Por Alessia Genoves
El Salvador percibe apenas un 7% de la corrupción en el gobierno. El dato definiría al país, como el que tiene una menor percepción de la corrupción gubernamental, en contraste de otros 11 países de la región Latinoamericana, según así lo destaca el último estudio de opinión de la empresa Cid Gallup. Guatemala sería, por contra, el país con una mayor percepción de la corrupción en la región, con un 42% de población que así lo piensa; superando a Panamá, con el 40%.
Sin embargo, la percepción de la libertad de expresión es, para la prensa, uno de los principales problemas nacionales. De acuerdo con el último informe de la organización Reporteros Sin Fronteras, la puntuación de libertad de prensa pasó de los 69.51 puntos, en 2021; a los 54.09, en 2022. De acuerdo con la organización, “Nayib Bukele ataca y amenaza a los periodistas críticos con su gobierno”. Mientras que el presidente salvadoreño ha cuestionado la veracidad de algunos de los datos divulgados, y ha reiterado sobre periodistas antecedentes de corrupción, contacto con pandillas y una presunta labor de activismo político.
Corrupción
7% de población es la proporción de la población salvadoreña que percibe presuntos hechos de corrupción en el gobierno salvadoreño. El dato corresponde, desde luego, a los hallazgos de Cid Gallup que, en contraste, se deduciría que el 93% de la población salvadoreña no percibiría hechos de corrupción, o que no respondería afirmativa o negativamente a la premisa de la encuesta.
Lo cierto es que algunos hechos han sido señalados, y otros descartados por la administración de justicia. Uno de los más recientes los deduce el Tribunal de Ética Gubernamental, del segundo período electoral de Raquel Caballero de Guevara, como titular de la Procuraduría General de la República (PDDH). La institución hace notar que recibió tres señalamientos y dos sanciones; las últimas, por otorgar, presuntamente, beneficios salariales a las hijas de su esposo.
Algunos hechos, por otra parte, fueron descartados por la opinión publica como señalamientos de corrupción. Entre ellos, la elección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Fiscalía General de la República (FGR), en la fecha del 1 de mayo de 2021. En 2022, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, fue enumerado en la Lista Engel, al ser acusado de “socavar los procesos o instituciones democráticas”, al igual que los magistrados en 2021. Sin embargo, los funcionarios fueron electos confirme al Artículo 4 de la Ley Orgánica Judicial, aproximándose al término de su carrera administrativa.
Como Javier Argueta, otros 5 ministros y exministros han sido señalados en la Lista Engel, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, el titular de la FGR indicó que no procesaría a los representantes del actual gobierno y legisladores, que aparezcan en la Lista Engel, “por falta de pruebas”.
Libertad de Expresión
54.09 puntos acumula El Salvador, en los indicadores de libertad de expresión, establecidos por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). La reciente calificación es menor respecto a la puntuación de 69.51 puntos que la organización estableció en el año 2021.
RSF también pormenoriza los indicadores de libertad de expresión. De modo que el indicador político llega a los 42.94 puntos; el indicador económico, a los 39.07 puntos; el legislativo, a los 53.22 puntos y el social, a los 62.86 puntos. Mientras que el indicador de seguridad, a su juicio, es de 62.37 puntos.
Algunos de los aspectos evaluados se justifican a la declaración de reserva de información a reportes de instituciones de Estado, competentes con el Ramo de Salud (sobre la gestión de la pandemia del Covid19) y se Seguridad Pública (en relación con las actas estadísticas oficiales de homicidios), en opinión de la organización de periodistas.
No destaca el informe, sin embargo, que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) no ha reportado públicamente casos en los que periodistas hayan sido detenidos durante el Régimen de Excepción, pese al reporte de la detención del periodista Barahona Echeverría, por el programa de televisión Tu Onda Clave. La organización, de hecho, reporta hasta 221 presuntas vulneraciones a periodistas hasta 2021, pero ningún periodista asesinado durante el último quinquenio. Por el contrario, hizo notar que al menos 9 periodistas decidieron salir del país “de forma voluntaria”, sin detallar si éstos estaban siendo acusados de cometer algún delito.
Hay que recordar, también, que APES denunció una presunta inconstitucionalidad parcial en algunas decisiones legislativas, como el dictamen que precede a la reforma del artículo 345 del Código Penal, que establece sanciones a la ”elaboración y la reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” (art. 345-C).
Sin embargo, el diputado que hizo moción fue sancionado con la cancelación de su visa, al ser referido en el último informe de la Lista Engel. Christian Guevara, el jefe de fracción del Grupo Parlamenteraio de Nuevas Ideas, al igual que camaradas como el diputado Carlos Bruch y la diputada Marcela Pineda, sostuvieron que las sanciones se referían a la promoción del terrorismos, más no a la elaboración periodística e imparcial de noticias, con enfoque periodístico.
