inteligencia, investigación policial y procesos judiciales.
Walsh también sostiene que existe el riesgo de que la presión sobre determinadas organizaciones provoque un desplazamiento de las rutas del narcotráfico hacia otros mercados. En particular, plantea el llamado “efecto globo”, mediante el cual el tráfico puede trasladarse cuando aumenta la presión sobre una determinada ruta.
Por su parte, Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia e investigador sénior no residente del Atlantic Council, considera que la fuerza puede formar parte de la respuesta, pero sostiene que debe combinarse con justicia, inteligencia, fortalecimiento institucional, desarrollo alternativo e infraestructura.
Whitaker recuerda que el antiguo Plan Colombia no se limitó al componente militar y que enfrentar las causas económicas y sociales que alimentan las economías ilegales es fundamental para evitar que unas organizaciones criminales sean sustituidas por otras.
El Escudo de las Américas representa así un intento de construir una plataforma regional que combine instrumentos financieros, migratorios, policiales, judiciales y de seguridad con una agenda económica y diplomática.
La iniciativa nació en marzo de 2026 y posteriormente amplió su participación regional. Estados Unidos la ha presentado como un mecanismo para enfrentar conjuntamente a organizaciones criminales transnacionales y fortalecer la seguridad del hemisferio.
El desafío ahora será convertir los compromisos políticos en mecanismos concretos de cooperación, especialmente en materia de inteligencia, persecución financiera, intercambio de información y coordinación judicial.
Para El Salvador, su participación coloca al país dentro de una arquitectura regional de seguridad en la que la lucha contra las estructuras criminales se vincula cada vez más con la cooperación internacional, el control financiero, la seguridad fronteriza y la coordinación diplomática.
La evolución del Escudo de las Américas dependerá, en buena medida, de cómo cada gobierno traduzca la declaración en legislación, procedimientos y operaciones concretas, así como de la capacidad de los países participantes para mantener una cooperación sostenida frente a organizaciones que operan más allá de las fronteras nacionales.