Crédito CNN
Por Alonso Rosales
Las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos no solo definirán el equilibrio político en Washington durante los dos últimos años del mandato presidencial de Donald Trump. También podrían influir en la economía, la migración, la seguridad y las relaciones diplomáticas de América Latina, una región estrechamente vinculada con las decisiones de la principal potencia económica y militar del continente.
Aunque los ciudadanos latinoamericanos que viven fuera de Estados Unidos no participan en esos comicios, sus consecuencias pueden llegar hasta los hogares que dependen de las remesas, los productores afectados por el encarecimiento de los combustibles y los gobiernos que mantienen acuerdos de cooperación con Washington.
El Congreso estadounidense tiene facultades para aprobar presupuestos, modificar leyes comerciales, supervisar las actuaciones del Ejecutivo y abrir investigaciones sobre decisiones presidenciales. Por ello, un cambio en la composición de la Cámara de Representantes o del Senado podría alterar el margen de maniobra de Trump, incluso si el presidente conserva el control de la política exterior.
Según un análisis publicado por CNN en Español el 26 de octubre, los demócratas buscan aprovechar el descontento con la administración republicana para recuperar terreno legislativo. Sin embargo, el resultado dependerá de las contiendas en cada estado, la distribución de los distritos electorales y la participación ciudadana.
El 3 de noviembre, los estadounidenses elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de los 100 integrantes del Senado. Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras.
El resultado podría configurar tres escenarios: que los demócratas recuperen una de las cámaras, que obtengan el control de ambas o que los republicanos mantengan sus mayorías.
Cada posibilidad tendría consecuencias distintas para la agenda presidencial. Una mayoría demócrata podría incrementar las investigaciones sobre las decisiones de Trump, dificultar la aprobación de nuevos presupuestos y ejercer mayor fiscalización sobre las operaciones gubernamentales. Si los republicanos conservan el control, el presidente tendría mejores condiciones para continuar impulsando sus prioridades legislativas.
No obstante, una victoria demócrata no significaría automáticamente un cambio radical en la política estadounidense hacia América Latina. El Ejecutivo mantiene amplias atribuciones en política exterior, defensa y diplomacia, aunque el Congreso dispone de herramientas presupuestarias y legislativas para ejercer controles.
La diferencia estaría, principalmente, en el grado de supervisión política y en la capacidad de la oposición para cuestionar decisiones que hasta ahora han contado con el respaldo de la mayoría republicana.
Uno de los canales más directos por los que la política estadounidense puede afectar a América Latina es la economía internacional.
La guerra con Irán y las alteraciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz han presionado los mercados energéticos y las cadenas de suministro. El encarecimiento del petróleo repercute en los precios de la gasolina, el transporte, los fertilizantes y los alimentos.
De acuerdo con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) citado por CNN, el precio del barril podría cerrar 2026 entre un 20 % y un 25 % por encima del nivel registrado en 2025.
Para las familias latinoamericanas, el efecto no se limita al combustible. Cuando aumenta el costo de transportar mercancías, producir alimentos o importar materias primas, las empresas pueden trasladar parte de esos incrementos al consumidor final.
Los países importadores netos de energía enfrentan mayores presiones sobre sus cuentas externas y sus costos internos. Los exportadores de petróleo, por su parte, podrían beneficiarse de mayores ingresos, aunque ese resultado depende de sus niveles de producción, sus necesidades de importación y la distribución de los beneficios económicos.
En este contexto, la composición del Congreso estadounidense podría influir en la supervisión de la estrategia militar de Trump y en las decisiones presupuestarias relacionadas con el conflicto. Sin embargo, una modificación de las mayorías legislativas no garantiza el fin de la guerra ni una reducción inmediata de los precios internacionales.
La política comercial de Trump constituye otro factor de incertidumbre. El presidente ha utilizado los aranceles como instrumento de presión en negociaciones con socios y adversarios, una estrategia que puede alterar las cadenas de suministro y las condiciones de acceso a uno de los mercados más importantes del mundo.
El Congreso tiene la facultad constitucional de establecer impuestos y derechos aduaneros, aunque distintas leyes han delegado atribuciones comerciales en el Ejecutivo. Por ello, una nueva mayoría legislativa podría intentar modificar las facultades utilizadas por Trump o limitar determinados mecanismos de emergencia.
