Crédito CNN
Por Alonso Rosales
Durante más de dos décadas, el Programa de Protección Temporal (TPS) permitió a miles de salvadoreños trabajar legalmente en Estados Unidos, formar familias, comprar viviendas y construir negocios. Ahora, el futuro de una parte importante de esa comunidad vuelve a estar marcado por la incertidumbre ante la inminente expiración del beneficio migratorio.
El TPS para los salvadoreños tiene como fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2026, después de más de 20 años de renovaciones. Según los datos citados por el Migration Policy Institute, alrededor de 170.000 salvadoreños todavía cuentan con esta protección.
Para muchos de ellos, Estados Unidos dejó de ser simplemente el país al que llegaron buscando mejores oportunidades. Se convirtió en el lugar donde nacieron sus hijos, construyeron sus viviendas, desarrollaron sus carreras y echaron raíces.
Uno de esos casos es el de Soledad Miranda, salvadoreña que llegó a Estados Unidos en 1997, cuando tenía 19 años. Después de varios años en situación migratoria irregular, obtuvo el TPS y pudo acceder a un permiso de trabajo. Con el paso del tiempo consiguió una licencia como cosmetóloga, trabajó en distintos oficios y participó en actividades comunitarias.
A sus 52 años, sin embargo, contempla la posibilidad de regresar a El Salvador después de casi tres décadas de vida en territorio estadounidense.
Su historia representa el dilema de miles de personas que durante años vivieron bajo una protección que, por definición, siempre fue temporal, pero que terminó convirtiéndose en el marco legal que les permitió construir prácticamente toda una vida.
El TPS fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 para proteger temporalmente a ciudadanos de determinados países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impidieran un retorno seguro.
El Salvador fue incorporado al programa después de los terremotos de enero y febrero de 2001. Desde entonces, las sucesivas renovaciones permitieron que generaciones enteras de salvadoreños permanecieran legalmente en Estados Unidos.
El problema actual es que el Gobierno estadounidense ha endurecido su política migratoria y ha decidido revisar o terminar las protecciones otorgadas a ciudadanos de distintos países.
Para los beneficiarios salvadoreños, la discusión dejó de ser exclusivamente migratoria. Ahora también involucra a sus familias, sus propiedades, sus empleos y sus proyectos económicos.
La incertidumbre también alcanza a salvadoreños que lograron desarrollar empresas durante los años de protección.
El caso de Nilson Cañenguez refleja esa realidad. Llegó a Estados Unidos en 1999 y comenzó trabajando en la construcción. Posteriormente participó en proyectos importantes, creó empresas y llegó a tener cientos de empleados.
Con los años desarrolló negocios relacionados con transporte, construcción y bienes raíces. También estableció actividades empresariales en El Salvador.
Su situación evidencia una paradoja: personas que durante años contribuyeron a la economía estadounidense y contrataron trabajadores podrían verse obligadas a abandonar el país si no encuentran otra vía legal para permanecer.
Cañenguez incluso ayudó a algunos trabajadores a obtener residencia mediante sus empresas, pero él mismo no consiguió regularizar definitivamente su situación.
Su eventual regreso no significaría comenzar de cero. Tiene negocios y proyectos en El Salvador. Pero dejar Estados Unidos después de más de dos décadas implica abandonar una parte importante de su vida personal y familiar.
El final del TPS también puede tener consecuencias más allá de las fronteras estadounidenses.
La comunidad salvadoreña beneficiaria del programa participa en diferentes sectores de la economía estadounidense, desde construcción y agricultura hasta limpieza, servicios, transporte, atención sanitaria y pequeños negocios.
Datos citados por organizaciones defensoras del TPS estiman que los salvadoreños protegidos aportan miles de millones de dólares anualmente a la economía estadounidense y pagan importantes cantidades en impuestos.
Al mismo tiempo, muchos mantienen vínculos económicos con El Salvador mediante el envío de remesas.
El Banco Mundial ha señalado que las remesas representan una proporción extraordinariamente elevada de la economía salvadoreña. Por ello, cualquier reducción significativa de los ingresos de los hogares migrantes podría tener efectos sobre el consumo, la vivienda, la educación y otros sectores de la economía nacional.
El impacto dependerá, entre otros factores, de cuántos beneficiarios abandonen Estados Unidos, cuántos logren obtener otra forma de regularización y qué capacidad tengan para continuar enviando dinero a sus familias.
Uno de los aspectos más delicados es el familiar.
Muchos beneficiarios del TPS tienen hijos nacidos en Estados Unidos que son ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con análisis citados por organizaciones especializadas, más de 150.000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre o familiar salvadoreño vinculado al programa.
Esto abre una interrogante particularmente difícil: ¿deben los padres regresar a El Salvador dejando a sus hijos en Estados Unidos o deben las familias trasladarse juntas a un país que, para los hijos nacidos y criados en Estados Unidos, puede resultar completamente ajeno?
La decisión no es únicamente jurídica. También implica educación, vivienda, empleo, seguridad, identidad y estabilidad emocional.
Para quienes han pasado 20 o 25 años en Estados Unidos, regresar puede significar volver a un país que cambió mientras ellos construían su vida en otro lugar.
El drama del TPS no puede reducirse a cifras migratorias.
Detrás de cada beneficiario existe una historia diferente: trabajadores que llegaron siendo jóvenes, madres y padres que criaron a sus hijos, empresarios que contrataron empleados, personas que compraron casas y comunidades que durante años aportaron a la sociedad estadounidense.
Soledad Miranda resume esa incertidumbre desde una perspectiva profundamente humana. Había imaginado regresar algún día a El Salvador, pero quería hacerlo por decisión propia, después de cumplir sus proyectos y cuando considerara que había llegado el momento.
Ahora prepara cajas y organiza sus pertenencias ante la posibilidad de tener que abandonar el país.
El caso de los salvadoreños bajo TPS demuestra la contradicción de una protección que siempre fue temporal, pero que para miles de personas terminó convirtiéndose en una vida entera.
El 9 de septiembre no representa únicamente una fecha administrativa. Para miles de salvadoreños puede marcar el comienzo de una nueva etapa: algunos buscarán alternativas legales para permanecer, otros regresarán a El Salvador y otros intentarán mantener divididas sus familias mientras encuentran una solución.
Después de 25 años, la pregunta ya no es solamente qué ocurrirá con el TPS. La pregunta es qué sucede con una comunidad que durante décadas construyó su vida bajo una protección que siempre llevó la palabra “temporal”, pero que terminó formando parte permanente de su historia
Fuente CNN