Crédito CNN internacional
Por Alonso Rosales
— La administración del presidente Donald Trump anunció este lunes la reactivación de la controvertida norma de “carga pública”, una política migratoria que podría dificultar la obtención de la residencia permanente legal (“green card”) para miles de inmigrantes que hayan utilizado determinados beneficios públicos o que las autoridades consideren que podrían depender de ellos en el futuro.
La medida, aplicada por primera vez en 2019 durante el primer mandato de Trump, había sido bloqueada por varios tribunales federales y posteriormente eliminada por la administración del expresidente Joe Biden. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó su restablecimiento con el argumento de que busca garantizar que quienes obtengan la residencia permanente sean económicamente autosuficientes y no representen una carga para los contribuyentes estadounidenses.
Según el DHS, la norma podrá aplicarse a la mayoría de los solicitantes de la residencia permanente, aunque mantendrá excepciones para refugiados, asilados y algunas categorías especiales protegidas por la legislación migratoria.
¿Qué cambia para quienes buscan la residencia y la ciudadanía?
Aunque la norma está dirigida específicamente a quienes solicitan la “green card” y no a quienes ya son residentes permanentes o están tramitando la ciudadanía estadounidense, expertos en inmigración advierten que sus efectos podrían extenderse a todo el proceso migratorio.
La principal preocupación es que muchos inmigrantes podrían evitar solicitar asistencia médica, programas de alimentación u otros beneficios públicos por temor a perjudicar su expediente migratorio. Esto podría afectar especialmente a familias de bajos ingresos con hijos ciudadanos estadounidenses, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Además, abogados especializados señalan que los solicitantes deberán presentar una documentación financiera mucho más sólida para demostrar que cuentan con ingresos suficientes, estabilidad laboral, seguros médicos o respaldo económico que les permita evitar una eventual determinación de “carga pública”.
Aunque la norma no modifica directamente los requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense mediante naturalización, un retraso o la denegación de la residencia permanente impediría que muchas personas puedan iniciar el proceso para convertirse en ciudadanos, ya que la residencia legal es un requisito indispensable antes de solicitar la naturalización.
En la práctica, organizaciones migratorias consideran que la medida podría retrasar durante años el camino de miles de inmigrantes hacia la ciudadanía estadounidense.
Reacción de organizaciones defensoras de inmigrantes
Diversas organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes rechazaron inmediatamente la decisión del Gobierno.
La representante demócrata Pramila Jayapal calificó la medida como “cruel e innecesaria”, afirmando que castigará a personas que simplemente buscan apoyo temporal para alimentar a sus familias o recibir atención médica.
ONG dedicadas a la asistencia legal y comunitaria, entre ellas el National Immigration Law Center, American Immigration Council y RAICES, expresaron su preocupación porque la política podría generar un “efecto paralizante”. Según estas organizaciones, muchas familias podrían renunciar voluntariamente a programas de salud, alimentación y apoyo infantil por miedo a comprometer su futuro migratorio, aun cuando legalmente algunos de esos beneficios no deban perjudicar sus solicitudes.
Asimismo, las organizaciones advirtieron que la medida afectará de manera desproporcionada a inmigrantes con menores ingresos, personas mayores, familias con niños y comunidades latinas, asiáticas y africanas, incrementando la incertidumbre jurídica y el temor dentro de las comunidades migrantes.
Se anticipan nuevas demandas judiciales
Especialistas en derecho migratorio consideran altamente probable que la política enfrente una nueva batalla en los tribunales, tal como ocurrió durante el primer mandato de Trump.
En 2020, la Corte Suprema permitió temporalmente la aplicación de la norma mientras continuaban los litigios, pero posteriormente distintos tribunales limitaron su implementación y, finalmente, la administración Biden la revocó.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que comenzará a implementar nuevamente la norma en los próximos meses, aunque su entrada en vigor definitiva dependerá también del desarrollo de las futuras impugnaciones legales.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes recomiendan a quienes estén tramitando la residencia permanente consultar con abogados especializados antes de modificar el uso de programas públicos o tomar decisiones que puedan afectar su situación migratoria.
Fuentes: CNN, Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), National Immigration Law Center (NILC), American Immigration Council.