Para América Latina, las consecuencias dependerían de los productos afectados, las condiciones comerciales de cada país y su exposición al mercado estadounidense. Economías con fuertes vínculos exportadores con Estados Unidos podrían enfrentar mayores costos, menor competitividad o incertidumbre para atraer inversiones.
En consecuencia, las elecciones legislativas no determinarán por sí solas el rumbo comercial de Washington, pero sí podrían modificar las condiciones políticas bajo las cuales se desarrolla esa estrategia.
La cooperación en seguridad se ha convertido en uno de los ejes de la relación entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos.
Estados Unidos ha reforzado sus vínculos militares con países como Ecuador, El Salvador y Colombia, en el marco de sus operaciones contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
Estas relaciones pueden incluir intercambio de información, entrenamiento, asistencia técnica y coordinación operativa. Para los gobiernos participantes, la cooperación representa una herramienta para enfrentar amenazas de seguridad; al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre la soberanía, la rendición de cuentas y los límites de la intervención estadounidense.
Uno de los asuntos más controvertidos son los ataques contra embarcaciones que la administración Trump identifica como vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Según las cifras oficiales y el análisis de CNN citados en el artículo, desde septiembre se había informado de al menos 238 personas muertas en estas operaciones. La legalidad de los ataques ha sido cuestionada por legisladores y organizaciones defensoras de los derechos humanos, especialmente por la ausencia de procesos judiciales previos y las dudas sobre la identidad de las personas atacadas.
La administración estadounidense ha defendido las operaciones bajo el argumento de que existe un conflicto armado contra los cárteles. Sus críticos sostienen que las sospechas de narcotráfico no justifican automáticamente el uso de fuerza letal y que los presuntos responsables deberían ser detenidos y sometidos a la justicia.
Si los demócratas obtienen el control de alguna cámara, podrían intensificar las audiencias y las investigaciones sobre estas acciones. También podrían exigir información adicional al Ejecutivo y cuestionar los recursos asignados a las operaciones militares.
Para América Latina, el debate es relevante porque las decisiones tomadas en Washington pueden incidir en la cooperación con las fuerzas de seguridad nacionales y en la forma en que se desarrollan las operaciones contra el crimen organizado.
La política migratoria estadounidense tiene efectos directos sobre millones de familias latinoamericanas, tanto entre quienes buscan emigrar como entre quienes ya tienen familiares viviendo en Estados Unidos.
Las deportaciones, las restricciones migratorias y las condiciones para obtener permisos de residencia o trabajo pueden modificar las decisiones de miles de personas y afectar los ingresos de hogares que dependen del dinero enviado desde el extranjero.
Según el análisis de CNN, el Congreso aprobó durante 2025 y 2026 asignaciones por unos 239.500 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mediante el procedimiento de conciliación presupuestaria.
Ese financiamiento proporciona a la administración Trump una importante capacidad operativa para sostener su estrategia de control migratorio y deportaciones.
Sin embargo, una modificación en las mayorías legislativas podría dificultar la aprobación de nuevos recursos bajo ese mismo mecanismo y abrir la puerta a mayores restricciones sobre el uso de los fondos. El Congreso también puede establecer condiciones para determinados gastos y exigir mayores controles a las agencias federales.
Esto no significa que una victoria demócrata detendría automáticamente las deportaciones. Los recursos ya aprobados, las facultades legales del Ejecutivo y las decisiones judiciales seguirían siendo factores determinantes.
Las elecciones también podrían influir en el debate sobre iniciativas legislativas como el American Dream and Promise Act, que contempla protecciones para determinados jóvenes inmigrantes y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Para los salvadoreños, este punto merece especial atención. La situación migratoria de sus compatriotas en Estados Unidos tiene consecuencias familiares, económicas y sociales. Las modificaciones en los programas de protección, los permisos de trabajo o las políticas de deportación pueden afectar la estabilidad de miles de hogares.
Las remesas constituyen otro vínculo fundamental. Cuando una familia depende del dinero que recibe de un pariente en Estados Unidos, cualquier cambio que reduzca los ingresos del migrante o dificulte su permanencia puede repercutir en el consumo, la educación, la vivienda y la actividad económica de su comunidad de origen.
Por eso, aunque las elecciones se celebren fuera de América Latina, sus resultados pueden sentirse en los hogares que reciben remesas y en las economías nacionales que dependen parcialmente de esos flujos.
