Por Redacción ContraPunto
El Salvador busca fortalecer su posición como destino para la inversión y los negocios mediante la modernización de sus mecanismos de resolución de controversias, con énfasis en la seguridad jurídica, la innovación tecnológica y el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procedimientos arbitrales.
Así lo planteó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, durante la inauguración de El Salvador Arbitration Week 2026, un encuentro internacional organizado por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), que reúne a especialistas nacionales e internacionales para intercambiar experiencias sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos y competitividad empresarial.
Durante su intervención, Ulloa destacó que el Gobierno ha impulsado la aprobación de más de 40 leyes de carácter económico, orientadas, según explicó, a facilitar el comercio, la industria y las inversiones, además de establecer condiciones de transparencia y certeza jurídica para el desarrollo de las actividades empresariales.
Uno de los principales temas abordados fue la incorporación de nuevas tecnologías en los procedimientos arbitrales. El vicepresidente señaló que la inteligencia artificial puede contribuir a la prevención de controversias, el análisis de información y la consulta de jurisprudencia, herramientas que podrían agilizar determinados procesos y facilitar el trabajo de los profesionales del derecho.
Sin embargo, Ulloa subrayó que estas tecnologías deben complementar, y no sustituir, el criterio jurídico humano, en un contexto en el que la digitalización plantea nuevos desafíos para los sistemas de justicia y los mecanismos privados de resolución de disputas.
El funcionario también hizo referencia a la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), como parte de las iniciativas vinculadas con el desarrollo tecnológico del país.
En materia de innovación financiera, recordó la adopción del bitcoin y la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), entidad encargada de regular y supervisar la industria de activos digitales. Asimismo, destacó el crecimiento de la tokenización y las oportunidades que estas herramientas pueden representar para el desarrollo de nuevos modelos de negocio e inversión.
Por su parte, la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, reconoció los esfuerzos del Gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, inversión y crecimiento económico, y reiteró el compromiso de la gremial empresarial con la generación de empleos.
Alexander López, presidente del Centro de Mediación y Arbitraje, destacó la proyección de El Salvador como un espacio de diálogo regional para fortalecer la seguridad jurídica y la confianza empresarial.
El arbitraje y la mediación constituyen mecanismos alternativos a los procesos judiciales ordinarios que permiten a las partes resolver determinadas controversias mediante procedimientos especializados. Su eficacia depende, entre otros factores, de la independencia de quienes intervienen, la transparencia de las reglas aplicables y la confianza de los usuarios en las decisiones adoptadas.
En ese sentido, la modernización tecnológica representa una oportunidad para mejorar la eficiencia de estos procedimientos, aunque también exige atender cuestiones relacionadas con la confidencialidad de la información, la protección de datos y la supervisión humana de las herramientas automatizadas.
El Salvador Arbitration Week 2026 reúne a 49 expositores internacionales y 16 salvadoreños, de acuerdo con la información divulgada por los organizadores. El encuentro busca promover el intercambio de conocimientos, la cooperación institucional y la actualización de los mecanismos alternativos de resolución de controversias.
La actividad se desarrolla en un contexto en el que la competitividad de los países no depende únicamente de sus condiciones económicas o de seguridad, sino también de la capacidad de ofrecer procedimientos confiables para resolver disputas comerciales.
Para El Salvador, el desafío será traducir las iniciativas de modernización y las herramientas tecnológicas anunciadas en mecanismos efectivos que fortalezcan la confianza de empresas e inversionistas y garanticen procedimientos arbitrales transparentes, eficientes y sujetos a criterios profesionales.