Por: Alessia Genoves

Organizaciones integrantes de la Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género demandan a El Salvador el reconocimiento de una Ley de Identidad de Género para personas Transgénero y Transexuales, al no contar con un registro nacional que certifique su identidad auto-percibida. Aseguran que tal ausencia limita el acceso de prestaciones sociales a personas transexuales, situación que vulnera sus Derechos Humanos.

Para el año 2020, El Salvador aún no cuenta con un reconocimiento formal para certificar la Identidad de Género de las personas Transgénero y Transexuales. Y pese a reconocer el derecho a la no Discriminación por Identidad de Género (Art. 3, Cn), es uno de los sectores sociales más vulnerados en el país por las condiciones económicas y la situación delictiva del país en el contexto de la pandemia por Covid-19, de acuerdo a declaraciones activistas de la Mesa Temática por una Ley de Identidad de Género en El Salvador.

Verónica López, directora ejecutiva de la organización Diké+, considera que se necesita la ratificación de una Ley de Identidad de Género, “porque en El Salvador no existe una ley que reconozca a las personas Trans; o sea, no existe, solamente con el documento en el que han sido asentados en su partida de nacimiento”.

En efecto, en el país la Ley Orgánica de Registro de Personas Naturales reconoce la identidad y la ciudadanía salvadoreña. Pero ésta no hace posible el reconocimiento del género auto percibido de las personas transexuales. Situación que a juicio de activistas de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género ésta misma constituye una “vulneración al Derecho Humano a la Identidad” de las personas trans, defendida la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como en el artículo 144 de la Constitución de la República,

“Han sido diferentes Ministerios y Asambleas con las cuales se ha socializado el trabajo del Anteproyecto de la Ley de Identidad de Género; donde se le ha dado a conocer a las alcaldías; específicamente a la Unidad de Registro del Estado Familiar, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN); juzgados de familia que son los que, al aprobarse la ley, verían de cambio registral de nombre, sexo e Identidad de Género en los documentos de Identidad”, explica Verónica López.

“Al órgano judicial hemos presentado por lo menos cinco solicitudes de cambio de nombre de personas, de acuerdo a la Ley del Nombre de la Persona Natural… Hemos realizado también algunas consultas con jueces y juezas de familia, sobre el contenido de la Ley de Identidad, y con la Asamblea Legislativa”, añade Kerlin Velloso, miembro de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho (FESPAD).

El pasado 28 de junio, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entre otras cosas, demandó la validación de una Ley de Identidad de Género para personas Transexuales y el reconocimiento de los Crímenes de Odio contra personas de la Comunidad LGBT en el país. Esta última tipificación a penas cuenta con un registro de 27 casos en el Ministerio Público, frente a las más de 600 muertes por odio registradas por organizaciones de la Federación Salvadoreña LGBT.

Pero frente a las limitaciones al reconocimiento de una Ley de Identidad de Género, la Mesa Permanente para una Ley de Identidad de Género demanda la aprobación de un anteproyecto a la Ley de Identidad de Género a la Comisión de Mujer y Género de la Asamblea Legislativa; además, reformas en la Ley de Registro Civil y su aplicación a los registros públicos de la población, en reconocimiento de los Estándares Internacionales de los Derechos Humanos.

Para éste proyecto, activistas de la mesa aseguran contar con el apoyo de la Red integrada por personas Trans de América Latina y el Caribe (RedLacTrans), por el Programa de las Naciones Unidas y por FESPAD.

La normativa -en el anteproyecto presentado a la Asamblea Legislativa- pretende garantizar el derecho al nombre protegido en el artículo 36, inciso 3 de la Constitución de la República, conforme a la “identidad y la expresión de género de las personas trans en el país”; así como a “mantener mecanismos que permitan erradicar la discriminación contra las personas trans, en todos los ámbitos; mecanismos para guardar la identidad de la persona, plazos para la autenticación de comprobantes”, según así lo expresan activistas de la mesa en el foro virtual denominado “un año más sin Ley de Identidad de Género”.