Otro asunto que podría adquirir mayor relevancia después de las elecciones es la estrategia de Trump hacia América Latina, asociada informalmente con la denominada “Doctrina Donroe”.
El concepto, presentado como una reinterpretación de la Doctrina Monroe del siglo XIX, refleja la intención de Washington de reafirmar su predominio en el hemisferio occidental y limitar la influencia de potencias rivales.
Bajo esta visión, América Latina vuelve a ocupar un lugar estratégico en la política estadounidense, tanto por sus recursos naturales como por su ubicación geográfica, sus rutas comerciales y sus vínculos con China y otras potencias.
La política también plantea interrogantes sobre la soberanía de los países de la región y los límites de la presión diplomática, económica o militar ejercida por Washington.
El artículo de CNN destaca la operación estadounidense en Venezuela y las negociaciones relacionadas con el petróleo venezolano como asuntos que podrían quedar bajo mayor escrutinio legislativo.
Un Congreso con mayoría demócrata podría investigar las justificaciones, los costos y las consecuencias de determinadas operaciones, además de solicitar explicaciones sobre los acuerdos energéticos y las relaciones entre la administración estadounidense y las autoridades venezolanas.
Una mayor fiscalización no implicaría necesariamente la cancelación de esos acuerdos ni el abandono de la estrategia regional. Sin embargo, podría aumentar la presión política sobre el Ejecutivo y obligarlo a justificar sus decisiones ante el Legislativo y la opinión pública.
Para los gobiernos latinoamericanos, este escenario supone un desafío diplomático: mantener relaciones económicas y de seguridad con Estados Unidos sin renunciar a sus intereses nacionales ni quedar atrapados en una competencia geopolítica entre Washington y otras potencias.
El Salvador tiene razones particulares para seguir de cerca las elecciones estadounidenses. Su relación con Washington abarca la migración, las remesas, el comercio, la seguridad y la cooperación bilateral.
Una modificación en el equilibrio político del Congreso podría repercutir en los debates sobre las políticas migratorias, el financiamiento de las agencias federales y la supervisión de los acuerdos de seguridad con gobiernos aliados.
No obstante, sería incorrecto asumir que una victoria demócrata supondría automáticamente un deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y el Gobierno salvadoreño. Las relaciones bilaterales responden también a intereses estratégicos, decisiones del Ejecutivo, negociaciones diplomáticas y circunstancias regionales.
Del mismo modo, la continuidad de las mayorías republicanas no garantizaría que todas las políticas de Trump se mantengan sin cambios. Los tribunales, las condiciones económicas, la opinión pública y las propias divisiones dentro del Partido Republicano pueden limitar las decisiones presidenciales.
La cuestión central para El Salvador es cómo se administrarán asuntos que afectan directamente a sus ciudadanos: la protección de los migrantes, las condiciones de permanencia y trabajo en Estados Unidos, la estabilidad de las remesas y el alcance de la cooperación bilateral.
Estos temas tienen consecuencias que van más allá de la relación entre dos gobiernos. Inciden en los ingresos de los hogares, el consumo interno, las oportunidades laborales y la seguridad económica de miles de familias.
Las elecciones intermedias del 3 de noviembre no decidirán quién ocupa la Casa Blanca, pero sí pueden modificar el equilibrio de poder durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump.
La composición del Congreso influirá en la capacidad del presidente para impulsar presupuestos, defender su política comercial, sostener determinadas estrategias migratorias y afrontar investigaciones sobre sus decisiones militares y diplomáticas.
Para América Latina, los efectos no serán uniformes. Cada país tendrá una exposición distinta según sus relaciones comerciales con Estados Unidos, su dependencia de las remesas, sus acuerdos de seguridad y su posición frente a la estrategia geopolítica de Washington.
Lo que ocurra en las urnas estadounidenses puede sentirse en el precio de los alimentos, el costo del combustible, las oportunidades de los migrantes y las condiciones de cooperación entre gobiernos.
La distancia geográfica no elimina esa interdependencia. En una región vinculada económica y políticamente con Estados Unidos, las elecciones legislativas estadounidenses son también un asunto de interés latinoamericano.
Fuentes: CNN en Español, Ángela Reyes Haczek y Darío Klein, 26 de octubre de 2026; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); American Immigration Council.