Por Alonso Rosales
En una decisión histórica que resonó más allá del Palacio de Justicia en Londres, el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó este viernes 13 de febrero de 2026 que la clasificación del grupo activista Palestine Action como organización terrorista por parte del Gobierno británico fue ilegal y desproporcionada. El fallo representa un triunfo significativo no solo para las más de 2,000 personas que fueron detenidas por expresar su solidaridad con la causa palestina, sino también para los principios fundamentales de libertad de expresión y de reunión en una democracia.
La controversia se remonta a julio de 2025, cuando el Gobierno del Reino Unido, entonces encabezado por el Partido Laborista, incluyó a Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas bajo la Terrorism Act 2000. Esta medida equiparó al movimiento con grupos como al-Qaeda o ISIS, convirtiendo en delito no solo formar parte del colectivo, sino también manifestar apoyo, incluso de forma pacífica. Desde entonces, miles de simpatizantes fueron arrestados en protestas en distintas ciudades británicas por sostener carteles o pancartas que expresaban su respaldo al grupo.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Londres —integrado por los jueces Victoria Sharp, Jonathan Swift y Karen Steyn— determinó que la naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action no alcanzaban el nivel necesario para justificar la proscripción bajo las leyes antiterroristas. En su sentencia, los magistrados calificaron la decisión gubernamental como “desproporcionada”, señalando que la legislación ordinaria ya provee mecanismos suficientes para abordar cualquier acto delictivo sin estigmatizar y criminalizar la protesta política.
La cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, celebró el fallo judicial llamándolo una victoria monumental para las libertades fundamentales en Reino Unido y para la lucha por la justicia en Palestina. Ammori subrayó que la decisión del Gobierno de catalogar al grupo como terrorista representaba uno de los ataques más extremos a la libertad de expresión en la historia reciente británica, al encarcelar a personas por simple apoyo pacífico.
El fallo ha tenido también eco más allá de los tribunales: organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, consideraron la resolución como un refuerzo importante de la democracia frente a un uso indebido de leyes antiterroristas para restringir el debate político y el activismo social. Además, diversas voces civiles y públicas subrayaron que protestar o denunciar injusticias —incluso profundas como las que rodean el conflicto en Gaza— no puede ni debe ser confundido con terrorismo en un Estado de derecho.
Aunque el Gobierno británico anunció su intención de apelar la decisión, el impacto ya se ha dejado sentir: la Policía Metropolitana ha cesado temporalmente las detenciones de manifestantes por mostrar apoyo a Palestine Action, y la atención mediática internacional ha puesto de relieve los límites entre la seguridad nacional y las libertades civiles.
Este fallo no solo libera —al menos jurídicamente— a quienes fueron arrestados, sino que envía un mensaje claro sobre el valor de la protesta pacífica y la legitimidad de organizarse para denunciar lo que se considera injusto, incluso en medio de las tensiones más intensas del debate político global.
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