Sin embargo, la Mesa niega haber recibido respuesta a la referida propuesta, tras la última audiencia concertada en la Asamblea Legislativa en 2018, juzgando tal omisión como una “Violación” a los artículos 7.1, 11.2 y 18 de la “Convención Internacional de los Derechos Humanos”, vulnerando así los derechos a la identidad; al goce de una Vida Privada; al cambio de nombre, de imagen y la rectificación del sexo o género en los registros, de acuerdo a la identidad auto-percibida;  pese a ser una obligación del Estado reconocerlo, de acuerdo al artículo 144 de la Constitución de la República.

“El derecho a la Identidad no se puede tomar como última prioridad, porque muchas vidas de personas trans… dependen de ella: El derecho al trabajo, el derecho a la salud, pero también el derecho a la vida, porque nos están matando.  No quiere decir que con una ley de identidad de género nos van a dejar de matar, pero también se pueden evitar éstas muertes”, manifiesta Karla Guevara, la directora ejecutiva del Colectivo Alejandrías, en el foro virtual.

Falta de una Ley de Identidad de Género Perpetúa la Discriminación

Los activistas de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género sostienen que la ausencia de una Ley de Identidad de Género dificulta a las personas Trans el goce formal a los servicios básicos de salud, educación, vivienda y trabajo por la existente discriminación en la sociedad salvadoreña.

Ante la situación de discriminación, en el Informe Regional del Centro de Documentación de la situación Tras de América Latina y el Caribe(CeDosTALC) 2018, se identifica a El Salvador como el país en dónde las actividades económicas de las personas trans se ve reflejada en al menos el 44% de los casos en “Trabajo Sexual”; en al menos el 19% de éstos casos “Desocupadas”; y, finalmente, en el “Trabajo Informal”, en el 28% de los casos.

Para 2019, la tasa de desempleo en El Salvador era del 6.3%, y la población económicamente inactiva era la de 1,890,879 personas, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía. Pero para 2020, el país se verá impactado por una contracción económica de hasta el 9,4% por el cierre de oportunidades laborales, según estima el Fondo Monetario Internacional.

En tal sentido, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas destaca, entre otras cosas, que “las consecuencias socio-económicas de la pandemia y la pérdida de fuentes de ingreso pueden, también, incrementar la vulnerabilidad de las personas LGBT ante la trata y la explotación sexual”, la forma de exclusión laboral más común para mujeres trans, de acuerdo al informe titulado “La Exclusión Laboral de las Personas Trans en San Salvador” (2016) de AMATE El Salvador.

Organizaciones denuncian agresiones durante el Estado de Emergencia

La Mesa sostiene que las condiciones de vida y de discriminación de las personas trans se reflejan en un contexto de vulnerabilidad, quedando expuestas a la violencia física y, finalmente, a asesinatos. Aseguran que éstas agresiones siguen dándose en el contexto del Estado de Alerta Nacional por la Pandemia del COVID-19.

Desde el mes de marzo, El Salvador limitó la Libertad Ambulatoria, el Derecho a la Libre Asociación y el Derecho al Cambio de Residencia, tras decretares consecutivamente el Estado de Emergencia Nacional, como medida sanitaria para erradicar la propagación del COVID-19.

En éste periodo, organizaciones de la LGBT registraron al menos 84 casos de desplazamientos forzados. Además atestiguaron casos de vulneración al derecho a la Identidad de Género de personas Trans en Centros de Contención. Y atestiguan haber intervenido en al menos 2 casos para licitar a circulación de personas trans en los municipios de La Paz y La Libertad, con la intervención de la PDDH.

En tal sentido, Karla Guevara informa que la organización Alejandrías “está haciendo un estudio sobre el impacto económico y psico-social que se ha hecho a las personas trans.. para determinar si la ayuda del gobierno fue recibida directamente a las mujeres trans. Ahí determinaremos cuantas mujeres trans viven solas, cuántas mujeres trans viven con familias”.